


¿Venta de activos o de acciones en minería? Ventajas y desventajas
Por Claudio Ferrero Merino, abogado por la Universidad de Lima y socio del estudio Rodrigo, Elías & Medrano Abogados La respuesta simple suele ser preferir la venta de activos si eres el comprador y la venta de acciones si eres el vendedor. Sin embargo, los interesados en adquirir una empresa o activos mineros en el Perú deben tomar en cuenta una serie de desafíos regulatorios, ambientales, corporativos, laborales y tributarios al momento de decidir entre una transacción de acciones o una de activos. Cada empresa o activo minero es un universo, de modo que mucho depende de los riesgos, ventajas y contingencias identificadas en el proceso de due diligence anterior a la adquisición. Para los efectos de este artículo,

Hacia un parámetro del control constitucional de las políticas públicas en materia de salud
Por Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado por la PUCP, coordinador del área de Litigio Constitucional del Instituto de Defensa Legal y especialista en los derechos de los pueblos indígenas La comunidad nativa cocama de Cuninico ha ganado una demanda de cumplimiento al MINSA y, a pesar que el Poder Judicial le ha ordenado una atención específica a las víctimas del derrame de petróleo de junio del año 2014 en la Quebrada de Cuninico – en el distrito de Urarinas, provincia y región de Loreto -, MINSA intenta sorprender al Poder Judicial, haciendo pasar el servicio de salud, que regularmente brinda a la población en general, en vez de la atención sanitaria específica que el Poder Judicial le ha ordenado a

Ecoturismo en el Perú: Una promesa sin impulso
Juan Sergio Puicon, estudiante de Derecho en la PUCP y miembro del Consejo Editorial de Enfoque Derecho. El turismo es una de las actividades económicas más importantes en el mundo; en ciertos países representa una parte fundamental de la actividad económica y parte del Producto Bruto Interno. Hay diversas actividades que están relacionadas a este y múltiples oportunidades que representa para el país y los ciudadanos. El Perú no está exento a esta actividad y sigue en auge: tan solo en el primer trimestre del 2018 representó un ingreso de más de 2.341 millones de dólares (un 7% más que lo ingresado en el mismo tiempo en el 2017). Su importancia ha sido tal que dicho número aportó el 66,2%

La extracción de materiales ubicados en los álveos o cauces de los ríos
Hugo Sarria, asociado del área de Administrativo del estudio Rodrigo, Elías y Medrano Abogados La Ley N° 26737 estableció que la explotación de los materiales que acarrean y depositan las aguas en los álveos o cauces de los ríos debía ser controlada y supervigilada por la Autoridad de Aguas (órgano conocido en la actualidad como Autoridad Nacional de Agua). Dicho control surge por la necesidad de contar con acciones de descolmatación de los ríos para restituir su cauce y respetar las obras hidráulicas y las riberas de éstos. La norma en mención precisó, además, que la Autoridad de Aguas era la entidad competente tanto para el otorgamiento de los permisos de extracción de materiales, sujetos a las condiciones que en

Un conductor sostenible
Por Tomás Denegri, asociado del área de Recursos Naturales y Medio Ambiente del estudio Rodrigo, Elías & Medrano Abogados. Hoy, más que nunca, existe una legítima preocupación por el impacto que las actividades económicas (en particular, aquellas extractivas) pueden generar en el ambiente. Alrededor del mundo, distintos actores (políticos, periodistas, activistas, empresarios y otros stakeholders) se expresan públicamente acerca de la necesidad de crecer sosteniblemente, para evitar la generación de daños irreversibles al ambiente. En nuestro país, la minería muchas veces está en el centro de esta discusión. La actividad minería formal[1] ha sido cuestionada al punto de llegar a detener el desarrollo de grandes proyectos mineros con un potencial impacto económico positivo a nivel regional y nacional. Una parte

Hacia la mejora de la fiscalización ambiental de acuerdo con los estándares OCDE
Jean Paul Calle, Master en Regulación por London School of Economics and Political Science (LSE) y actual Director Ejecutivo de Smart Regulation Peru. Hace unos días se realizó el lanzamiento del inicio del «Estudio de Fiscalizaciones y Cumplimiento Regulatorio en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental del Perú (OEFA)» que realizará la OCDE, así como la presentación del «Kit de Herramientas de Fiscalizaciones y Cumplimiento Regulatorio de la OCDE». ¿Qué significa esto para la OEFA? Significa que será la primera entidad pública (a nivel internacional incluso según se informó en el evento de lanzamiento), cuya actividad de fiscalización será evaluada bajo el «Toolkit for Enforcement and Inspection» que ha sido publicado en agosto de este año por la OCDE[1].

Autoridad Nacional del Agua desconoce gestión de las aguas por las comunidades campesinas
Por: Juan Carlos Ruiz Molleda[1] y Pablo Ricardo Abdo[2] Las comunidades campesinas en el sur andino cuestionan a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) por desconocer su manejo ancestral de las fuentes de agua en sus territorios. Este desconocimiento se concreta, por ejemplo, cuando se impone a las comunidades una serie de formalidades para el uso de agua, como inscribirse en una lista, conformar juntas de riego, e incluso pagar por la utilización, administración y hasta conservación de los manantiales, manantes, ojos de agua, ríos, lagunas, etc. ¿Dónde está el problema? Parecen ser dos las causas de restricción a las comunidades campesinas en el uso de sus fuentes de agua por parte de ANA a. La interpretación aislada del artículo 4

Cinco preguntas al jefe del SENACE y a la viceministra de Interculturalidad
Área de Litigio Constitucional de IDL Existe un conjunto de reglas jurídicas de cumplimiento obligatorio, establecidas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (C169) y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), sobre estándares relativos a la evaluación de impacto ambiental cuando se afectan derechos de pueblos indígenas. Sin embargo, la regulación de los estudios de impacto ambiental (EIA) en el Perú desconoce e incumple dichos estándares. Antecedente: La fuerza normativa de las reglas del C169 y la Corte IDH en los EIA Las normas emanadas del C169 y los pronunciamientos de la Corte IDH constituyen reglas vinculantes y no ilustrativas. Ello, de conformidad con el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.

Seguridad Energética: Descifrando el Enigma
Eduardo Ramos, asociado del área de Regulación y Servicios Públicos del estudio Rodrigo, Elías & Medrano Abogados Según la información del COES, nuestras principales fuentes de energía (matriz energética) son el agua (48%) y el gas natural (45%). En lo que va del año, el suministro de gas natural en nuestro país se ha visto afectado en dos oportunidades (febrero y junio). Ello ha generado que los precios de la electricidad se disparen alcanzando picos de hasta S/. 700 – 800 MW/h (cuando lo normal es S/. 30 MW/h). De otro lado, la disponibilidad de potencia hidroeléctrica disminuye sustancialmente en el periodo de estiaje (junio-octubre) y ello se manifiesta de manera especial en algunas áreas del país. En este contexto,

Consulta Legal: ¿En qué consiste la Ley de Plásticos?

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Ecoturismo en el Perú: Una promesa sin impulso

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