Ambiental

Por Pedro Chirinos Terrones[1], abogado por la Universidad de Piura y analista en la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Indecopi. En el marco de las facultades legislativas otorgadas al Poder Ejecutivo, el 6 de enero del presente año se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” el Decreto Legislativo 1336, que establece disposiciones para el proceso de formalización minera integral. Dicha norma contiene medidas complementarias a las previstas en el Decreto Legislativo 1105[2]. De todas las medidas dispuestas, llama la atención el revuelo que ha causado en la comunidad arqueológica el numeral 2 del artículo 3 del Decreto Legislativo 1336, el cual señala textualmente lo siguiente: “Artículo 3.- Requisitos para la culminación de la Formalización minera integral

1. ¿Cuál es la función del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y en qué consiste la fiscalización ambiental? La fiscalización ambiental, entendida como macro proceso, permite verificar si los administrados cumplen con la normativa ambiental, lo que involucra las normas generales y los instrumentos de gestión ambiental. El macro proceso de fiscalización incluye las funciones de evaluación, monitoreo, vigilancia, supervisión y sanción. A través de estas funciones, las entidades de fiscalización ambiental determinan si los agentes del mercado cumplen con sus obligaciones ambientales. Dichas entidades –denominadas EFA- forman el Sistema de Fiscalización Ambiental, cuyo ente rector es el OEFA. En cumplimiento de dicho rol el OEFA promueve que las EFAs cumplan adecuadamente con su función de fiscalización ambiental