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Caos en la cima: Inflación y colapso de la Corte Suprema peruana

Por Daniel Reyna Vargas, asociado senior del equipo de Resolución de Conflictos de la sede Lima de PPU. Es abogado por la Universidad de Piura, candidato a maestro en Estado de Derecho Global y Democracia Constitucional por la Universidad de Génova y cuenta con un Diplomado en Derecho Constitucional Latinoamericano de la Universidad Austral de Argentina, así como con especializaciones en Justicia Constitucional, interpretación y Tutela de los Derechos Fundamentales por la Universidad de Castila-La Mancha y en en Justicia Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad de Bolonia. Su ejercicio profesional se orienta al diseño de estrategias y defensa en procesos judiciales y arbitrales. Cuenta con experiencia en casos de alta complejidad en asuntos civiles y comerciales, constitucionales, contencioso-administrativos y

¿Qué esconden algunos laudos detrás de las apariencias? La motivación aparente como causal de anulación de laudo. Vigencia de la impugnación del laudo arbitral por motivación aparente

Por Esteban Quispe Ricaldi, Abogado de la Procuraduría Pública del MTC I. Introducción La razón fundamental para abordar la problemática de las anulaciones de laudos arbitrales cuando las Salas Comerciales detectan la causal de motivación aparente se debe a que, a pesar del desarrollo del arbitraje en los últimos años en nuestro país, todavía se observa la emisión de laudos que vulneran gravemente el derecho de las partes a un laudo motivado. En efecto, desde mi experiencia como abogado del área arbitral de la Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones he comprobado que algunos laudos emitidos en arbitrajes de concesiones se elaboran y notifican sin pronunciamiento sobre los argumentos o las alegaciones más relevantes de las partes, incurriendo

Algunos comentarios en cuanto a los actos emitidos en las verificaciones y fiscalizaciones: las cartas inductivas, esquelas de citación o de solicitud de información y requerimientos

Por Talía Díaz Rodriguez Asociada del área tributaria del estudio Miranda & Amado La administración tributaria peruana cuenta con amplias facultades para llevar a cabo acciones de control del cumplimiento de las obligaciones tributarias formales y materiales. En efecto, el Código Tributario establece que la determinación de la obligación tributaria efectuada por los deudores tributarios está sujeta a fiscalización o verificación. Asimismo, dicho Código establece que el ejercicio de estas facultades discrecionales incluye la inspección, investigación y el control del cumplimiento de obligaciones tributarias, incluso respecto de aquellos sujetos que gocen de inafectación, exoneración o beneficios tributarios. Pero ¿qué significa esto? Esto significa que la administración tributaria puede realizar todas las acciones de control que considere necesarias y razonables, en

Entre la innovación y el impacto ambiental: el verdadero reto de la inteligencia artificial

Por Angélica Ximena Sánchez Mejía, estudiante del décimo primer ciclo de la carrera de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú e integrante de la Comisión de Desarrollo Social de la Asociación Civil THĒMIS “El hombre es parte de la naturaleza y su guerra contra la naturaleza es inevitablemente una guerra contra sí mismo.” – Rachel Carson. “Ya no se trata de preguntarnos si necesitamos transformar el modo en que producimos y consumimos recursos en el mundo, sino de cómo hacerlo realidad con urgencia”. Con esta advertencia clara y directa, Izabella Teixeira y Janez Potočnik, copresidentes del International Resource Panel (IRP), sintetizan el llamado urgente contenido en el informe Perspectivas de Recursos Globales 2024 del Programa de las Naciones

Uso y abuso del control difuso en sede arbitral: A propósito de la reciente casación N° 1266-2022 Lima y su necesaria revisión por los árbitros nacionales

Por  Karen Giuliana Loarte Florez, abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría en Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Con especialización en Arbitraje en Contrataciones con el Estado por el CARC PUCP y en Arbitraje Internacional e Inversiones por la Universidad del Pacífico. Asimismo, cuenta con una especialización en proceso civil, arbitraje y mediación por la Universidad de Salamanca y en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. Ex becaria de la Fundación Carolina. Actualmente, forma parte del Equipo de Arbitraje de la Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. I. Introducción: Desde la emisión de la recordada sentencia recaída en el expediente N° 06167-2005-PHC/TC-Lima (caso

El deber de denuncia de los árbitros frente a actos de corrupción

Por Jesenia Jimenez Uceda, abogada por la Universidad de San Martín de Porres, con maestría concluida por la misma casa de estudios. Con especialización en Arbitraje en Contrataciones con el Estado y Arbitraje Internacional e Inversiones en la Universidad Pacífico. Asimismo, cuenta con una Especialización en la Universidad de Salamanca. Actualmente, viene asumiendo la Coordinación del Equipo de Arbitraje de la Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El presente análisis, tiene como antecedente aspectos que abordé el artículo “CORRUPCIÓN: UNA SOMBRA DEL ARBITRAJE” pues en dicho artículo se hizo referencia que en los últimos años existe una preocupación latente relacionado con actos de corrupción que pueden vincularse al sistema arbitral, específicamente a aquellos donde interviene el estado peruano.

El convenio arbitral en los contratos públicos y el rol del procurador público en su redacción

Por David Aníbal Ortiz Gaspar, Procurador Público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), encargado de liderar la defensa jurídica del Estado en arbitrajes de alto impacto, máster en Arbitraje Comercial e Inversiones y con especializaciones en Arbitraje, Derecho de la Construcción y Gestión de Contrataciones Públicas. I. A modo de introducción En cumplimiento de su mandato constitucional y legal, la administración pública se encuentra permanentemente vinculada a la suscripción de contratos destinados a la ejecución de obras, la prestación de servicios o la adquisición de bienes, con el objetivo de satisfacer las necesidades esenciales de la ciudadanía, como la educación, la salud, la vivienda y la infraestructura vial, entre otras. Estos contratos no solo conllevan obligaciones de carácter técnico,

Juego de Poder: el Arte de la Guerra (Corporativa)

Por Santiago Ramírez, graduado de la Universidad de Piura. Forma parte del área de práctica Mercantil de la oficina de Lima de Cuatrecasas. Introducción El concepto de “control” en las sociedades anónimas es fundamental en el derecho societario moderno. El control implica el poder de decisión sobre el vehículo societario, permitiendo a una persona o grupo disponer libremente sobre el comportamiento de la empresa en el mercado. La importancia del control lleva a cuestionar cómo se adquiere y si es posible perderlo frente a terceros. Las defensas corporativas surgen principalmente en el contexto de adquisiciones de sociedades cotizadas, especialmente en mercados desarrollados que demandan estructuras complejas y sofisticadas. Ahora, si bien el mercado de fusiones y adquisiciones peruano aún no

La obligación -no tan clara- de designar un Oficial de Datos Personales en el Perú

Por Crosbby Buleje. Asociado Principal del estudio Echecopar y abogado especialista en Derecho de la Competencia Introducción La protección de los datos personales se ha convertido en un eje fundamental de la gestión empresarial moderna. En el Perú, la Ley N.º 29733, Ley de Protección de Datos Personales (la LPDP), y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N.º 016-2024-JUS (el Nuevo Reglamento), establecen el marco normativo que regula el tratamiento de datos personales por parte de las organizaciones. El Nuevo Reglamento, recientemente aprobado, alinea en cierta medida el marco normativo peruano a los estándares internacionales más rigurosos, como el Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europa, incorporando muchas de sus obligaciones. Una de estas es