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¿Es necesario el consentimiento para el flujo transfronterizo de datos personales?

Por Andrea Pulgar, Experta Certificada en Protección de Datos (ECPD) y asociada del Estudio Grau Abogados. Esta es una interrogante frecuente en la práctica profesional, pues aparentemente, de una lectura de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales (en adelante, la “Ley”), su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS (en adelante, el “Reglamento”), y el “Formulario de Comunicación de Flujo Transfronterizo” vigente, daría la impresión que es necesario contar con el consentimiento del titular del dato personal para ello. Para poder llegar a una conclusión razonable es importante previamente definir qué es el tratamiento de datos personales y qué obligaciones este impone. El artículo 5 de la Ley dispone como principio que el tratamiento de datos

Algunos apuntes sobre el título de crédito hipotecario negociable

Por el Mg. Gilberto Mendoza del Maestro. Profesor de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El crédito circula pero no todos pueden acceder al mismo, ya sea por su historial crediticio o por otros motivos. Incluso, teniendo un bien para respaldar dicho crédito, no se califica para obtener el crédito. Una forma más rápida para obtener dicho crédito es a través del denominado Crédito Hipotecario Negociable. Toda vez que al funcionar como un título valor emitido por el registro público o por empresas del sistema financiero es una forma de garantía unilateral que se ejecuta con mayor facilidad. Sin embargo, la realidad indica que no es muy recurrida porque generalmente la tasa de interés (24% a 36%) es

El incumplimiento de las obligaciones laborales que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral

Por Brian Avalos, abogado por la PUCP y asociado del estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados. A propósito de una reciente noticia que ha circulado en las redes sociales, así como en reportajes periodísticos, nos pronunciaremos sobre los límites a la facultad sancionadora del empleador. Así, en Vietnam, un trabajador fue suspendido por 15 días de una institución bancaria donde laboraba, luego de que se hiciera viral un video en YouTube en el cual el trabajador aparece golpeando a una persona que le atendió en una estación de gas. Dicho trabajador bancario golpeo a una persona que atendía el grifo, pues había pensado que no le había llenado el tanque pese a haberle pagado. Cabe resaltar que, de las imágenes

Legitimación de la intervención estatal y seguridad ciudadana en el caso “Las Bambas”

Por Roger Yon Ruesta, abogado por la PUCP y socio del Estudio Roger Yon & SMB en el marco del X Congreso Internacional de Derecho Penal llevado a cabo en la ciudad de Lima los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2016, y organizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y la revista Themis. Una incorrecta lectura de la realidad y de los conflictos existentes, aunada a una interpretación de las leyes dejando de lado los derechos fundamentales, genera disfuncionalidades que, contrario a las finalidades que se invocan, agudizan el conflicto social y pueden generar regulaciones que atentan contra la dignidad del encausado y de la víctima en el proceso. En consecuencia, toda intervención de los operadores de

Bonos de Proyecto para Financiar Infraestructura

Los Financiamientos de Proyecto (o Project Finance) son técnicas de financiamiento especiales que se caracterizan básicamente por tres particularidades: (i) el otorgamiento de un financiamiento a una Sociedad de Propósito Especial (SPE) con el fin exclusivo de que esta desarrolle un proyecto de infraestructura; (ii) los accionistas (Patrocinadores o Sponsors) de la SPE teniendo ninguna exposición (sin recurso o no recourse) o exposición limitada (recurso limitado o limited recourse) frente a los financiadores en relación con la deuda de la SPE; y, (iii) la dependencia de los financiadores principalmente en el flujo de caja del proyecto de la SPE para ver repagada su acreencia. Así, en un Financiamiento de Proyecto existe considerable presión sobre el hecho de que el proyecto

Bienvenidos ciudadanos trans: adiós patologización de la identidad trans

Por Paula Siverino, Doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, investigadora en Bioética Jurídica y Derechos Humanos. Debo hacer una confesión, tenía ya escritas mis ochocientas palabras sobre la sentencia Romero Saldarriaga[1], cuando leí el artículo de Cortés[2] y me pareció que ya se había dicho lo que valía la pena decir, así que no envié el artículo. Luego pensé que tan completa exposición me permitía pasar por alto los aspectos legales y centrarme en las cuestiones de fondo. Hablaré de la primera de ellas por ser la piedra fundamental sobre la cual se asienta la sentencia: la despatologización de las identidades trans. Según una investigación que realizamos entre los años 2010-2015[3], es posible sistematizar en torno a

¿Por qué las mujeres percibimos menores ingresos?

Por Marcela Huaita Alegre (autora invitada), profesora de la PUCP y ex ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. La brecha salarial que persiste en el Perú en contra de las mujeres se debe no sólo a políticas empresariales que permiten contratarlas con un salario inferior a los hombres, problemática a la que parece estar dirigido el último proyecto de ley presentado por la bancada de PPK al Congreso al considerar discriminatorio, como efectivamente lo es, “brindar un trato salarial distinto a hombres y mujeres que cumplan los mismos requisitos de acceso al empleo y desempeñan las mismas labores”[1]. Sin embargo, creemos que este proyecto se enriquecería si toma en cuenta el concepto que hace un tiempo nos viene proponiendo

¿Inhibitoria o prioridad registral?

Por el Mg. Gilberto Mendoza del Maestro, profesor de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Existen diversos casos en los cuales, mientras se califica un título, existe otro en trámite que es incompatible. En dichos casos se suspende el título incompatible posterior. Tome en cuenta que en este caso en particular el principio de prioridad excluyente resuelve el problema. Sin embargo, en el ámbito registral, se presentan situaciones en las cuales existe un título que contiene derechos materiales mientras que, simultáneamente, se desarrolla una discusión similar en el ámbito judicial. En estos casos nos referimos a la inhibitoria administrativa que será materia de comentario. 1. LA INHIBITORIA ADMINISTRATIVA El Art. 64 de la Ley de Procedimiento Administrativo General señala: Artículo 64.- Conflicto con

Alcances generales de la prueba electrónica

Por Andrea Pulgar, Experta Certificada en Protección de Datos (ECPD) y asociada del Estudio Grau Abogados. La prueba electrónica exige conocer las diversas formas en que se manifiestan los medios probatorios de carácter electrónico y especialmente comprender cómo funcionan los mecanismos que permiten asegurar que los datos recogidos en tales medios probatorios no han sido modificados indebidamente por las partes. Esto con el fin de alterar la realidad para obtener una sentencia favorable a sus intereses. Desde una perspectiva de Derecho Procesal, en nuestro país no existe un procedimiento probatorio especial para valorar la prueba electrónica; es decir, para los medios de prueba electrónicos. Esto tiene sentido ya que la prueba electrónica no es diferente, en esencia, a la prueba

Breves comentarios sobre la estructura organizativa de la Autoridad de Protección de Datos Personales: una propuestas de reforma de la normativa de protección de datos personales

Por Andrea Pulgar, Experta Certificada en Protección de Datos (ECPD) y asociada del Estudio Grau Abogados. El pasado 12 de septiembre del presente año, se constituyó el equipo de trabajo para elaborar el informe sobre la viabilidad de crear una autoridad única e independiente de Protección de Datos Personales y Acceso a la Información Pública. Por su parte, la Ley 30506 establece la delegación de facultades al Poder Ejecutivo para legislar, entre otras materias, sobre lucha contra la corrupción, teniendo entre una de sus finalidades la de: “Crear la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que garantice el derecho al acceso oportuno y transparente de la información pública, así como la protección de los datos personales;