Constitucional

Trata de personas y esclavitud laboral en el Perú: Análisis a propósito del caso Nicolini

Editorial escrito por Enfoque Derecho 1. Introducción: En mayo de 2017, un incendio ocurrido en la Galería Nicolini, ubicada en el emporio comercial Las Malvinas, provocó la muerte de dos jóvenes trabajadores, quienes quedaron atrapados dentro de un contenedor metálico donde desempeñaban labores de almacenamiento y embalaje. La tragedia se produjo debido a que la puerta del contenedor se encontraba cerrada desde el exterior, lo que les impidió evacuar el lugar y escapar del fuego. Este lamentable evento reveló una problemática estructural que se ha mantenido en el tiempo: la explotación laboral. La misma que suele manifestarse con mayor intensidad en contextos de economía informal, donde la ausencia de supervisión estatal efectiva, la falta de contratos formales y la debilidad

Capacidad operativa de la litigación oral en el actual sistema penal peruano: Reflexiones derivadas del caso Pedro Castillo Terrones y otros implicados

Giselli Marilet Espino Valdez, estudiante de undécimo ciclo de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada del Norte, con interés en la litigación oral y la protección de las garantías constitucionales. 1. Resumen El Perú ha transitado de un sistema procesal penal de carácter inquisitivo, centrado en la búsqueda de autoincriminación y la prevalencia del expediente escrito, hacia un modelo acusatorio, garantista y adversarial que privilegia la oralidad, la inmediación y el pleno ejercicio del derecho de defensa. Este cambio de paradigma exige que jueces, fiscales y defensores dominen técnicas de litigación oral que permitan un debate transparente, equilibrado y sometido a reglas claras. No obstante, el juicio oral del caso Pedro Castillo Terrones y otros implicados revela una

Episodio 1 | Lesa Humanidad no es un tipo penal: El error que lo distorsiona todo

Richard Carlos Meza, abogado peruano especializado en derecho internacional de los derechos humanos, con formación internacional respaldada por múltiples certificaciones de la United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Posee una maestría en Derecho y Justicia Penal Internacional por Kennedy University, desarrollada en colaboración académica con el United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI). Ha participado en la International Criminal Court Moot Court Competition del International Institute of The Hague (IIH) y en la Competencia Interamericana de Derechos Humanos “Eduardo Jiménez de Aréchaga”, evaluando argumentos orales y escritos de equipos universitarios de diversas regiones del mundo bajo estándares del Estatuto de Roma y criterios jurisprudenciales del Sistema Interamericano. Es analista internacional y autor de artículos jurídicos publicados en medios

Lo que nos dejó el Tribunal Constitucional en el 2025

«En el 2025, el Tribunal Constitucional ha seguido la tendencia del año anterior con sentencias de alto impacto en el ámbito penal. Parece ser un signo de los tiempos, pero han sido los casos vinculados directa o indirectamente a presuntas organizaciones criminales los que han tenido los reflectores y, de forma preocupante, son estos también casos muy vinculados a la política nacional».

Constitucionalismo en tiempos de Inteligencia Artificial

«La constitución no solo debe ser vista como una herramienta para limitar y controlar el poder, sino una elemento esencial para la convivencia y progreso social. Si bien la inteligencia artificial puede fortalecer sistemas democráticos e instituciones, también pueden socavarlas. Por ello, esta tecnología exige al derecho constitucional una reinterpretación.»

Control difuso limitado: un análisis crítico del artículo VII del Título Preliminar

«Es claro que es necesario, en aras de la seguridad jurídica, que exista una compatibilización de criterios respecto a la constitucionalidad o no de una norma, en especial si se toma en cuenta que esta no es una tarea sencilla, pues implica el análisis del bloque de constitucionalidad y la interpretación de las disposiciones normativas pertinentes»

¿El actor civil puede contrainterrogar y formular objeciones? Breve análisis respecto a la actuación del actor civil en juicio oral

José Miguel Molina Cayo Bachiller en derecho de la Universidad Particular San Martin de Porres. Integrante del taller de derecho procesal penal de la UNMSM “Florencio Mixán Mass” Introducción La pregunta utilizada para el título del presente trabajo parecería redundante y sencilla de responder. Pero, la realidad judicial, como siempre ocurre, nos demuestra todo lo contrario. Se podrían tejer algunas respuestas: Quizás se debe a una mala interpretación de algunos magistrados, a un desconocimiento de la norma o encaminados ilícitamente por un algún tipo de beneficio indebido. En cualquiera de estas situaciones, es evidente que los jueces aprovechan esta zona gris para conducir un juzgamiento con características bastante peculiares. El objetivo principal de esta interrogante consiste en determinar si el

Una revisión del arbitraje bajo la Ley General de Contrataciones Públicas: ¿Un RNA institucional?

La Ley N° 32069 elimina el Registro Nacional de Árbitros con la finalidad declarada de flexibilizar la designación de árbitros y ampliar el universo de profesionales disponibles. Sin embargo, en los hechos, el sistema reemplaza un filtro estatal por filtros institucionales que reproducen los mismos riesgos que se buscaban superar. La concentración de designaciones, la recurrencia en los mismos profesionales y la intervención unilateral de la Entidad en la determinación de instituciones arbitrales permanecen prácticamente intactas.

Editorial | Marcha Nacional: El diálogo pendiente entre manifestantes y autoridades

Editorial escrito por Enfoque Derecho 1. INTRODUCCIÓN El pasado 15 de octubre de 2025 se llevó a cabo la Marcha Nacional en Perú que tenía como objetivo visibilizar el descontento de la ciudadanía ante al aumento de la criminalidad, la corrupción y la inacción del Gobierno y el Congreso frente a los problemas que atraviesa el país. La protesta se produjo en diferentes departamentos del territorio nacional: Lima, Chachapoyas, Arequipa, Huancayo, Cusco, Puno, Huaraz, Trujillo, Iquitos, Huánuco, Cajamarca, Ayacucho, Puerto Maldonado, Piura, Chimbote y Ucayali[1]. Esencialmente, los manifestantes expresaron su descontento con la actual intensificación de las extorsiones. Según un informe del Observatorio del Crimen Organizado y la Violencia, en 2024 las denuncias fueron más del doble que las registradas