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Este documento se basa en el amicus curiae presentado por la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la PUCP en el proceso competencial sobre la vacancia presidencial. El amicus fue elaborado por...
Por Pedro P. Grández Castro, Profesor Ordinario en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Director del Instituto Palestra. Estamos equivocados si creemos que la Constitución es...
- Infografía - ¿Conoces cuáles son las diferencias entre el antejuicio y el juicio político? En la presente infografía, Enfoque Derecho te explica las principales diferencias entre el antejuicio y juicio político como los sujetos involucrados, la materia y las sanciones. ¿Sabías...
Por César Landa, ex presidente del Tribunal Constitucional y profesor de Derecho Constitucional en la PUCP. El mensaje a la Nación de Martin Vizcarra, el pasado 29 de julio, anunciando la convocatoria a elecciones políticas generales para remover al Congreso...
Por: André Castañeda Hidalgo Estudiante de Derecho de la Universidad Privada de Tacna. Al haberse culminado ya los procesos electorales para las elecciones regionales, municipales y distritales en el Perú, es que se puede observar a los próximos candidatos para este...
- Infografía - En la presente infografía, Enfoque Derecho presenta los principales tipos de leyes, cuya expedición corresponde al Congreso de la República conforme al inciso 1 del artículo 102° de la Constitución. ¿Conocías todos estos tipos de leyes?
El racismo en el fútbol es un tema recurrente. Los cánticos, chillidos, insultos y comentarios de índole racista son cosa de todas las fechas. Los comportamientos racistas de la hinchada muchas veces se pierden en el anonimato de la masa y son justificados por la “pasión del fútbol”. Lo que es peor, las organizaciones de fútbol y la justicia suelen ser indolentes con este tipo de agresiones. Hace poco Kevin Constant fue reprendido por el Milán y por la FIFA por abandonar el campo al recibir insultos racistas. Pero, los comportamientos racistas en el fútbol no son una consecuencia de la euforia, sino que reflejan un pensamiento que trasciende en la sociedad. Entonces, ¿cómo reaccionar?
Ignacio Ruiz Valle, estudiante de la Facultad de Derecho en la PUCP y miembro extraordinario de Themis. El día 3 de noviembre de 2020, se publicó el proyecto de Sentencia (en adelante, El Proyecto) del Tribunal Constitucional en el...
El 31 de diciembre de 1993, entró en vigencia la Carta de 1993 luego de su aprobación por escasa diferencia en el discutido referéndum realizado el 31 de octubre del mismo año. Como se recordará, la versión original de la Constitución tuvo por finalidad legitimar el golpe de Estado del 5 de abril de 1992 y plasmar reglas no admitidas por la Constitución de 1979, con la finalidad de consolidar el régimen fujimorista. A tal conclusión puede llegarse a partir del examen de las instituciones plasmadas en dicho texto: fortalecimiento del Poder Ejecutivo, introducción de la reelección presidencial inmediata, Congreso unicameral, reducción de atribuciones de los gobiernos locales y regionales, ampliación de la competencia de la justicia militar, pretendida extensión de la pena de muerte, entre otras. La novedad más relevante, no obstante, fue la introducción de un nuevo modelo económico.
El pasado jueves 20 de agosto, el Congreso de la República aprobó con 89 votos a favor la ley de control, vigilancia y defensa del espacio aéreo peruano. La norma aún no ha sido publicada en el Diario El Peruano, no obstante ya se ha sido motivo de diversas opiniones debido a que faculta a la Fuerza Aérea del Perú (FAP) derribar las aeronaves que recaigan en la “sospecha razonable” de estar involucradas en tráfico ilícito de drogas. Al respecto, el congresista Carlos Tubino y autor de la iniciativa, ha sostenido la necesidad de la norma ya que solo en el último año 180 toneladas de droga salieron de nuestro país por vía aérea y remarcó que la actual estrategia de destruir las pistas clandestinas no ha funcionado. Sin perjuicio de que los argumentos que respaldan esta iniciativa legislativa sean totalmente válidos, no resulta menos irrelevante preguntarnos: ¿Es proporcionada la medida del derribo de avionetas bajo la sospecha de tráfico ilícito de drogas? ¿Cuáles son los criterios o estándares para analizar la validez del uso de la fuerza? ¿Un mal uso de esta facultad por las FAP no podría generar consecuencias perjudiciales? En el presente editorial analizaremos y responderemos estas interrogantes.

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