Constitucional

El rechazo de unos pocos rectores a cumplir con la implementacion de la Ley Universitaria, promoviendo que los partidos politicos de oposición en el Congreso presentaran proyectos de leyes regresivos que finalmente fueron archivados, o pretender deshacerse del presidente de la comision de educacion del congreso, Daniel Mora, utilizando incluso al líder de su partido político aliado del gobierno, pone en evidencia que en el Perú no todos se sienten iguales ante la ley.

A inicios de la presente semana, el Congreso de la República archivó un proyecto de ley que tenía como objeto despenalizar la práctica del aborto en casos en donde el embarazo haya sido producto de una violación. Que se haya propuesto esta medida no debería sorprender a nadie: según un reporte de Infos, el Perú es el país con más denuncias por violación sexual de la región, con una tasa de 22.4% por cada 100,000 habitantes. Asimismo, sigue sin ser novedad el hecho de que, según la organización Flora Tristán, el aborto incompleto sea la tercera causa de muerte materna en nuestro país. Es decir, actualmente en nuestro país, las mujeres no solo tienen altas probabilidades de ser violadas, sino de morir en el caso que decidan practicar un aborto clandestino ante el embarazo producto de la violación.

La Constitución ha consagrado la autonomía universitaria como una garantía del auto-gobierno de las universidades, frente a las intromisiones del poder político de turno, para que puedan desarrollar con libertad de cátedra su quehacer en la formación académica y profesional.