Consultas legales

La accesibilidad es una obligación que tienen el Estado y los privados de acuerdo a lo que señala la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y la Ley 29973 – Ley General de la Persona con Discapacidad. De hecho, de acuerdo con la Convención, los Estados parte tienen la obligación de:

Cuando uno piensa en el desalojo lo primero que tiene que evaluar es por qué quiere que se desaloje a alguien respecto de un inmueble; lo cual implica que se tiene que ver la condición en la que se encuentra esta persona. El primer supuesto es si esta persona se encuentra en posesión del bien porque se lo autoricé bajo un contrato de arrendamiento. Una vez que este contrato vence, o que no se paga la renta, se pide la devolución del bien. El segundo supuesto se da cuando un tercero ocupa el bien sin autorización o vínculo jurídico entre quien tenía derecho de poseer la casa y quienes la están poseyendo actualmente. Si no se devuelve el bien voluntariamente, se dispone el desalojo. Esto implica remover todos los bienes de quien se desaloja del inmueble, sacar a quien se busca desalojar, y a quienes se encuentren alrededor de él.

En el sistema público de pensiones no existen las cuentas de capitalización única en la cual los derechohabientes del causante pueden disponer de modo proporcional el capital abonado. Justamente, al ser cuentas de fondo común, el Estado no tiene obligación legal de devolver los aportes. El régimen pensionario del D.L 19990 explica lo siguiente: “al fallecimiento de un asegurado que percibía o hubiera tenido derecho a percibir pensión de jubilación o de invalidez, de acuerdo al presente Decreto Ley, y únicamente en caso que no deje beneficiarios con derecho a pensión de sobrevivientes, se otorgará capital de defunción en orden excluyente a las siguientes:

Usualmente, en las instituciones públicas, se suele considerar que los nombramientos, encargaturas[1] e, inclusive, los ceses se producen una vez que se haya emitido la Resolución respectiva que las declare, y que solo con ese documento serán realmente efectivas. La necesidad de contar con Resoluciones para cada una de las decisiones parte de la idea de que dichas Resoluciones garanticen que quienes hayan tomado la decisión tengan la competencia para poder hacerlo. En algunos casos, dicha obligación se encuentra reconocida normativamente, como es el caso del régimen del Servicio Civil: por ejemplo, para que el vínculo del servidor civil inicie sin problemas, deberá existir una Resolución de parte de la autoridad competente, de acuerdo al artículo 180 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil.

Es primordial definir en primer término en qué casos la policía puede proceder, sin mandato judicial, a intervenir o detener a una persona. En ese sentido, el Nuevo Código Procesal Penal nos dice: “Artículo 259.- Detención Policial. La Policía Nacional del Perú detiene, sin mandato judicial, a quien sorprenda en flagrante delito.”

La situación señalada puede ser explicada o sustentada al oficial en caso que en el marco de un operativo, “batida” o intervención policial, se solicite la autorización correspondiente como conductor. Es evidente que si el conductor autorizado se encuentra indispuesto (por enfermedad u otra situación que le impida conducir), se pueden brindar los elementos necesarios para consideración del efectivo policial, lo cual resulta razonable. Sin embargo, puede suceder que el efectivo no considere dichas explicaciones e imponga la multa correspondiente.