«La imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad emerge como un pilar inamovible del orden público internacional que los jueces nacionales no pueden soslayar. En el marco de un Estado que se reconoce como Convencional de Derecho, el principio de imprescriptibilidad posee una relevancia bidimensional».
Por Enfoque Derecho 1. Introducción En Argentina, la protección del trabajador se ha estructurado históricamente sobre la base de un conjunto de principios tuitivos destinados a corregir la desigualdad propia de la relación laboral. Sin embargo, la promulgación de la denominada Ley de Modernización Laboral (Ley 27.802), mediante el Decreto 137/2026 y publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo de 2026, ha reabierto un debate central en torno a la compatibilidad de ciertas reformas estructurales con los fundamentos del constitucionalismo social vigente. La norma introduce modificaciones de alcance transversal en el régimen laboral argentino, alterando institutos centrales del derecho individual y colectivo del trabajo que se encontraban consolidados desde la Ley de Contrato de Trabajo de 1974 (en
Editorial escrito por Enfoque Derecho 1. Introducción: En mayo de 2017, un incendio ocurrido en la Galería Nicolini, ubicada en el emporio comercial Las Malvinas, provocó la muerte de dos jóvenes trabajadores, quienes quedaron atrapados dentro de un contenedor metálico donde desempeñaban labores de almacenamiento y embalaje. La tragedia se produjo debido a que la puerta del contenedor se encontraba cerrada desde el exterior, lo que les impidió evacuar el lugar y escapar del fuego. Este lamentable evento reveló una problemática estructural que se ha mantenido en el tiempo: la explotación laboral. La misma que suele manifestarse con mayor intensidad en contextos de economía informal, donde la ausencia de supervisión estatal efectiva, la falta de contratos formales y la debilidad
«La decisión de imponer prisión preventiva a una persona imputada por la presunta comisión de un delito responde a la necesidad de asegurar que el proceso penal se desarrolle sin interferencias, dilaciones indebidas y obstaculizaciones que comprometan su finalidad».
#Editorial 📚
«El caso Pelicot ha evidenciado una insuficiencia sistémica, la respuesta penal aplicada fue legalmente correcta, pero el marco legal disponible parece insuficiente para enfrentar fenómenos de violencia sexual organizada y reiterada».
En el presente editorial, #EnfoqueDerecho analiza el caso de #DominiquePelicot y la sentencia del Tribunal de Aviñón, ello evaluando la proporcionalidad de la dosimetría penal aplicada a los coacusados y el alcance de la reforma francesa que incorpora el #consentimiento expreso en la definición de violación. Asimismo, se examinan los desafíos probatorios en escenarios de sumisión química, el riesgo de #revictimización procesal y las implicancias de este precedente para la configuración del delito de violación sexual en el Perú.
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Editorial escrito por Enfoque Derecho 1. INTRODUCCIÓN El pasado 15 de octubre de 2025 se llevó a cabo la Marcha Nacional en Perú que tenía como objetivo visibilizar el descontento de la ciudadanía ante al aumento de la criminalidad, la corrupción y la inacción del Gobierno y el Congreso frente a los problemas que atraviesa el país. La protesta se produjo en diferentes departamentos del territorio nacional: Lima, Chachapoyas, Arequipa, Huancayo, Cusco, Puno, Huaraz, Trujillo, Iquitos, Huánuco, Cajamarca, Ayacucho, Puerto Maldonado, Piura, Chimbote y Ucayali[1]. Esencialmente, los manifestantes expresaron su descontento con la actual intensificación de las extorsiones. Según un informe del Observatorio del Crimen Organizado y la Violencia, en 2024 las denuncias fueron más del doble que las registradas
Escrito por Enfoque Derecho 1. Introducción El pasado 3 de julio, el gobierno peruano promulgó la Ley N.° 32403[1], mediante la cual se oficializó la creación del Distrito de Santa Rosa de Loreto, formada en la década de 1970 como resultado de un proceso de sedimentación y cambios naturales del río Amazonas, a partir de desprendimientos de la isla Chinería, y se establecieron con precisión los límites y fronteras que comprende dicha jurisdicción. Hasta entonces, el centro poblado de Santa Rosa era parte del municipio de Yavarí, en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, del departamento de Loreto. Con la promulgación de la ley, se dispuso la segregación de la isla Chinería de Yavarí para constituir el nuevo distrito, en
Escrito por Enfoque Derecho 1. INTRODUCCIÓN El pasado 13 de agosto, la presidenta Dina Boluarte promulgó la Ley N° 32419, que concede amnistía a las fuerzas del orden investigadas por hechos delictivos ocurridos entre 1980 y 2000[1]. La nueva disposición fue objeto de críticas desde diferentes instancias, siendo la principal la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, CIDH). En un comunicado de prensa, la Comisión rechazó categóricamente el actuar político del Congreso y el Ejecutivo, pues argumentan que promueve la impunidad y obstruye la búsqueda de la verdad de las víctimas y sus familiares, aún más considerando que numerosas denuncias son por crímenes de violencia sistemática. Además, la Comisión afirmó que las sentencias de los casos Barrios Altos y
Por Enfoque Derecho Introducción Desde su estreno en 1997, South Park se ha consolidado como una de las series animadas más influyentes de la televisión contemporánea. Creada por Trey Parker y Matt Stone, su estilo satírico ha permitido retratar fenómenos sociales, políticos y culturales a través de un grupo de niños en un pueblo ficticio de Colorado[1]. La serie, a partir de la gran popularidad que obtuvo, progresivamente se estableció en un lugar privilegiado dentro de la programación de Comedy Central, canal propiedad de Paramount Global. En este sentido, South Park se configuró como un activo estratégico de Paramount, ello principalmente en el marco de la creciente competencia en el mercado del streaming. El pasado 2 de julio, Paramount Global
Por Enfoque Derecho Introducción El pasado 4 de junio de 2025, la congresista Patricia Chirinos, de la bancada de Renovación Popular, presentó el Proyecto de Ley N° 11412/2024-CR que plantea la restitución de la competencia municipal sobre el transporte urbano en Lima y Callao. En otras palabras, el proyecto conlleva la derogación de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), a través de la derogación de la Ley N° 30900[1]. El proyecto de ley estipula que las competencias actualmente atribuidas a la ATU deberán ser restituidas a la Municipalidad Metropolitana de Lima y a la Municipalidad Provincial del Callao en sus respectivas jurisdicciones. Asimismo, dispone la creación de una Comisión Técnica de Transferencia cuya función principal será
