Editoriales

Editorial | Marcha Nacional: El diálogo pendiente entre manifestantes y autoridades

Editorial escrito por Enfoque Derecho 1. INTRODUCCIÓN El pasado 15 de octubre de 2025 se llevó a cabo la Marcha Nacional en Perú que tenía como objetivo visibilizar el descontento de la ciudadanía ante al aumento de la criminalidad, la corrupción y la inacción del Gobierno y el Congreso frente a los problemas que atraviesa el país. La protesta se produjo en diferentes departamentos del territorio nacional: Lima, Chachapoyas, Arequipa, Huancayo, Cusco, Puno, Huaraz, Trujillo, Iquitos, Huánuco, Cajamarca, Ayacucho, Puerto Maldonado, Piura, Chimbote y Ucayali[1]. Esencialmente, los manifestantes expresaron su descontento con la actual intensificación de las extorsiones. Según un informe del Observatorio del Crimen Organizado y la Violencia, en 2024 las denuncias fueron más del doble que las registradas

Editorial | ¿Isla Santa Rosa peruana o colombiana? Análisis jurídico desde el Derecho Internacional

Escrito por Enfoque Derecho 1. Introducción El pasado 3 de julio, el gobierno peruano promulgó la Ley N.° 32403[1],  mediante la cual se oficializó la creación del Distrito de Santa Rosa de Loreto, formada en la década de 1970 como resultado de un proceso de sedimentación y cambios naturales del río Amazonas, a partir de desprendimientos de la isla Chinería,  y se establecieron con precisión los límites y fronteras que comprende dicha jurisdicción. Hasta entonces, el centro poblado de Santa Rosa era parte del municipio de Yavarí, en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, del departamento de Loreto. Con la promulgación de la ley, se dispuso la segregación de la isla Chinería de Yavarí para constituir el nuevo distrito, en

Editorial | Un salto al vacío: El peligro de abandonar la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Escrito por Enfoque Derecho 1. INTRODUCCIÓN El pasado 13 de agosto, la presidenta Dina Boluarte promulgó la Ley N° 32419, que concede amnistía a las fuerzas del orden investigadas por hechos delictivos ocurridos entre 1980 y 2000[1]. La nueva disposición fue objeto de críticas desde diferentes instancias, siendo la principal la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, CIDH). En un comunicado de prensa, la Comisión rechazó categóricamente el actuar político del Congreso y el Ejecutivo, pues argumentan que promueve la impunidad y obstruye la búsqueda de la verdad de las víctimas y sus familiares, aún más considerando que numerosas denuncias son por crímenes de violencia sistemática. Además, la Comisión afirmó que las sentencias de los casos Barrios Altos y

Editorial | South Park: Trump, el Caballo de Troya legal de la sátira corporativa

Por Enfoque Derecho Introducción Desde su estreno en 1997, South Park se ha consolidado como una de las series animadas más influyentes de la televisión contemporánea. Creada por Trey Parker y Matt Stone, su estilo satírico ha permitido retratar fenómenos sociales, políticos y culturales a través de un grupo de niños en un pueblo ficticio de Colorado[1]. La serie, a partir de la gran popularidad que obtuvo, progresivamente se estableció en un lugar privilegiado dentro de la programación de Comedy Central, canal propiedad de Paramount Global. En este sentido, South Park se configuró como un activo estratégico de Paramount, ello principalmente en el marco de la creciente competencia en el mercado del streaming. El pasado 2 de julio, Paramount Global

Editorial | “Mejor mal conocido que bueno por conocer”: Comentarios al Proyecto de ley que propone eliminar la ATU

Por Enfoque Derecho Introducción El pasado 4 de junio de 2025, la congresista Patricia Chirinos, de la bancada de Renovación Popular, presentó el Proyecto de Ley  N° 11412/2024-CR que plantea la restitución de la competencia municipal sobre el transporte urbano en Lima y Callao. En otras palabras, el proyecto conlleva la derogación de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), a través de la derogación de la Ley N° 30900[1]. El proyecto de ley estipula que las competencias actualmente atribuidas a la ATU deberán ser restituidas a la Municipalidad Metropolitana de Lima y a la Municipalidad Provincial del Callao en sus respectivas jurisdicciones. Asimismo, dispone la creación de una Comisión Técnica de Transferencia cuya función principal será

Editorial | Análisis de la Ley N.º 32330: ¿Lucha contra la criminalidad o populismo punitivo?

INTRODUCCIÓN El pasado 10 de mayo se aprobó la modificación del Código Penal y del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes que declara la imputabilidad penal de adolescentes de entre 16 y 17 años involucrados en delitos graves, como asesinato, extorsión y violación sexual. Es decir, mediante esta modificación, los adolescentes pertenecientes a ese grupo etario, en caso sean condenados, no serían internados en un Centro de Rehabilitación Juvenil, sino en un establecimiento penitenciario; en otras palabras, serían juzgados como adultos. La propuesta surge en un contexto de creciente criminalidad, donde cada vez más los adolescentes se ven involucrados en actividades delictivas. Según el comandante de la Policía Nacional del Perú, Víctor Zanabria, en el Callao, más del 50% de

Editorial | Análisis Constitucional del caso Ollanta Humala y Nadine Heredia

Por Enfoque Derecho I. Introducción El pasado 15 de abril, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, en primera instancia, condenó a Ollanta Humala y Nadine Heredia a 15 años de pena privativa de la libertad por el delito de lavado de activos, relacionado con aportes ilícitos del régimen venezolano y de la empresa brasileña Odebrecht para financiar sus campañas electorales de 2006 y 2011[1]. La sala consideró que en ambas campañas presidenciales hubo un “modus operandi” en el manejo de los aportes ilícitos, es decir, hubo una estrategia montada para darle apariencia legal al dinero ilegal, con falsos aportantes, movimientos financieros y contratos laborales simulados[2]. El 18 de abril de 2025, el abogado de Ollanta Humala, Wilfredo Pedraza, precisó que

Editorial | Crisis sanitaria y estructural: el problema estructural de la fiscalización sanitaria

Por Enfoque Derecho I. Introducción A finales del mes de marzo, una serie de fallecimientos consecutivos no explicados empezaron a suscitarse en diversas clínicas del país. Luego de varios reportes de reacciones adversas producto de un lote de suero fisiológico, la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (Digemid) emite un comunicado que desata un caos mediático. El organismo emite una alerta sanitaria sobre el suero fisiológico de Medifarma con altas concentraciones de sodio, cuyos efectos son letales para las personas. Posteriormente, el principal proveedor de suero fisiológico del país, el laboratorio Medifarma, reconoció un error en la producción de ciertas unidades de suero, producto de la diligencia de un par de empleados. Días después, Digemid procede a anunciar el

Editorial | 12 de abril de 2026: ¿Nuevo comienzo o crisis prolongada?

Por Enfoque Derecho Introducción Durante los últimos meses, se ha evidenciado un notable empeoramiento en la situación del país. Desde las distintas aristas en las que se puede analizar ello, se puede reflexionar sobre el incremento de la inseguridad ciudadana, las deficiencias en el sistema de salud, incremento en los índices de pobreza, entre otros. A pesar que, actualmente, estos problemas estructurales continúan, es vital señalar que los mismos se han encontrado enraizados en el país durante muchos años debido a un problema que aqueja al Perú desde hace casi 10 años: la inestabilidad política. La crisis política se ha consolidado gracias al cambio de 6 presidentes en menos de 5 años, lo que ha impedido el establecimiento de políticas

Editorial | Reformas al proceso de Extinción de Dominio: ¿Cuán importante es la modificación de esta figura?

Por Enfoque Derecho Introducción El pasado 14 de diciembre de 2024, con 53 votos a favor, 44 en contra y 8 abstenciones, el Congreso aprobó, en primera votación, el informe del Proyecto de Ley 3577/2022-CR, que modifica el Decreto Legislativo 1373, referente a la extinción de dominio, con el objetivo de clarificar la definición de actividad ilegal e incluir facultades en el Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI). Desde la puesta en marcha, del Decreto Legislativo 1373, se ha criticado su agresividad extrema. Dado que no se enfoca en «alguien» sino en «algo», se eliminan derechos procesales fundamentales, ignorándose el severo efecto que puede tener un proceso de extinción de dominio en el propietario de los bienes. Si bien, el