Editoriales

El 28 de julio de 2017 se cumplió un año desde que Pedro Pablo Kuczynski y su gabinete tomaron las riendas del Gobierno. El inicio de la nueva administración generó muchas expectativas entre los ciudadanos por las interesantes propuestas. Sin embargo, el flamante Poder Ejecutivo se enfrentó a grandes dificultades, las cuales causaron gran insatisfacción, incluso en sus propias filas. En torno a esto, vale preguntarnos: ¿a qué retos se enfrentó el Gobierno? ¿Qué temas quedan pendientes y deben ser resueltos en lo que queda del periodo presidencial? El aspecto político fue indudablemente el más cuestionado. Y es que a pesar de su victoria en las elecciones presidenciales, el Gobierno se enfrentó a un Congreso de mayoría inquisidora y obstruccionista.

En los últimos días, se ha discutido mucho la posibilidad de que el Presidente de la República otorgue un indulto humanitario a Alberto Fujimori. Respecto a ello, muchas personalidades y especialistas se mostraron a favor y en contra de este acto. Si bien, de acuerdo a la Constitución, el indulto es una potestad presidencial que tiene la naturaleza de cosa juzgada, las leyes y jurisprudencia han señalado ciertos límites a su ejercicio. En función a ello, en el siguiente editorial, analizaremos los efectos jurídicos que generaría un eventual indulto a Alberto Fujimori de acuerdo con el ordenamiento nacional, así como la posibilidad de dejarlo sin efecto. Lo primero a señalar es la naturaleza aparentemente inmutable del indulto. Como mencionamos, nos

El último miércoles se entregaron los cuerpos de los jóvenes fallecidos en el incendio de la galería Nicolini, Jovi Herrera y Jorge Huamán. Ambos fueron encerrados en un contenedor instalado en la terraza de la galería incendiada. Sumado a las pésimas condiciones en las que estos dos jóvenes trabajaban, se supo que fueron contratados para adulterar fluorescentes, cambiando su marca por la de una reconocida empresa en este rubro. Toda esta situación nos lleva a reflexionar sobre un hecho que en nuestra realidad es cada vez más común: la relación entre la informalidad e ilegalidad  y las pésimas condiciones de trabajo. Un considerable sector del mercado nacional está representado por la comercialización de bienes adulterados o producidos de forma ilegal

Hace unos días, la congresista Luciana León presentó el Proyecto de Ley 1485-2017, que busca modificar el artículo 31 de la Constitución Política a fin de permitir el voto facultativo a los adolescentes de 16 y 17 años. Según lo planteado en el propio Proyecto de Ley, su principal objetivo es incrementar la participación política y cívica de los jóvenes. ¿Permitir el voto facultativo de los adolescentes de 16 y 17 años realmente promueve su participación política? En el presente editorial, analizaremos esta interrogante en base a la experiencia internacional.   La experiencia más cercana, y de la que el proyecto se basó en gran parte, es la argentina. El 1 de noviembre del 2012, el gobierno de Cristina Fernández

La semana pasada, el hasta entonces Ministro de Transportes y Comunicaciones Martín Vizcarra, renunció a su cargo causando mucha controversia entre la opinión pública. Sin embargo, lo polémico no solo fue su renuncia, sino que horas antes se resolvió unilateralmente el contrato que se había establecido con el Consorcio Kuntur Wasi para la construcción del aeropuerto de Chinchero, en el Cusco. Al día siguiente de esta decisión, el Contralor General, Edgar Alarcón, emitió un informe acerca del proyecto en el cual se da indicios de responsabilidad penal de diez funcionarios -seis del MTC, dos del MEF y dos de OSITRAN- por haber favorecido escandalosamente al Consorcio Kuntur Wasi en dicho contrato y las respectivas adendas. El Consorcio ha mencionado que lamenta

«Mi hijo sufre epilepsia, convulsiona de 5 a 6 veces diarias, tenía espasmos, con el cannabis medicinal, mi hijo encontró la vida, no convulsiona, ha bajado su crisis»[1] El pasado 8 de febrero, agentes de la DIRINCRI ingresaron a un departamento ubicado en San Miguel, en el que funcionaba un laboratorio clandestino de marihuana. Ahí se sintetizaba cannabis para fines medicinales. Todo indica que este establecimiento pertenecía al colectivo “Buscando Esperanza”; el mismo que está conformado por cerca de 80 personas que utilizan esta planta, y sus derivados, para tratar dolencias relacionadas con la epilepsia, el párkinson, el cáncer, y la esclerosis múltiple. Desde hace varios años este colectivo ha intentado que se discuta y apruebe en el Congreso de