Luego de cuatro años de tramitación, el 28 de enero, finalmente el Congreso chileno aprobó el Proyecto de Ley de Acuerdo de Unión Civil que establece mejoras en las condiciones jurídicas y sociales de los convivientes sin importar su sexo, convirtiendo a Chile en el séptimo país en Sudamérica en reconocer derechos civiles a las personas del mismo sexo. Ante esta coyuntura, el presente editorial analizará si esta norma es suficiente para hacer frente a la discriminación contra las personas de la comunidad homosexual.
La semana pasada, la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Carmen Omonte, fue denunciada en un programa televisivo por no pagar los beneficios laborales y la inscripción al seguro social de María Vásquez, quien laboraba para ella como trabajadora del hogar. Vásquez tuvo que renunciar por su embarazo y al no recibir los pagos correspondientes, recurrió al Poder Judicial para que la Ministra cumpla con pagarle S/. 718 por Compensación de Tiempos de Servicio (CTS), S/. 718 por vacaciones no pagadas y S/. 236 por gratificación trunca, además de una indemnización de S/. 5000 por daño moral. A partir de la controversia surgida por este caso, el presente editorial analizará la situación de las trabajadoras del hogar a nivel nacional.
En las últimas semanas, han ocurrido una serie de acontecimientos que nos han invitado a reflexionar. Basta mencionar que en diciembre, una muestra de arte de presos por terrorismo de Sendero Luminoso originó un enfrentamiento verbal entre Daniel Urresti, el Ministro de Interior, y uno de los dirigentes del Movadef.. Casi un mes después, se anunciaba que la Procuraduría denunciaría la obra teatral “La Cautiva” por delito de apología al terrorismo. Además, esta semana, el Movadef lanzó un frente para las elecciones del 2016 y se anunció la liberación de Peter Cárdenas Schulte, segunda cabeza del MRTA. Ante esta coyuntura, cabe preguntarse si, a 15 años de la época de violencia en el Perú, somos realmente un país reconciliado.
El pasado 7 de enero, los ojos del mundo se centraron en París cuando 3 jóvenes yihadistas atentaron contra el semanario Charlie Hebdo; dejando como saldo 12 muertos, entre ellos 4 caricaturistas del medio francés, y 11 heridos. El lamentable suceso fue una respuesta del extremismo y fundamentalismo Islam ante las sátiras a Mahoma y a su religión publicadas por el semanario. Desde entonces, cientos de franceses, respaldados por los principales medios de comunicación, han salido a las calles bajo el eslogan #JeSuisCharlie, defendiendo el trabajo del semanario y la libertad de expresión. Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar, y bajo el eslogan #JeNeSuisPasCharlie, se condenó al atentado, pero también a las caricaturas del semanario tras calificarlas como racistas y anti-islámicas. En este contexto, el presente editorial busca responder si debemos o no ser Charlie.
En un agitado fin de año, el suspendido Fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, dio a conocer que el prófugo de la justicia peruana, Martín Belaunde Lossio, se encontraba en Bolivia y había solicitado refugio en este país. La declaración generó suspicacias, e incluso el Ministro del Interior, Daniel Urresti, acusó a Ramos Heredia de poner en peligro la captura de Belaunde Lossio. Ante esta coyuntura, el presente editorial analizará la solicitud de refugio presentada y su procedencia.
Una vez más, el Estado peruano ha sido sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se trata del caso Espinoza González , en el que el tribunal internacional ha encontrado responsable al Perú por actos de violencia y tortura perpetrados durante el conflicto armado interno en contra de Gladys Espinoza, quien actualmente cumple sentencia por terrorismo. Por eso, a partir de este caso, se analizará la situación actual del Estado peruano en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y se reflexionará sobre la falta de acceso a la justicia de las mujeres que sufrieron violencia sexual durante los años 1980-2000.
Ante la promulgación de la denominada #LeyPulpín, esta semana las calles y redes sociales se han visto agitadas con las voces de protesta de miles de jóvenes que buscan la derogación de una norma que reduce sus derechos laborales. Esta situación ha generado que muchos políticos, que en un inicio apoyaron la norma, se retrotraigan de su postura inicial, colocando en una situación incomoda al Gobierno del Presidente Humala, que ha intentado mediante diversos medios de comunicación legitimar su propuesta normativa. Frente a esta coyuntura, en el presente editorial mostraremos los errores que contiene esta polémica ley y la inadecuada (o inexistente) estrategia política realizada por el gobierno para lograr su aprobación.
Esta madrugada, tras dos semanas de intenso trabajo, se cerró finalmente la Conferencia de las Partes, mejor conocida como COP20, tras la firma de un acuerdo de mínimos que servirá como "borrador" para el acuerdo que se firmará al próximo año en la COP21 en París y que remplazará al Protocolo de Kyoto de 1997. El evento tuvo como sede la ciudad de Lima y contó con la participación de los delegados de 194 países que son parte de la Convención Macro de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que busca discutir las políticas para el cuidado del medio ambiente y reducir la emisión de gases de efecto invernadero. En este marco, y a pesar de que nuestro país ha jugado un rol protagónico al ser anfitrión de este evento, han aparecido a lo largo de estos días diversas críticas que acusan al Estado de no ser coherente con sus políticas internas y los compromisos asumidos en el ámbito internacional. Por ello, para finalizar nuestra Semana Temática, el presente editorial abordará y analizará el actuar de nuestro gobierno en las políticas internas y sus incoherencias en la realización de políticas ambientales.
El pasado martes, en medio de un contexto de gran conflictividad social e indignación producida por la desaparición de 43 estudiantes en la denominada “matanza de Iguala”, la Cámara de Diputados de México aprobó un polémico dictamen que busca reformar los artículos 11 y 73 de su Constitución a fin de establecer que será obligación del Estado garantizar que las personas puedan moverse en los espacios públicos. Evidentemente, las críticas no se hicieron esperar. Varios opositores de la reforma han cuestionado la pertinencia de un cambio de esta naturaleza en el contexto actual, también han argumentado que se estaría abriendo la puerta para que se elaboren leyes secundarias que restrinjan el derecho a la libre manifestación y la protesta. Por ello, en el presente editorial detallaremos los alcances de esta posible reforma y analizaremos si resulta legitima a la luz del denominado “derecho a la protesta” y de la actual coyuntura política en México.
El pasado jueves, en París, el Comité para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) declaró a la festividad de la Virgen de la Candelaria, celebrada el mes de febrero en la ciudad de Puno, como Patrimonio Cultural Inmaterial. En razón a ello, en el presente editorial, se hará un breve recuento de los antecedentes de la declaratoria, las características que hacen especial a esta festividad y las implicancias que conlleva la decisión de la Unesco.
El expediente de postulación, elaborado por un comité multisectorial que se encargó de resaltar el valor histórico y cultural de la festividad así como de diseñar un plan de salvaguardia de la misma, fue entregado por nuestro país a la Unesco en el 2013. Pese a que la candidatura de Perú estaba dirigida a conseguir el reconocimiento internacional de la fiesta y no la exclusividad de la misma, esta originó el reclamo del gobierno boliviano que consideró que nuestro país pretendía registrar como Patrimonio Cultural Inmaterial una festividad basada en danzas tradicionales bolivianas. Sin embargo, el reclamo llegó a su fin cuando ambos países suscribieron una declaración en la que las danzas, músicas y vestuarios del pueblo de Puno son acompañados por las danzas, música y vestuarios del pueblo de Bolivia.