Laboral

¿Cuál es la naturaleza jurídico normativa de las normas que regulan la prescripción del procedimiento administrativo disciplinario?

Por Gustavo Richarte, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid e investigador del Centro de Estudios en Modernización del Servicio Civil (CEMSCI), adscrito a la Facultad de Derecho de la PUCP. Cuando en julio del 2013 se promulgó la Ley Nº 30057 (LSC), la misma trajo consigo un nuevo procedimiento administrativo disciplinario que regiría para los servidores bajo los regímenes de los Decretos Legislativos Nos 276, 728, 1057, y también para los servidores del nuevo régimen de la LSC. Una de las reglas del nuevo régimen disciplinario fue la de la prescripción. Su novedad no radica en ella como institución jurídica, pues ya existía previamente, sino en cuanto al plazo

¿Combatir la brecha salarial con el principio de igual remuneración por igual trabajo o con el de igual remuneración por trabajo de igual valor? A propósito de la Ley 30709

Por Karina Chung Fernandini, estudiante de la Facultad de Derecho de la PUCP e integrante extraordinaria del Grupo de Estudio de la Organización Social y el Empleo – GEOSE. El 27 de diciembre del 2017, fue publicada la Ley 30709, “Ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres”. Esta ley, entre algunas otras cuestiones, estableció la obligación de las empresas de implementar –en el caso de no contar ya con uno– un cuadro de categorías, funciones y remuneraciones que agrupe y describa los puestos de trabajo existentes dentro de las mismas. La ley señaló que tenía como objetivo, como su nombre lo indica, la prohibición de supuestos de discriminación remunerativa entre hombres y mujeres, especificando que dicho propósito

Enfoque Semanal: del 6 al 12 de mayo

1. Piden prisión para Nadie Heredia y Ollanta Humala. En el marco de las investigaciones por actos de corrupción, esta semana, el fiscal Germán Juárez formuló la acusación formal contra Nadine Heredia y Ollanta Humala por el presunto delito de lavado de activos en organización criminal, solicitando 26 años para Heredia y 20 años para Humala. El Ministerio Público acusa a la ex pareja presidencial de ocultar más de 3 millones de dólares provenientes de Odebrecht y aportes del gobierno venezolano de modo ilícito. La acusación de la fiscalía es de naturaleza indiciaria, la cual afirma que los implicados no podían desconocer que dicho dinero tenía procedencia ilícita. Las entregas monetarias a cargo de Odebrecht durante la campaña presidencial de

Entrevista a Julio Gamero Requena

Julio Gamero Requena, economista y profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú en la facultad de Gestión en la maestría de Relaciones Laborales y de Derecho y Seguridad Social. 1.- ¿Cuál es el marco normativo de la OIT para la formalización laboral? Para la OIT, el marco referencial para enfrentar la informalidad es la Recomendación Núm. 204, que precisa el tránsito de la informalidad a la formalidad. Se parte de la concepción de que la informalidad no es una situación de elección, sino una en la que el trabajador se ve obligado a entrar, en tanto que no consigue un trabajo en el sector formal y necesita generar ingresos para él y su familia. Entonces, no le queda más que

Entre la canción y el Derecho Laboral: algunos ejemplos paradigmáticos

Andrey Fernando Chambi, alumno de noveno ciclo de la carrera de Derecho en la PUCP y miembro ordinario de GEOSE “Yo, en este momento, soy un trabajador. Y un trabajador que está ubicado con conciencia muy definida”. (Victor Jara) Cuestiones previas En el presente artículo se realizará un breve análisis entre las canciones de autor y el Derecho del Trabajo. Es importante advertir que “siempre existió trabajo pero no siempre existió derecho laboral porque la categoría de “trabajador” responde a un contexto económico y social del siglo XIX.”(1) Parto de la premisa de que si el Derecho Laboral no protege o tutela a los trabajadores, no es Derecho Laboral; muy similar al (in)consciente colectivo: “Justicia que tarda, no es justicia”.

Comentarios al Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral y Procesal Laboral de Chiclayo sobre imprescriptibilidad de las acciones relativas al cobro de aportes previsionales por parte de las AFPs

Luis Valdivia, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y asociado al Estudio Gonzales Hunt Abogados Laboralistas. Recientemente, han sido publicadas las conclusiones del Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral y Procesal Laboral (en adelante, “el Pleno”), cuyo primer tema giró en torno a la prescripción de las acciones de obligación de dar suma de dinero por aportes previsionales iniciados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (en adelante, “AFPs”) por los periodos anteriores a la vigencia de la Ley Nº 30425 (en adelante, “la Ley”), que incorpora en la Ley del Sistema Privado de Pensiones la imprescriptibilidad de dichas acciones. Al propósito del tema mencionado, se ha emitido la siguiente conclusión plenaria: “No prescriben las acciones de obligación de dar

Fin del debate sobre la remuneración mínima vital en el régimen de trabajadores del hogar

Gustavo Valdez Castillo, abogado por la PUCP y practicante de Derecho Laboral en García-Sayán Abogados. Desde la creación del Régimen de Trabajadores del Hogar, aprobado mediante Ley N° 27986, de fecha 12 de mayo de 2003, es decir, hace más de 15 años, la norma en cuestión ha dado pie a un debate respecto a los alcances que tendría el artículo 5° de la mencionada ley. El artículo al que hacemos referencia señala lo siguiente: Artículo 5.- El monto de la remuneración de los trabajadores del hogar en cualquiera de sus modalidades será la señalada por acuerdo libre de las partes. El empleador se encuentra en la obligación de proporcionar alimentación y/o alojamiento al trabajador del hogar, adecuados al nivel

Huelga y divergencia en legislación comparada: alternativas al caso peruano

El Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo (T.U.O. de la LRCT), define a la huelga como “…la suspensión colectiva del trabajo acordada mayoritariamente y realizada en forma voluntaria y pacífica por los trabajadores, con abandono del centro de trabajo…”[1]. Este derecho, complejo, tanto en sus características como en sus márgenes de aplicación, constituye materia de debate y análisis doctrinario constante. Teniendo en cuenta ello, en esta ocasión queremos avocarnos en uno de los aspectos que delimitan el ejercicio de la mencionada medida de acción directa. Cuando se trata de una huelga que implica la afectación de servicios públicos esenciales  o de aquellos que condicionen el desarrollo de actividades indispensables al interior de una empresa, se