En un país caracterizado por la diversidad lingüística, es doloroso pensar cuántos ciudadanos se han visto excluidos de la administración de justicia por hablar un idioma diferente del castellano. Afortunadamente, en los últimos años, diversas instituciones han decidido enfrentar esta problemática, aunque todavía existe mucho por hacer.
Estos últimos días hemos seguido con atención y tristeza los debates en torno al rechazo del proyecto de Unión Civil. En muchas ocasiones hemos sostenido que el esquema que sostiene la segregación racial es estructuralmente idéntico, en término de categorías, al que sostiene la segregación por orientación sexual. Con la promesa de escribir en profundidad sobre el tema, hemos encontrado un artículo que sintetiza esto de manera bastante gráfica, se llama “Apuesto a que no puedes encontrar las diferencias entre estas citas Anti- Matrimonio Interracial y las Anti- Matrimonio Gay” (“Bet You Can’t Tell The Difference Between These Actual Anti-Interracial And Anti-Gay Marriage Quotes”"[2] [3]) y lo traducimos a continuación.
La creciente presencia de la mujer en el mercado laboral ha traído consigo la necesidad de entender su participación en sindicatos en estrecho cumplimiento con el principio-derecho de igualdad. Los ámbitos de representatividad sindical no quedan fuera de la efectiva aplicación de la igualdad de trato entre hombres y mujeres, abordando la referida institución desde una dimensión material, y no formal o neutral, que permita mantener el status quo perjudicial para las mujeres.
El proyecto de Ley de Unión Civil ha sido archivado, sin embargo, estamos seguros que no estamos lejos de que vuelva a discutirse en el Congreso.
Nos ha causado interés la polarización en la discusión, en la cual aparentemente si recoges algunos alcances positivos de un sector, serás cuestionado por el mismo (dado que no compartes todo) y por el otro (dado que estás parcialmente de acuerdo con el sector opuesto).
El 21 de marzo del año 1960, al menos 69 personas que participaban en una protesta contra el apartheid fueron asesinadas en Sharpeville (Sudáfrica). En homenaje a ellas, las Naciones Unidas instituyeron el Día Mundial contra el Racismo. Pocos años después, se proclamó la Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación Racial (CEDR), a la cual se adhirió rápidamente el Perú. En aquellos días, los funcionarios peruanos asumían que el racismo era un problema propio de países como Sudáfrica y de Estados Unidos, donde los sistemas legales preservaban un régimen de segregación. Era entonces difícil admitir que, aún sin leyes racistas, la discriminación racial estaba muy presente en el Perú.
La frase que titula este artículo la he escuchado más de una vez entre los grupos sociales que frecuento. No obstante, sea cual sea el contexto en el que se dé, escuchar tal proposición nunca deja de sorprenderme – y jamás dejará de indignarme. Para mí, y para muchas otras mujeres en el Perú y el mundo, la existencia del 8 de marzo no solo conmemora la lucha femenina para reconocer nuestros derechos fundamentales (como participación política, inserción en el mundo laboral, entre otros), sino que esta fecha es también una alarma que recuerda que aún existen desigualdades que deben ser resueltas antes de afirmar que ha acabado la época en donde se discrimina, violenta, y subestima a la mujer.
El martes pasado, el bloque conservador de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República boicoteó el debate sobre el proyecto de ley de unión civil, forzando el levantamiento de la sesión por falta de quórum. El martes, los representantes del conservadurismo peruano demostraron –como lo han venido haciendo hace ya un año y medio- que no están dispuestos a sentarse y discutir en términos razonables y al amparo de la ley el texto de un proyecto de ley que permitirá a muchísimos peruanos desarrollar plenamente su personalidad.
La Clínica de Derechos Humanos y Discapacidad es un espacio que busca aplicar los conocimientos del estudiante de Derecho mediante el litigio de casos emblemáticos y el desarrollo de acciones de incidencia para propuestas normativas. El objetivo central del curso es que el estudiante: i) realice las actividades propias de un abogado (entrevista, diseño de la estrategia jurídica, redacción y argumentación del escrito) en procesos judiciales y procedimientos administrativos, ii) sostenga reuniones con diferentes autoridades gubernamentales a nivel nacional y/o regional, y iii) determine las diferentes estrategias para abordar un caso, a fin de establecer cuál es la idónea.
Por primera vez, en una universidad peruana se dictará un curso para conocer la manera en que se puede enfrentar la discriminación desde las diferentes ramas del Derecho. El curso de No Discriminación y Derecho, que desde este semestre tiene a su cargo al Dr. Wilfredo Ardito Vega, es un curso de integración que brinda a los estudiantes los instrumentos para defender la igualdad, uno de los principales valores democráticos, mediante un manejo adecuado de la legislación y la jurisprudencia.
Los Budas de Bamiyan, Afganistán, estatuas que se cree que fueron esculpidas en el Siglo V o VI, declarados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, no sobrevivieron al fanatismo intransigente de los talibanes: luego de casi 1500 años los destruyeron a dinamitazos durante el Siglo XX. Querían imponer su visión al pueblo afgano borrando su historia. Ellos se proclaman como dueños de la verdad: su interpretación del Islam es la única y debe prevalecer. Sin embargo, no hacen nada contra el hambre y pobreza de su entorno.
