AM: Lamentablemente el primer reto del Ministerio de Cultura (MINCU) es encontrarse a sí mismo. Es un Ministerio que no ha cuajado. No ha logrado definir políticas en cultura, en patrimonio cultural. No ha logrado insertar la cultura en los esquemas de desarrollo. Necesita tener la suficiente madurez para revertir esta situación.
Desde hace algún tiempo, las Clínicas Jurídicas se han convertido en una herramienta de aprendizaje sumamente interesante para los alumnos de Derecho, pues nos permiten por un momento “estar en la cancha” y poner al servicio de quienes más necesitan todo el conocimiento que a lo largo de los años hemos adquirido en la universidad.
Las temáticas abordadas durante el mensaje presidencial durante las ceremonias oficiales por la fiesta de la patria fueron tildadas de populistas, vacías y poco claras. No obstante, hubo una que llamó nuestra atención: las reformas políticas que el Presidente Humala pidió al Congreso que considerara dentro de su agenda para ser debatidas, siendo una de ellas la implementación de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Al llamado del Jefe de Estado se han sumado distintas personalidades públicas, incluyendo el procurador Christian Salas y su predecesor Julio Arbizu. Sin embargo, el silencio de los parlamentarios respecto de este tema ha causado que la sociedad civil se pregunte el por qué del miedo a debatir la imprescriptibilidad como reforma. Pero más importante aún, nos ha tocado preguntarnos si es que esta es, efectivamente, necesaria para combatir la corrupción en el país. Por eso, en el presente editorial analizaremos el fenómeno de la corrupción a fin de dilucidar la importancia de la ley que declare imprescriptible los delitos de esta naturaleza.
¿Cuánta delincuencia deberíamos tolerar? ¿Cuánta discriminación por razón de sexo? ¿Cuántos accidentes vehiculares? Las respuestas parecen obvias ya que, ¿quién desearía tener algo de delincuencia, algo de discriminación y algunos accidentes? Sin embargo, aunque parezca contrario a nuestra intuición, la respuesta correcta es que sí estamos dispuestos a aceptar cierto nivel de delincuencia, de discriminación o de accidentes vehiculares.
Sobre la mejor medida, creo yo que es difícil tratar de identificar una, por lo menos en este momento. Considero que, en conjunto, el haber dado marcha atrás con el plan de la gran transformación ha sido lo mejor que ha hecho y esto se ha dado en una serie de frentes donde no sucedieron cosas que se anunciaban que iban a suceder. No hubo nacionalizaciones, no hubo lo que se temía acerca de los ahorros de las AFPs, una serie de cosas de las gran transformación no ocurrieron y básicamente se ha mantenido la misma política económica de los últimos tres gobiernos. Yo creo que eso ha sido lo más positivo.
Enfoque Derecho presenta nuevamente el Versus, una confrontación de ideas entre Enrique Pasquel, editor adjunto de Opinión del diario El Comercio y conductor del programa Rumbo Económico en Canal N, y Nicolás Lynch, ex ministro de Educación y profesor de Sociología en la Universidad Mayor de San Marcos, quienes exponen sus argumentos a favor y en contra de la recién promulgada Ley Universitaria
Uno de los talleres realizados por la comisión de Desarrollo de la Asociación Civil Themis a lo largo de este ciclo, ha sido el de formalización de MYPES, el mismo que fue organizado junto con la Asociación Lima Microfinance Initiative y que contó con la participación de los abogados del Estudio Lazo, Lopez de Romaña & Gagliuffi, estudio que forma parte de la Alianza Pro Bono.
Seguramente, usted ha escuchado hablar sobre si la ley de la “unión civil no matrimonial” debe ser aprobada o no, para que las personas que no tienen garantizado un derecho puedan tener posibilidades igualitarias; como también debe haber escuchado sobre la nueva ley universitaria que se propone mejorar la calidad de los centros de estudios aplicando una serie de medidas. ¿No se ha puesto a pensar si estas dos leyes tienen algo en común? La Historia del Derecho tiene la respuesta: sí, tienen mucho en común, porque estas dos leyes se enmarcan dentro de una larga tradición que ha existido en nuestro país. ¿Cuál es?
Para la última entrega de «Histeria Política», Domingo García Belaunde, abogado especialista en temas de Derecho Constitucional, nos habla sobre las ventajas y desventajas de regresar al sistema de la bicameralidad.
«Creo que [el sistema bicameral] podría crear una mayor calma, un mayor estudio, una mayor receptibilidad y sería útil para el gobierno del país. Naturalmente, esto está unido con la modificación del sistema del electoral, por lo que habría que eliminar, por ejemplo, el voto preferencial;» señala.
El artículo 99 de la Constitución ha previsto esta figura contra las autoridades máximas del país: Presidente, ministros, magistrados de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional, entre otros. Esta figura se aplica cuando son acusados de cometer delitos en el ejercicio de sus funciones- en cuyo caso, tienen una prerrogativa, que es la de no ser denunciados directamente ante el Poder Judicial, sino ante el Congreso- o en caso cometan una infracción constitucional.
