Por Ariana Bassino, abogada por la PUCP y socia del Estudio Roger Yon & SMB.
Con bombos y platillos vimos cómo se promocionó la instalación y puesta en funcionamiento de un bloqueador de señal de celulares en el penal de Huaral. Se...
Francisco Mamani, miembro del Consejo Editorial de Enfoque Derecho, entrevista al señor Vladimir Padilla Alegre, socio del Estudio Padilla & Chang Abogados y profesor de Derecho Procesal Penal en la PUCP, sobre la valoración de la prueba pericial.
FM: ¿Cuál...
Hace muchos años atrás, el profesor Francesco Carnelutti, en una carta dirigida a los profesores españoles con ocasión de la terminación de la guerra civil señalaba que “cuanto mejor es el ordenamiento jurídico de una nación, tanto más segura es su paz”. Llamando a nuestra reflexión, ¿qué debía entenderse por “mejor ordenamiento jurídico” que nos permita alcanzar tan ansiada paz en un país en el que tomar un taxi de la calle o una combi puede significar una decisión mortal o de afectación a la integridad o al patrimonio?
De acuerdo a la Ley Nº 26260, Ley de protección frente a la violencia familiar, se define la violencia familiar como todas aquellas acciones u omisiones que causen daño físico, psicológico y sexual, incluyendo maltrato sin lesión, amenaza o coacción que se produzca entre los cónyuges, ex cónyuges, convivientes, ex convivientes, ascendientes, descendientes, y parientes colaterales de hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, quienes habitan en el mismo hogar sin que exista alguna relación contractual o laboral y quienes hayan procreado hijos en común.
De regreso de una estancia académica en el extranjero, me encontraba muy entusiasmada de volver al trabajo y en especial al litigio. Una conocida empresa tenía un nuevo caso, por lo que me ofrecí a apoyar en el mismo y acudí a una de las diligencias programadas. En cuanto me presenté ante el juez como abogada de la empresa y extendí mi mano para saludarlo, me la jaló para que me acercara más y poder saludarme con un beso. Teniendo ya algo de experiencia en litigios penales, durante toda la diligencia me concentré en lo que me había preparado para hacer: sostener la ausencia de imputación objetiva por autopuesta en peligro de la víctima del caso para fundamentar la atipicidad de la conducta que se atribuía a mi cliente.
Una de las sagas más emocionantes de Dragon Ball fue la del Ejército de la Patrulla Roja. Este “ejército” era una organización criminal que se encontraba al mando del Comandante Red y que tenía como supuesta finalidad el control del mundo[1]. Con el objetivo de alcanzar su sueño, el Comandante Red promovió que todos los miembros de la Patrulla Roja se dedicaran a buscar las esferas del dragón. Esta meta debería ser alcanzada sin importar los medios utilizados. En este sentido, los miembros inferiores y medios de la Patrulla Roja cometieron diversos crímenes (homicidios, múltiples tentativas de homicidios, quemas de bosques, violaciones de domicilio, secuestros, daños a la propiedad privada, etc.). En el presente artículo analizaremos la responsabilidad penal del comandante Red sobre los hechos cometidos por los miembros de la Patrulla Roja desde la teoría de la autoría mediata.
Enfoque Derecho presenta una nueva edición del Versus, una confrontación de ideas, entre Roberto Pereira, abogado y magíster en Derecho Penal, y Erick Iriarte, abogado y socio de Iriarte y Abogados, donde discuten acerca de la promulgación del Decreto Legislativo N° 1182, más conocido como Ley de geolocalización.