El maltrato contra las mujeres en nuestro país es muy frecuente, ¿qué podemos hacer frente a un caso de violencia contra la mujer?. Enfoque Derecho responde a esta pregunta de forma didáctica y sencilla.
Por Julio Rodríguez Vásquez y Cristina Valega Chipoco, Investigadores del Grupo de Investigación en Derecho, Género y Sexualidad de la PUCP (DEGESE). El día de ayer, 17 de octubre de 2017, se publicó el Acuerdo Plenario N° 001-2016/CJ-116 (en adelante el Acuerdo Plenario), cuyo asunto versa sobre los alcances típicos del delito de feminicidio[1]. En el presente artículo, esbozamos algunos apuntes críticos respecto de los criterios determinados por la Corte Suprema. En este sentido, es necesario destacar la decisión de la Corte Suprema de emitir un Acuerdo Plenario sobre este tema; el cual resulta importante y necesario en un país como el nuestro, en el que la violencia de género contra las mujeres es una realidad imperante. En esta línea, el
Por Gino Rivas Caso, Abogado y adjunto de docencia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. El caso Odebrecht no da tregua al arbitraje. Ya no se trata solo de cómo el arbitraje hace frente a disputas derivadas de contratos de corrupción (arbitraje de la corrupción), sino que, debido a un reciente reportaje de pagos indebidos a un árbitro,[1] también cómo el propio arbitraje puede verse contaminado por estas prácticas ilícitas (corrupción en el arbitraje). Frente a esto último, las propuestas de solución no se han hecho esperar. Porque claro, es innegable que la corrupción en el arbitraje no debe ser tolerada. No obstante, esto no es motivo para que se planteen e implementen todo tipo de medidas sin tener cuidado
La Fiscalía de la Nación anunció vía Twitter que la lideresa del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y su esposo Mark Vito Villanella serán investigados bajo la Ley de Crimen Organizado y el Nuevo Código Procesal Penal. La razón de la decisión se funda en una investigación previa por lavado de activos por más de 220 mil soles que fueron aportados al partido fujimorista por la ONG LVF Liberty Institute, constituida en Delaware, Estados Unidos, entre noviembre y diciembre del 2015. Esta investigación, además, está relacionada con las notas realizadas por Marcelo Odebretch donde disponía “Aumentar 500 a Keiko y hacer visita”. En torno a esto, analizaremos la ley del crimen organizado y su relación con el delito de lavado
Por Juan Carlos Ruiz Molleda y Álvaro Másquez Salvador, miembros del Instituto de Defensa Legal. Hace un mes, el Juzgado Penal Unipersonal de Espinar (Cusco) emitió sentencia en el proceso penal[1] seguido contra seis dirigentes de la Comunidad Campesina de Oquebamba, por la presunta comisión del delito de usurpación, en su modalidad agravada. Estos fueron condenados a pena privativa de la libertad efectiva de 4 años y 6 meses en el penal San Judas Tadeo de Sicuani[2]. Increíblemente, estos dirigentes han sido sancionados por la defensa de su territorio ante el intento de terceros, ajenos a la comunidad, de irrumpir en él. Los invasores no eran comuneros calificados, es decir, aquellos únicamente facultados para reclamar el derecho de posesión sobre tierras dentro
Por Julio Casma, estudiante de Derecho de la PUCP y miembro del Consejo Editorial de Enfoque Derecho. La semana pasada, Sandra Salazar, sentenciada a cuatro años y cuatro meses de pena privativa de libertad, se convirtió en la primera peruana condenada en acceder al uso de grilletes electrónicos. La implementación de estos instrumentos constituye un reto para la justicia peruana, en tanto es la primera vez que se emplea tecnología de este calibre como vía de cumplimiento de pena privativa de libertad. De acuerdo a Prisontec, los grilletes electrónicos son aparatos de monitoreo que permiten conocer la ubicación de la persona que lo porta. A través del sistema de localización GPS, el grillete envía coordenadas de ubicación que permiten al
El último jueves, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria aprobó el pedido de prisión preventiva por 18 meses contra el expresidente Ollanta Humala y Nadine Heredia. Este pedido fue presentado por la fiscalía de lavados de activos, en el marco de la investigación que se sigue a Humala, Heredia y otros, porque presuntamente habrían recibido dinero de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para las campañas presidenciales del 2006 y 2011. ¿Qué elementos son necesarios para dictar una prisión preventiva? ¿Realmente fueron cumplidos en este caso? En el presente editorial, Enfoque Derecho analiza estas interrogantes. El Código Procesal Penal establece, en el artículo 268, que la prisión preventiva procederá cuando se verifiquen tres presupuestos: “a) Que existen fundados y graves
Por Alessandra Enrico, bachiller de Derecho por la PUCP e investigadora del IDEHPUCP. Jorge Luis Huamán de 19 años, Jovi Herrera de 20, y un menor de 15 años, son 3 jóvenes que fallecieron en la Galeria Nicolini durante el incendio suscitado en Las Malvinas. Este trágico desenlace ha reabierto el debate en torno a una realidad lamentable pero no reciente en el Perú: las condiciones inhumanas de trabajo que muchos peruanos enfrentan debido a la informalidad laboral. Resulta inconcebible que en pleno siglo XXI, trabajadores e incluso menores de edad sean encerrados para cumplir sus labores, sin acceso a condiciones elementales para garantizar su bienestar, y peor aún sin un plan de evacuación frente a una catástrofe como la
Por Armando Sánchez Málaga, Máster en Derecho Penal por la Universidad de Barcelona y socio del estudio Roger Yon & SMB Abogados. En los últimos días, nuestros políticos han puesto en agenda -nuevamente- la discusión acerca de si el Presidente de la República puede otorgar un indulto a Alberto Kenya Fujimori Fujimori, quien se encuentra condenado a veinticinco años de pena privativa de la libertad por la comisión de diversos delitos en agravio del Estado y de particulares. Considero que, como abogados y especialistas en Derecho Penal, tenemos el deber de hacer algunas precisiones, en atención a diversas declaraciones de políticos, quienes en un supuesto ejercicio de su “derecho a opinar” deslizan alternativas que no solo van en contra del
