Penal

Una discusión que se daba por muerta: el estéril debate sobre la aplicación de la pena de muerte en el Perú

Por Gonzalo J. Monge Morales, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ex Editor General de THĒMIS-Revista de Derecho. Asociado del Estudio Echecopar, member firm of Baker McKenzie International. La pena de muerte ha regresado al debate. Si no son los terroristas, los sicarios, los asaltantes que hieren de muerte o lesionan gravemente a sus víctimas, quienes gatillan la discusión sobre la pena de muerte en el Perú son los violadores. Es comprensible que tengamos la peor de las impresiones sobre los delincuentes antes mencionados: los crímenes que cometen son abominables y todos exigimos que tengan una sanción ejemplar. Esa sanción, para muchas personas, no es otra que la pena de muerte. Por alguna razón, se piensa que es

¿AS-CENSO O DES-CENSO EN LA POLÍTICA CRIMINAL PERUANA?

Roger Yon, abogado por la PUCP, y socio fundador del Estudio Royer Yon Ruesta abogados. Con ocasión del Censo Poblacional que acabamos de pasar, se han dado directivas y hechos que llaman la atención desde la óptica jurídico penal. En efecto, es de destacarse la directiva impartida por las autoridades a cargo del Censo y del Poder Ejecutivo en el sentido que los peruanos no podíamos salir de nuestra vivienda desde las 8 am a 5 pm del día domingo 22 de octubre. Para muchas personas, acostumbradas a las restricciones, tal vez producto de las prácticas realizadas por los gobiernos militares del pasado (toque de queda, estado de emergencia, todas ellas indiscriminadas) la dación de esta restricción resultaba algo “normal”.

Apuntes críticos al reciente Acuerdo Plenario sobre el delito de feminicidio

Por Julio Rodríguez Vásquez y Cristina Valega Chipoco, Investigadores del Grupo de Investigación en Derecho, Género y Sexualidad de la PUCP (DEGESE). El día de ayer, 17 de octubre de 2017, se publicó el Acuerdo Plenario N° 001-2016/CJ-116 (en adelante el Acuerdo Plenario), cuyo asunto versa sobre los alcances típicos del delito de feminicidio[1]. En el presente artículo, esbozamos algunos apuntes críticos respecto de los criterios determinados por la Corte Suprema. En este sentido, es necesario destacar la decisión de la Corte Suprema de emitir un Acuerdo Plenario sobre este tema; el cual resulta importante y necesario en un país como el nuestro, en el que la violencia de género contra las mujeres es una realidad imperante. En esta línea, el

¿Funcionario público por dónde? Los árbitros y el Proyecto de Ley N° 1774/2017-MP

Por Gino Rivas Caso, Abogado y adjunto de docencia por la Pontificia Universidad Católica del Perú.  El caso Odebrecht no da tregua al arbitraje. Ya no se trata solo de cómo el arbitraje hace frente a disputas derivadas de contratos de corrupción (arbitraje de la corrupción), sino que, debido a un reciente reportaje de pagos indebidos a un árbitro,[1] también cómo el propio arbitraje puede verse contaminado por estas prácticas ilícitas (corrupción en el arbitraje). Frente a esto último, las propuestas de solución no se han hecho esperar. Porque claro, es innegable que la corrupción en el arbitraje no debe ser tolerada. No obstante, esto no es motivo para que se planteen e implementen todo tipo de medidas sin tener cuidado

Los aportes a Fuerza Popular: una investigación desde la Ley de Crimen Organizado

La Fiscalía de la Nación anunció vía Twitter que la lideresa del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y su esposo Mark Vito Villanella serán investigados bajo la Ley de Crimen Organizado y el Nuevo Código Procesal Penal. La razón de la decisión se funda en una investigación previa por lavado de activos por más de 220 mil soles que fueron aportados al partido fujimorista por la ONG LVF Liberty Institute, constituida en Delaware, Estados Unidos, entre noviembre y diciembre del 2015. Esta investigación, además, está relacionada con las notas realizadas por Marcelo Odebretch donde disponía “Aumentar 500 a Keiko y hacer visita”. En torno a esto, analizaremos la ley del crimen organizado y su relación con el delito de lavado

El principio de preferencia de sanciones distintas al encarcelamiento en ciudadanos indígenas, a propósito del caso Oquebamba

Por Juan Carlos Ruiz Molleda y Álvaro Másquez Salvador, miembros del Instituto de Defensa Legal. Hace un mes, el Juzgado Penal Unipersonal de Espinar (Cusco) emitió sentencia en el proceso penal[1] seguido contra seis dirigentes de la Comunidad Campesina de Oquebamba, por la presunta comisión del delito de usurpación, en su modalidad agravada. Estos fueron condenados a pena privativa de la libertad efectiva de 4 años y 6 meses en el penal San Judas Tadeo de Sicuani[2]. Increíblemente, estos dirigentes han sido sancionados por la defensa de su territorio ante el intento de terceros, ajenos a la comunidad, de irrumpir en él. Los invasores no eran comuneros calificados, es decir, aquellos únicamente facultados para reclamar el derecho de posesión sobre tierras dentro

Apuntes sobre la regulación de los grilletes electrónicos en el Perú

Por Julio Casma, estudiante de Derecho de la PUCP y miembro del Consejo Editorial de Enfoque Derecho. La semana pasada, Sandra Salazar, sentenciada a cuatro años y cuatro meses de pena privativa de libertad, se convirtió en la primera peruana condenada en acceder al uso de grilletes electrónicos. La implementación de estos instrumentos constituye un reto para la justicia peruana, en tanto es la primera vez que se emplea tecnología de este calibre como vía de cumplimiento de pena privativa de libertad. De acuerdo a Prisontec, los grilletes electrónicos son aparatos de monitoreo que permiten conocer la ubicación de la persona que lo porta. A través del sistema de localización GPS, el grillete envía coordenadas de ubicación que permiten al

La justicia, a todos por igual: a propósito de la prisión preventiva de Ollanta Humala y Nadine Heredia

El último jueves, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria aprobó el pedido de prisión preventiva por 18 meses contra el expresidente Ollanta Humala y Nadine Heredia. Este pedido fue presentado por la fiscalía de lavados de activos, en el marco de la investigación que se sigue a Humala, Heredia y otros, porque presuntamente habrían recibido dinero de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para las campañas presidenciales del 2006 y 2011. ¿Qué elementos son necesarios para dictar una prisión preventiva? ¿Realmente fueron cumplidos en este caso? En el presente editorial, Enfoque Derecho analiza estas interrogantes. El Código Procesal Penal establece, en el artículo 268, que la prisión preventiva procederá cuando se verifiquen tres presupuestos: “a) Que existen fundados y graves

Una alerta sobre formas contemporáneas de esclavitud en el Perú: A propósito del incendio en Las Malvinas

Por Alessandra Enrico, bachiller de Derecho por la PUCP e investigadora del IDEHPUCP. Jorge Luis Huamán de 19 años, Jovi Herrera de 20, y un menor de 15 años, son 3 jóvenes que fallecieron en la Galeria Nicolini durante el incendio suscitado en Las Malvinas. Este trágico desenlace ha reabierto el debate en torno a una realidad lamentable pero no reciente en el Perú: las condiciones inhumanas de trabajo que muchos peruanos enfrentan debido a la informalidad laboral. Resulta inconcebible que en pleno siglo XXI, trabajadores e incluso menores de edad sean encerrados para cumplir sus labores, sin acceso a condiciones elementales para garantizar su bienestar, y peor aún sin un plan de evacuación frente a una catástrofe como la