Público

SUBVIRTIENDO EL DERECHO: Identidad de Género en la última sentencia del TC

Por Karen Anaya Cortez, estudiante de último ciclo de la Facultad de Derecho de la PUCP e investigadora del Grupo de Derecho, Género y Sexualidad de la PUCP (DEGESE).  La sentencia 06040-2015-PA/TC, emitida por el Tribunal Constitucional (TC), que resolvió la solicitud de una mujer trans, sobre el cambio de nombre y sexo en su partida de nacimiento y Documento Nacional de Identidad (DNI), ha permitido dejar sin efecto la doctrina constitucional anterior (EXP Nº 0139-2013PA/TC – caso PEMM). Esta última consideraba que las personas trans padecen de una patología, y que el sexo es una categoría biológica inmodificable. Durante el proceso, desde el Grupo de Investigación sobre Derecho, Género y Sexualidad de la PUCP (DEGESE) se presentó un Amicus

Breves comentarios sobre la estructura organizativa de la Autoridad de Protección de Datos Personales: una propuestas de reforma de la normativa de protección de datos personales

Por Andrea Pulgar, Experta Certificada en Protección de Datos (ECPD) y asociada del Estudio Grau Abogados. El pasado 12 de septiembre del presente año, se constituyó el equipo de trabajo para elaborar el informe sobre la viabilidad de crear una autoridad única e independiente de Protección de Datos Personales y Acceso a la Información Pública. Por su parte, la Ley 30506 establece la delegación de facultades al Poder Ejecutivo para legislar, entre otras materias, sobre lucha contra la corrupción, teniendo entre una de sus finalidades la de: “Crear la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que garantice el derecho al acceso oportuno y transparente de la información pública, así como la protección de los datos personales;

Todos contra la SUNEDU: un lamentable proyecto de ley contra la reforma universitaria

Por Gonzalo J. Monge Morales, Ex Editor General de THĒMIS-Revista de Derecho. Asociado del Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International. Adjunto de Docencia del curso «Derecho Procesal Constitucional» del Dr. César Landa Arroyo[1]. La guerra contra la reforma universitaria ha reiniciado. Y esta vez tienen mayoría en el Congreso. Quienes consideramos que la educación universitaria es un derecho fundamental y que el Estado tiene el deber de asegurar mínimos de calidad nos sentimos ganadores con la victoria en estas dos batallas: 1.- La entrada en vigencia de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, el 10 de julio de 2014. Hasta el día anterior, quienes se encargaban de supervisar la calidad de la educación superior universitaria eran la Asamblea

La necesidad de emprender reformas administrativas: sugerencias para el Gabinete Zavala (Segunda Parte)

[Segunda parte] Por Ramón Huapaya, profesor de Derecho Administrativo Económico en la PUCP y asociado del Estudio Rodrigo, Elías & Medrano Abogados. En materia de servicio al ciudadano y atención al público. Veo con preocupación que se olvida el carácter servicial que debe predicar la Administración Pública con respecto a los ciudadanos. La enorme masa de funcionarios y servidores, en muchos casos, no tiene incentivos ni tampoco formación e instrucción para atender a los usuarios de los servicios públicos administrativos que prestan. Como resultado de ello, las quejas y reclamos por la deficiente calidad de los servicios que brinda la Administración están a la orden del día. Puede parecer algo tonto, pero no lo es. La calidad de la atención

La necesidad de emprender reformas administrativas: sugerencias para el Gabinete Zavala

[Primera parte] Por Ramón Huapaya, profesor de Derecho Administrativo Económico en la PUCP y asociado del Estudio Rodrigo, Elías & Medrano Abogados Luego de un complejo proceso, el Congreso de la República ha decidido brindar facultades al Poder Ejecutivo para legislar en diversas materias, entre las cuales destacan varias que tienen que ver con reformas administrativas. Esto se ha consumado con la Ley N° 30506, publicada el domingo 09 de octubre. Aún antes de dicha delegación, han trascendido al conocimiento público las acciones de diagnóstico y trabajo que se vienen realizando en el Gabinete Zavala para implementar tales reformas gravitantes sobre la legislación de procedimiento administrativo de APP’s así como de contrataciones del Estado. Estos cambios permitirán impulsar la inversión

Entrevista a Ricardo Soberón sobre la regulación de la marihuana

En la presente entrega, Enfoque Derecho entrevista a Ricardo Soberón, abogado, fundador y ex-director del Centro de Investigación “Drogas y Derechos Humanos” (CIDDH). Además, es profesor universitario, analista y consultor en asuntos de políticas de control de drogas en la región andina, asuntos de seguridad y fronteras, y asesor de organizaciones campesinas de productores cocaleros. ED: A grandes rasgos, ¿cómo se encuentra regulado el uso de la marihuana en nuestro país? RS: El tema del uso del cannabis en el Perú está regulado bajo la perspectiva de la Política Criminal, bajo el supuesto de la no sanción a la posesión del uso personal siempre y cuando la cantidad no exceda el límite permitido, que son 8 gramos.  Desde 1991, el Código Penal y

¿Está Perú obligado a reconocer solo 12 millas marinas como mar territorial ante la comunidad internacional?

Por Raymar Villena Chumbiauca, abogado, egresado de la maestría en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Resolución de Conflictos con mención en Defensa Nacional por el Centro de Altos Estudios Nacionales. Docente de la Universidad Privada Telesup. En enero de este año se han cumplido dos años de que la Corte Internacional de Justicia – CIJ emitiera el fallo que  resolvió el diferendo marítimo Perú c. Chile. Sin entrar en detalles sobre dicho fallo, analizaremos brevemente si Perú está obligado a reconocer las estipulaciones de La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM), en lo concerniente a la extensión y características de lo que tradicionalmente ha denominado “su mar territorial”. ANTECEDENTES En el contexto del artículo 54º de

OCDE: Calidad regulatoria en el Perú

Por Victor Saco, Profesor Ordinario del Departamento Académico de Derecho de la PUCP, especialista en Derecho Internacional Económico. Hace ya unos meses, a finales de Julio, la OCDE emitió un estudio sobre la política regulatoria de nuestro país[1]. Este informe es importante debido a que resalta aspectos que Perú tiene que tomar en cuenta si quiere alcanzar en su territorio los estándares de los miembros de esta organización. Como me comentaba en una conversación personal Pierre Sauvé[2], la OCDE no te obliga mediante normas o tribunales (la organización no tiene uno), sino mediante la competencia. Es decir, Perú entra a “jugar en otra liga” y la competencia para no quedar al fondo de “la tabla de posiciones” entre los miembros

Editorial | El poder tras el poder: el "negociazo" de ser asesor

No han pasado ni tres meses de iniciado el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y este ya cuenta con su primer remezón político. En efecto, el ex asesor presidencial para temas de salud, Carlos Moreno Chacón, se ha visto envuelto en un escándalo por la publicación de tres audios en los que se revela, como él mismo lo ha denominado, un “negociazo” a costa de la salud de todos los peruanos. En resumidas cuentas, Moreno pretendía sacar provecho de un convenio entre el Seguro Integral de Salud (SIS) y la clínica privada Osteoporosis SAC, avalada por el Arzobispado de Lima. A pesar de ello, esta no es la única perla de Moreno Chacón. En el 2012, estuvo inmerso en un

¿Puede la Corte Penal Internacional juzgar los crímenes ambientales?

A mediados de septiembre, la Corte Penal Internacional (CPI) publicó un documento titulado “Policy paper on case selection and prioritisation”, el cual orienta cómo la Oficina del Fiscal de la CPI ejerce sus facultades en la selección y priorización de casos. En la parte de criterios de selección, el texto indica que se prestará especial consideración a la persecución de los crímenes que tengan como resultado la destrucción del medio ambiente, la explotación ilegal de los recursos naturales o el despojo ilegal de tierras. A partir de ello, algunos medios de comunicación afirmaron que este documento permitiría que la CPI pueda juzgar crímenes ambientales, afirmación que no es del todo cierta. De acuerdo con el Estatuto de Roma, la CPI