Público

Si hubiera que hacer un balance sobre el desempeño del gobierno que deja el mandato en apenas un año, pensaría que los aspectos destacables los constituyen, de un lado, una reforma educativa que, aun con críticas reconocibles, comienza un largo camino por recorrer y, de otro, la puesta en marcha de una agenda de inclusión social a la que se dio inicio con la creación de un Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, liderado por estupendos profesionales. A diferencia de las recientes críticas a los programas sociales impulsados en este mandato, tengo la sospecha de que éste puede ser el logro más importante del gobierno que prometía una gran transformación.

En los últimos días ha circulado una noticia a nivel local acerca de una evacuación de emergencia en una aeronave ocurrida en un aeropuerto al interior del país, hecho que fue catalogado por diversos medios como un “accidente aéreo”. Sin embargo, para poder entender lo ocurrido y determinar si la información expuesta en los medios es la correcta, debemos tener en consideración no sólo los hechos ocurridos (los cuales están revestidos de una sensibilidad comprensible), sino también la forma en que éstos son o deberían ser catalogados de acuerdo a definiciones jurídicas establecidas en la normativa correspondiente.

Desde inicios de mes, los alcaldes distritales de San Juan de Lurigancho y San Juan de Miraflores, Juan Navarro y Javier Altamirano, vienen exigiendo que las Fuerzas Armadas patrullen las calles de sus distritos y se les permita imponer un toque de queda, como medida disuasiva ante el alza en el crimen y la sensación de inseguridad ciudadana. Según estos alcaldes, la mayoría de sus vecinos se encuentra a favor de esta medida y han empezado a recolectar firmas para poder presentar una iniciativa legislativa. El objetivo es reformar el Decreto Legislativo 1095 –que regula la participación de las Fuerzas Armadas en el mantenimiento del orden interno- a fin de permitir esta especial forma de patrullaje militarizado. La propuesta de los alcaldes Navarro y Altamirano, sin embargo, no sólo es inviable legalmente, sino que también se encuentra tenebrosamente divorciada de la realidad y pone a los vecinos de toda la ciudad en riesgo.

La semana pasada se publicó la última norma del cuarto paquete reactivador del actual gobierno. Un dispositivo más para darle bríos a una economía que se queda sin aliento. La vocación de la norma es positiva: busca simplificar los trámites relativos a permisos ambientales y procedimientos expropiatorios en el marco de proyectos de inversión. Sin embargo, por más leyes que se promulguen, lo cierto es que no solo con normas se reactiva una economía.