Público

¿Es constitucional la exigencia del 4% del padrón electoral para la inscripción de un partido político?

Por Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado por la PUCP, coordinador del área de Litigio Constitucional del Instituto de Defensa Legal y especialista en los derechos de los pueblos indígenas. En estos momentos se exige las firmas del 4% del padrón electoral para la inscripción de los nuevos partidos políticos. Sin embargo, esta exigencia solo se aplica a las nuevas agrupaciones políticas que quieren inscribirse pero no a las actuales, que se inscribieron en su momento con el requisito de solo 1% del padrón electoral. Sobre el particular debemos de manifestar lo siguiente: En principio, el Congreso, como consecuencia de su legitimidad democrática, es decir, ser el titular de la representación nacional, tiene la facultad de libre configuración de las normas constitucionales. Sin

Entrevista a César Landa sobre la Interpelación, Cuestión de confianza y Acusación constitucional

Entrevista al Dr. César Landa, ex Presidente del Tribunal Constitucional del Perú y profesor de Derecho Constitucional de la PUCP. Enfoque Derecho: El contralor Edgar Alarcón presentó una acusación constitucional contra Alfredo Thorne – en ese tiempo ministro de Economía – por presuntamente haber atentado contra la autonomía de la Contraloría. ¿En qué consiste la figura de la acusación constitucional? César Landa: La Constitución ha previsto que en el sistema de división de poderes exista el control de la división y balance de poderes. En ese sentido, el Congreso realiza una acción de fiscalización, también llamada control; este puede darse al inicio del Gobierno –cuando se presenta el Gabinete y pide un voto de confianza -, pero también puede darse

Versus: ¿Es beneficiosa la progresividad de los tributos?

En la siguiente entrega presentamos el versus: ¿es beneficiosa la progresividad de los tributos? En esta, se discutirán las razones por las cuales las personas que perciben mayores ingresos deben -o no- aportar más al sistema tributario. Eduardo Sotelo, abogado y Director de la Maestría en Derecho Tributario de la PUCP argumenta a favor, y Alfredo Bullard, abogado y especialista en Análisis Económico del Derecho, en contra. A favor:   En contra:  

La desnaturalización de la locación de servicios: alcances y efectos

Por Brian Avalos, abogado por la PUCP y asociado del Estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados. 1. Introducción A partir de julio de 2017, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL – iniciará operativos para incorporar a trabajadores informales en la planilla de las empresas. Al respecto, recordemos que una de las principales metas de este gobierno es reducir la informalidad al 60% (actualmente estamos en un 72% de informalidad del mercado de trabajo, es decir que estas personas no tienen acceso a la salud y pensiones, ni a beneficios laborales – CTS, Vacaciones, Gratificaciones Legales, etc.). Se podría pensar que el problema de la informalidad solo lo encontramos en las micro o pequeñas empresas o en actividades prohibidas (como

El origen de la corrupción en las corporaciones tras la operación Lava Jato

Por Antonio Peña Jumpa, profesor principal de la Facultad de Derecho de la PUCP y doctor por la Katholieke Universiteit Leuven de Bélgica.  ¿Qué explica que una gran empresa con inmensos capitales realice a través de sus directivos o altos funcionarios prácticas de corrupción? La experiencia que estamos viviendo tras la operación Lava Jato contra grandes empresas en Brasil, extendida a países latinoamericanos como el Perú, nos muestra algunas pistas de interpretación. Tres cuestiones previas antes de abordar una respuesta a la pregunta. Primero, el problema no involucra a una, sino a todas o casi todas las grandes corporaciones brasileñas que contrataban con los gobiernos de turno de su Estado. Segundo, en países como el Perú, las grandes corporaciones brasileñas como

Un éxito precario

Por Gino Rivas, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y adjunto de docencia en la misma casa de estudios. No son buenos días para el arbitraje en el Perú. La caída de empresas brasileñas involucradas en pagos indebidos para ganar proyectos públicos, la sospecha de árbitros parcializados en arbitrajes sobre obras públicas, la —válida— preocupación sobre el arbitraje ad hoc[1][2], entre otros aspectos, hacen que cada vez más las miradas recaigan sobre el arbitraje en contratación pública y se reflexione sobre si realmente es beneficioso. Si nos ponemos exquisitos, podría decirse que estos temas no afectan al arbitraje en general, sino al arbitraje sobre contratación pública en especial. Por tanto, más que tratarse de un problema estructural, sería un

La Constitución y los Principios Ambientales de Precaución y Prevención

Por Cesar Landa, ex presidente del Tribunal Constitucional y docente de la Facultad de Derecho de la PUCP. De acuerdo con la Constitución, el Estado promueve el desarrollo sostenible con criterios de racionalidad; esto es, buscando combinar el crecimiento económico con la necesidad de prevenir graves riesgos para el medio ambiente. En función a ello, la Ley General del Ambiente ha establecido el principio precautorio, el principio de prevención, y otros que por su importancia constitucional serán analizados a continuación. 1. Principio de Precaución La definición inicial del principio precautorio o de precaución se adoptó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de Rio de Janeiro en 1992, al señalar que: “Cuando haya

Apuntes sobre cómo mejorar la competitividad del Perú como destino de la inversión en exploración minera.

Por Claudio Ferrero, socio del área de Recursos Naturales y Medio Ambiente del estudio Rodrigo, Elias & Medrano. Los resultados de la última encuesta del Instituito Fraser[1] publicada en marzo del 2017 (que mide el nivel de atracción de inversión de los destinos mineros a nivel mundial), arroja resultados positivos para el Perú, en relación con sus competidores en Latinoamérica. El Perú este año ocupa el puesto 28 a nivel mundial. “Este avance convierte al Perú en el país más atractivo para la inversión a nivel de Latinoamérica, y el único de la región en el tercio superior”.[2] En contraste con esta buena noticia, vemos con preocupación que en “el año 2016, se ha dado por cuarto año consecutivo una

Restricción a la Libertad de Tránsito… ¿Es lo que está buscando el Estado?

Por Maria Eugenia Yabar, abogada por la PUCP y socia del Estudio Olaechea. En Venezuela, las aerolíneas extranjeras no pueden repatriar libremente sus ingresos originados en la venta de sus pasajes. El Estado es el único que puede hacer la remesa del dinero de propiedad de dichas aerolíneas. De acuerdo a la IATA, el Estado venezolano le debe a las aerolíneas extranjeras, en conjunto, un aproximado de US$3,800’000,000. Como es de esperar, varias aerolíneas han dejado de prestar servicios a Venezuela porque no resulta económicamente viable hacerlo. En respuesta, el gobierno venezolano a dicho que aquella aerolínea que deje de volar a su país no podrá regresar. En Venezuela se dice que hay libertad de tránsito, pero estas acciones conducen

Las palabras cuentan: difamación y levantamiento de la inmunidad parlamentaria en el Perú

Es usual ver en los noticieros las airadas discusiones entre congresistas de distintas bancadas y los comentarios de los mismos fuera del hemiciclo. La intensidad de las discusiones parece hacer que, a veces, pierdan por completo la objetividad y hasta la noción de lo que están diciendo. En este punto, se hicieron, también, normales las acusaciones -en ocasiones sin fundamento y hasta exageradas -a sus opositores. En ese sentido, algunos congresistas tildan de corrupto y “vendido” al presidente o a algún ministro, sin poder demostrarlo; o que señalan que el Frente Amplio o Verónika Mendoza mantienen el ‘pensamiento Gonzalo’, relacionándolos con Sendero Luminoso. Abusan así de la inmunidad parlamentaria y consideran que cuentan con autorización para difamar a quienes piensan de