Consideraciones en torno al anonimato del agente en el proceso de colaboración eficaz y ponderaciones con el derecho de defensa

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Por Miguel Solórzano Bardález, estudiante de Derecho de sexto año de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

1. Introducción

Positivizado debidamente dentro de los alcances de un proceso especial, la colaboración eficaz funge como vía para arribar al esclarecimiento de hechos delictivos que no habrían sido posibles dilucidar mediante el discreto paso de un proceso de investigación.

Sin embargo, este proceso presenta una falencia en cuanto a la protección del colaborador, dado que, muchas veces, considerando la peligrosidad de los delitos que pretende delatar mediante sus declaraciones, su identidad se ve expuesta. Como ilustración en lo que fuera necesario, sopésese casos mediáticos en los que se ha visto envuelta la coyuntura política y social, desde la situación de Karelin López (Caso ascensos irregulares en fuerzas armadas) hasta el más reciente caso Zamir Villaverde (Caso Puente Tarata III).

Considerando esto, a mi cognición cabe cuestionar lo siguiente: ¿debería ser normado como obligatorio el anonimato del colaborador eficaz en casos que involucren criminalidad organizada?. Eventualmente, normado este anonimato y las consecuentes declaraciones brindadas por este ¿vulneraria el derecho de defensa de las partes acusadas?.

2. La ausencia de anonimato para el colaborador eficaz

Preliminarmente se tiene lo prescrito en el artículo 473 del Nuevo Código Procesal Penal: “el colaborador, mientras dure el proceso, de ser el caso, será sometido a las medidas de aseguramiento personal necesarias para garantizar el éxito de las investigaciones, la conclusión exitosa del proceso y su seguridad personal”[1]. Visto esto, es de notar que, si bien hacen referencia a medidas de aseguramiento necesarias, esto deviene en extremadamente genérico; incluso, solo aplicaría de ser el caso tal como el articulado precedente indicó. En suma, no se observa algo que debería ser seguido con la fuerza de una norma explicita y he ahí un problema.

Así las cosas, la implementación del anonimato para el colaborador eficaz, no está normada explícitamente y, en decididamente, no se puede recurrir a ello de manera abierta, salvo que el criterio de los operadores jurídicos así lo considere. Lo riesgoso de esto es que, en casos de criminalidad organizada o de similar ilicitud, la integridad del declarante queda expuesta y, por consiguiente, la eficacia de las declaraciones puede ser mellada ya sea por supresión o por coacción.

Lo cierto es que, dentro del apartado que regula la colaboración eficaz, debería implementarse el anonimato obligado para el colaborador, una vez que este haya pasado los filtros de la fase de corroboración[2]. No obstante, cabe considerar ahora si esta noción trasciende los límites legalmente permitidos para la defensa del acusado, y en ultima ratio, el debido proceso.

3. El anonimato y el derecho a la defensa

No resultaría estrambótico pensar que el anonimato del declarante conculca principios básicos del debido proceso, pues el acusado no tendría certeza de quién y cómo se lo está sindicando a efectos de que pueda hacer una buena defensa técnica. En ese tenor, el inciso 1 del artículo 6 del Convenio de Roma sostiene lo siguiente:

Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un Tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella (Sic).[3]

De ese modo, dicho convenio señala directrices básicas orientadas a un derecho de defensa. Sin embargo, el mismo cuerpo normativo indica que el acusado  tiene derecho de hacer uso de su defensa en contra de los declarantes y sus declaraciones (entiéndase también colaborador eficaz). Al respecto, el inciso d del punto 3 del artículo 6 de dicho convenio señala:

Todo acusado tiene, como mínimo, los siguientes derechos […] A interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren contra él y a obtener la citación y el interrogatorio de los testigos que declaren en su favor en las mismas condiciones que los testigos que lo hagan en su contra. (Sic)[4]

Reflexionando con base a lo citado, en un proceso por colaboración eficaz, ¿se puede sostener propiamente que un colaborador está realmente protegido si tiene que ser sometido a ciertas diligencias por parte de la defensa de los acusados? Propiamente no, pues es probable que, para realizar ello, se precise previamente la identidad del colaborador eficaz y es aquí en donde el anonimato de este muestra su primera vulnerabilidad.

Visto eso, en la legislación de la colaboración eficaz, no se preceptúa nada respecto a los medios técnicos de defensa en estos casos especiales, por lo que estando a una circunstancia en la que la defensa debe ser expedita, sea cual sea el tipo de proceso, los medios a emplear desde luego pueden ir desde las diligencias de parte ordinarias hasta el conocimiento de la identidad del que sindica. En suma, no existe protección adecuada para al colaborador eficaz al no estar reglamentado el anonimato de manera explícita.

Ahora, en la otra arista del análisis, sea cual sea al medio de protección empleado para el colaborador eficaz, se debe tener cuidado de no fundamentar una condena con base a declaraciones de un testigo anónimo. Se debe considerar otros mecanismos a favor de la defensa del acusado a fin de que sea compensada para una mejor estrategia. A ese tenor, el Tribunal Constitucional ha señalado lo siguiente:

El ejercicio del derecho de defensa, de especial relevancia en el proceso penal, tiene una doble dimensión: una material, referida al derecho del imputado de ejercer su propia defensa desde el mismo instante en el que toma conocimiento de que se le atribuye la comisión de determinado hecho delictivo […](Sic)[5]

4. Ponderaciones en la dualidad anonimato y defensa

Acercando mi razonamiento a los alcances del test de proporcionalidad de Robert Alexy en cuanto al ocultamiento de la identidad del colaborador eficaz y el derecho a la defensa de la parte acusada, es necesario comenzar el análisis por la idoneidad.

Así, considero idóneo la explicites sustantiva del anonimato a fin de maximizar su seguridad para que el colaborador no se vea influenciado o coactado por percepciones externas. De la misma manera, servirá para lograr eventualmente que otros individuos puedan gozar de, al menos, la certeza de que su identidad pueda mantenerse a buen recaudo a fin de tener un incentivo para colaborar, sin perjuicio de los otros beneficios que la colaboración eficaz pudiera otorgar al caso concreto.

En cuanto a la necesidad, sostengo que el anonimato del colaborador debe legislarse abiertamente para lograr un avance significativo en cada investigación que se realice. Al respecto, no solo debería estar en la voluntariedad o discernimiento de los operadores de justicia, otorgar esta situación al colaborador, sino debería ser positivizada cuanto antes, pues los embates de la delincuencia a mediana o a gran escala, suelen ser frecuentes en el entorno social peruano.

Finalmente, respecto a la proporcionalidad en sentido estricto, presuponiendo que la satisfacción de una premisa implica la debilidad gradual de la otra, se debe razonar que la implementación del anonimato en la colaboración eficaz no vulnerará significativamente el derecho a la defensa de las partes involucradas, siempre y cuando se otorguen otras formas y facilidades para ejecutar estas sin comprometer la identidad del sindicante. Del mismo modo, el debido proceso no se vería afectado en cuanto la sentencia no se fundamente únicamente en las declaraciones de un personaje anónimo.

5. Comentario final

Ya se indicó en un comienzo que el colaborador será sometido a las medidas de seguridad pertinentes mientras dure el proceso[6], mas no indican claramente que su identidad deba ser sometida al anonimato. Esto es necesario legislar de manera explícita y no interpretativa, pues dicha situación contribuiría a que las investigaciones a organizaciones criminales sean más expeditas al dotar de al menos, seguridad a la identidad del colaborador eficaz. En suma, es posible que con ello se pueda lograr que más sujetos se acojan a esta figura para poder hacer frente a los embates de dichas organizaciones.

Si bien es cierto, los colaboradores muchas veces salen a hacer pública su condición de colaboración, tal como se ha visto más de una vez en algunos casos mediáticos, esto debería ser prohibido, pues, aunque el órgano competente determine el anonimato, ciertamente no podría controlar el comportamiento del colaborador eficaz en su propia esfera autopuesta en peligro. De ese modo, la efectividad de la colaboración eficaz podría verse seriamente afectada, por lo que haría falta no solo legislar que el anonimato sea obligatorio para todo colaborador eficaz, sino también que sea prohibida la revelación adrede de este u otro órgano que intente dar a conocer su identidad.

Finalmente, aparte de un óptimo mecanismo de protección a los colaboradores, también existe la falta de adecuada reserva de la información que estos brindan, lo cual agregado a la problemática del anonimato, hace degenerar a la figura de la colaboración eficaz como algo poco seguro para contribuir a la celeridad procesal y judicial en contra de organizaciones criminales.

6. Conclusiones

1. Es necesario positivizar la figura del anonimato obligado para los colaboradores eficaces una vez que se haya pasado la fase de corroboración. Ello es a razón de resguardar la integridad del agente y, en última ratio, la eficacia y continuidad de sus aportes y declaraciones.

2. El derecho de defensa de las partes, si se sigue un correcto marco procesal que garantice una adecuada defensa, aun cuando el colaborador se halle en el anonimato, no debería reportar vulneración alguna al derecho de defensa ni al debido proceso.

3. La colaboración eficaz, tal como se encuentra ahora, no garantiza eficacia ni seguridad alguna al colaborador. De hecho, aún falta analizar y legislar ciertas cuestiones en beneficio de su efectividad, pues muchas veces, no solo la identidad del agente se filtra, sino también la información que este brinda a las autoridades.

4. Es necesario reforzar este proceso especial mediante diversas propuestas normativas y modificaciones, toda vez que funge como una forma de colaboración que acelera y facilita la lucha contra la criminalidad e ilicitud de ciertas organizaciones. Para ello, amerita cubrir las falencias que presenta en torno a la dualidad agente-información.


CITAS AL PIE Y REFERENCIAS

[1] Apud, Código Penal, Nuevo Código Procesal Penal, Edición 2021, Jurista Editores,   Lima, p. 617

[2] Ídem.

Artículo 473. ° :

El Fiscal podrá disponer el inicio del procedimiento por colaboración eficaz, ordenando las diligencias de corroboración que considere pertinentes para determinar la eficacia de la información proporcionada.

[3] Cfr. Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, Roma, 1950.

[4] Idem.

[5] Vid. Tribunal Constitucional, Expediente N.° 2165-2018-PH/TC, 2021, ff.jj 4

[6] Cfr. Código Penal, Loc.cit

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