Por: Carlos Ramírez Castillo
Abogado con estudios de maestría en Derecho Civil y Empresarial por la Universidad Privada Antenor Orrego, y sobre Derecho y Economía en la Pontificia Universidad Católica de Chile
Quienes consideran que el Estado debería ser un ente limitado también coinciden en afirmar que una de las principales funciones que el gobierno tiene es velar por los derechos individuales del ser humano, función que realiza el Estado y que guarda relación directa con la salvaguarda de la seguridad nacional dentro y fuera del territorio del país a favor de sus ciudadanos.
Hace relativamente el sucesor de Abimael Guzmán –Camarada Artemio– solicitaba al Estado peruano la existencia de una mesa de negociación en donde requería determinadas condiciones para un ambiente favorable a efectos de poder lograr una supuesta amnistía entre Sendero Luminoso y nuestro país. No cabe duda que esta propuesta lanzada por ésta organización comunista de tendencia maoísta no tiene ningún asidero legal, político, ni de respaldo en nuestra sociedad; pese a ello existieron desaforados de comentarios de cierto ministro que aún vacilaban la posibilidad de un encuentro con dicha organización comunista. La segunda noticia fue el cambio del gabinete ministerial del gobierno a escasos ciento veinte días de asunción de mando lo que sin duda alguna muestra una crisis política en el gobierno de turno que, esperemos por el bien de los ciudadanos, se solucione.
Al margen de las críticas que podrían verterse a noticias tan comentadas, ello nos puede llamar a la siguiente reflexión: ¿cómo estamos organizándonos en relación a la seguridad nacional de nuestro país?
Si bien la lucha terrorista ha sido aparentemente solucionada por gobiernos anteriores, no podemos dejar este tema afuera de la agenda política –hoja de ruta, como dicen los oficialistas– pues eso fue lo que pasó en el primer gobierno de Alan García en la década de los ochenta del siglo pasado y fue recién cuando Sendero Luminoso ya había incursionado en el casi todo el territorio nacional y era una amenaza a la seguridad nacional, que el gobierno pretendió dar solución a este problema tan álgido. Está meritadamente claro que dicha organización terrorista no busca reconciliarse con nuestro país sino implantar una forma absolutista de gobierno, pues basta solo leer las declaraciones vertidas por camarada Artemio cuando dice que las víctimas: “fueron un error” y lamentó la muerte de “tantas vidas de soldados jóvenes” que luchaban a favor del capitalismo y de la burguesía. “Aun así” dice él, “me duele”[1]. Frases desairadas y que sin duda alguna no muestran ningún arrepentimiento de las acciones violentas de lucha armada desplegadas por ésta organización criminal y por la cual podemos afirmar que resulta imposible un consenso entre el Estado y Sendero Luminoso.
Estas acciones terroristas bajo comentario me traen a colación lo escrito en 1968 por Gary Becker en un artículo denominado The Economy Way of Looking at Behaivor[2] en el cual desarrollaba el tópico Crime and Punishment. Para Becker la decisión de delinquir de una persona, al igual que en cualquier actividad económica, puede ser analizada comparando sus costos y beneficios. En la gran mayoría de los casos, el delincuente realiza una evaluación de costo-beneficio en la decisión de cometer un crimen y, luego de éste análisis, tomará la decisión de si delinque o no. Para nadie es un secreto en nuestro país que el terrorismo no es solo un tema ideológico, sino que genera grandes recursos económicos producto del narcotráfico, tráfico de armas, extorsiones, entre otros delitos criminalizados con penas muy severas en nuestra legislación nacional.
Este análisis tiene su correlato en dos premisas. La primera es que el delincuente –según Becker– analiza la probabilidad de ser capturado. Sobre este tema el Estado ha hecho poco durante los últimos años y pese a que Sendero Luminoso es ahora un grupo reducido, no se ha invertido adecuadamente los recursos a efectos de poder eliminar del Huallaga a esta senda terrorista; qué duda cabe de que nuestras fuerzas armadas carecen de una logística adecuada para ser consideradas de primera línea. El segundo aspecto que analiza el delincuente, es la probabilidad de ser condenado una vez capturado; lo que también incorpora la aplicación de penas en nuestro país. Si bien Abimael Guzmán está condenado a cadena perpetua, es importante señalar que nuestro sistema judicial aún afronta problemas de sobrecarga procesal, excesiva burocracia, corrupción, entre otros, por lo que en un supuesto rebrote terrorista será importante contar con un sistema adecuado de resolución de controversias.
Finalmente, es importante advertir que la seguridad nacional es un problema que debe ser considerado en la agenda nacional, sin importar cuantas crisis políticas atraviese el gobierno de turno. Se habla de la creación de ministerios, de aumentar el gasto público para políticas sociales y de seudo-reformas estatales que hasta la fecha no han producido ningún resultado eficiente desplegado por el gobierno, sino que muy por el contrario irrogan una serie de gastos que el Estado asume, siendo muchos de ellos innecesarios. Sin embargo, poco se habla de seguridad nacional, considerando que este tema reviste de mayor relevancia que los tópicos destinados a hacer crecer más el Estado sin ninguna justificación.
[1] http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2011/12/111208_ultnot_artemio_sendero.shtml
BBC Mundo. Líder de Sendero Luminoso dice a The Guardian que la “lucha se terminó”.
[2] Becker, Gary The Economy Way of Looking at Behavior. Stanford University 1996. Pp. 06-09.
Buen articulo, yo tambien considero que el Estado hace poco por generar seguridad interna y externa que deberian ser temas mas primordiales que gastos que no merecen la atencion del presupuesto nacional.