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Por Damaris Valdiviezo,

directora de comunicaciones de Somos Amalia.

Desde Olinda Silvano, líder de la Comunidad Shipibo Konibo de Cantagallo, hasta Andrea Barrientos, agricultora de la provincia de Lucanas en Ayacucho, se constatan diversas injusticias que no solo afectan a estas individuas, sino también a sus respectivas comunidades. En este inicio de año, estas voces se han alzado para denunciar la injusticia, la explotación laboral y la falta de desarrollo de quienes, a pesar de contribuir de manera significativa al progreso del Perú, no reciben una remuneración adecuada en ningún aspecto que les favorezca.

Olinda Silvano, reconocida líder de la Comunidad Shipibo Konibo, experta en el arte del kené y respetada sanadora peruana, cuya imagen adorna las monedas de colección, ha estado recibiendo amenazas de extorsión desde el año 2023. Estas amenazas, provenientes de individuos que exigen dinero bajo la amenaza de violencia y atentados contra su vida, han generado gran preocupación. Aunque se han tomado medidas gracias a la intervención del Ministerio de la Mujer, el problema persiste. Lamentablemente, este tipo de situaciones no son aisladas, y muchos activistas peruanos se encuentran en riesgo de ser víctimas de extorsión, especialmente aquellos dedicados a la protección de la naturaleza o que dependen de la tierra y su arte para subsistir.

En el transcurso del mes de febrero del presente año, Olinda Silvano fue ingresada de manera urgente en el hospital Loayza debido a una infección. Careciendo de seguro Essalud, fue trasladada posteriormente a un centro hospitalario perteneciente al SIS, donde enfrentó deficiencias en la atención médica estatal. Ante la situación alarmante y la difusión del caso, el Ministerio de Salud respondió a la convocatoria. Surge entonces la interrogante acerca del acceso a una atención médica más pronta de las comunidades. Tras una exposición de la situación por parte de sus familiares en plataformas de redes sociales y una campaña de recaudación de fondos, el Ministerio de Cultura tomó cartas en el asunto. Aunque actualmente no se cuenta con información actualizada sobre el estado de salud de Olinda, esta situación destaca la aparente condición de privilegio que representa el acceso a servicios de salud de calidad.

En marzo actual, nos transportamos a Ayacucho, en la provincia de Lucanas, donde encontramos a Andrea Barrientos, una agricultora de 75 años, que no recibe ninguna compensación por su trabajo. Junto con su comunidad, ella se encarga de pastorear vicuñas silvestres, de tonalidades doradas y marrones, para luego esquilarlas y obtener su fina lana. La reconocida marca de lujo italiana Loro Piana es el único cliente de esta comunidad, vendiendo las chompas de vicuña a un precio cercano a los 9000 dólares, mientras que a los criadores como Andrea Barrientos se les hace trabajar sin remuneración. La comunidad de Lucanas, una zona económicamente desfavorecida, recibe únicamente alrededor de 280 dólares como pago. Según Omar Siguas, investigador de la Universidad Nacional de Huancavelica de Perú, quien lideró un estudio al respecto, «La vicuña no ha contribuido a sacar a ninguna comunidad de la pobreza». La mayoría de los criadores, incluida Andrea Barrientos, nunca han visto ni usado prendas de vicuña. Según datos de Bloomberg, la gran mayoría de ellos son personas quechuahablantes analfabetas, quienes viven con menos de lo que se les paga.

Las narrativas personales como las de Olinda Silvano y Andrea Barrientos, donde la mejora tanto para ellas como para otras mujeres en sus comunidades es escasa, reflejan problemáticas arraigadas que persisten hasta nuestros días. Estas historias ponen de manifiesto una evidente deficiencia en la implementación de medidas efectivas y leyes adecuadas destinadas a proteger y promover los derechos de las comunidades indígenas, así como de las mujeres y niñas que residen en estas zonas marginadas dentro del contexto peruano. La ausencia de un pronunciamiento por parte de la empresa Loro Piana, y la percepción de que esta omisión podría perpetuar la situación, agrega una capa adicional de preocupación. Las noticias y comentarios que emergen en la esfera pública nos recuerdan que, en el trasfondo de estas circunstancias, prevalece la explotación y la injusticia, planteando interrogantes sobre la ética y la responsabilidad social de las entidades involucradas.

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