El Ministerio Público y el camino a la desdigitalización

"Publicados los nuevos montos por copias digitales y certificadas, las primeras críticas han sido orientadas a que este cambio normativo afecta el derecho a la gratuidad de la administración de justicia y a que el monto asignado no tiene fundamento legal o económico que lo justifique, pero eso no es todo".

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Por Valeria Morón. Socia en Macera & Morón Abogados. Abogada por la Universidad de Lima. Magíster en Derecho Penal por la PUCP. Estudios de Maestría en Cumplimiento Normativo en Materia Penal en la Universidad de Castilla – La Mancha.

Enterarse de lo que ocurre en una investigación fiscal es vital para la oportuna defensa legal de cualquier persona que se encuentra inmersa en una investigación de naturaleza penal, sea que tenga la calidad de investigado o agraviado.

Para ello, los abogados tienen dos caminos, el primero, acudir en forma presencial a la sede de la Fiscalía- donde sea que se encuentre- y tomar lectura del expediente fiscal; la segunda, solicitar copias de lo actuado, esperar que la Fiscalía atienda el pedido y programe fecha para la entrega de copias.

Sobre esta necesidad y su operatividad, a lo largo de los años, hemos ido evolucionando. Hace 10 años, los abogados pasaban toda una mañana y/o tarde en la Fiscalía leyendo, tomando notas o transcribiendo actuados. En el año 2017 dimos un paso adelante y tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial permitieron que, en adelante, los justiciables o sus abogados tomen fotografías de los actuados. ¡Gran paso! En el 2020, la pandemia obligó a las autoridades a digitalizar los expedientes (tarea pendiente hace muchos años), y facilito que los abogados accedieran a los expedientes completos ¡EN MINUTOS!

Cuando se pensaba que no había vuelta atrás en cuanto a eficiencia y digitalización, la semana pasada se publicó en el diario oficial El Peruano la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2745-2023-MP-FN que aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio Público, indicando los siguientes montos para la obtención de copias de los actuados de un expediente fiscal: la copia física de una página a S/. 0.10, la misma página escaneada a S/. 0.50, y la misma página certificada a S/. 4.

A simple vista puede no parecer tan grave, pero deben tener en cuenta que un caso simple- 1 denunciado, 1 delito- puede tener en el peor de los casos, un aproximado 15 tomos- cada tomo tiene 200 páginas, entonces el justiciable o abogado que necesite tener copia digital de todo el expediente fiscal, hoy en día deberá pagar S/. 1,500, cuando el mes pasado pagaba S/. 300. Los casos complejos son otra historia, un caso complejo- por ejemplo, los relacionados a la empresa Odebrecht- puede tener aproximadamente 150 tomos, es decir, si el interesado necesita copia digital de su expediente fiscal, debe pagar S/. 15,000, cuando antes pagaba S/. 3,000.

Inclusive, antes de la emisión del nuevo TUPA, las copias digitales no tenían costo al no encontrarse consideradas como tales; no obstante, en el peor de los casos, según el criterio de algunas Fiscalía, podía costar lo que una copia física simple, es decir, S/. 0.10.

Publicados los nuevos montos por copias digitales y certificadas, las primeras críticas han sido orientadas a que este cambio normativo afecta el derecho a la gratuidad de la administración de justicia y a que el monto asignado no tiene fundamento legal o económico que lo justifique, pero eso no es todo.

Este cambio definitivamente se genera un incentivo para que los justiciables y sus abogados soliciten copias físicas porque indiscutiblemente serán más económicas, pero se imaginan la cantidad de papel y tinta, ¿Qué ocurre en los casos complejos con más de 5 imputados y con 200 tomos? ¿Acaso la Fiscalía incentiva la impresión de 200,000? ¿Y el cuidado del medio
ambiente?

Por otro lado, según se expresa en la Resolución Administrativa que aprueba el TUPA, quien no pueda sufragar los gastos por copias, podrá acreditar su condición socioeconómica y ser exento de este pago, pero ¿Cuánto tarda acreditar tal condición y obtener un pronunciamiento? ¿Acaso no es una barrera en el acceso a la administración de justicia?

Definitivamente algo está mal en la modificación y debe corregirse pues los más afectados son los justiciables, quienes verán encarecido el acceso a la justicia. Inclusive, una oportuna defensa legal podría volverse un privilegio.

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