Por: Gustavo M. Rodríguez García
Abogado PUCP y Magíster por la Universidad Austral (Argentina).

Hace algunos días la alcaldesa de Lima anunció la aplicación extendida del Plan Zanahoria. Este plan, que se venía aplicando en algunos distritos, establece limitaciones para el expendio de bebidas alcohólicas en bares y discotecas en función de una determinada hora. No solo eso. También limita el horario de funcionamiento de tales establecimientos comerciales. Nuestra alcaldesa ha justificado su posición señalando que “la gente puede aprender a pasarla bien sin alcohol”.

Realmente, parece ridículo sostener que una medida que restringe el acceso libre a un producto –destruyendo la libertad individual en el camino- pueda ser considerada como una disposición orientada al desarrollo. Sostener que debe defenderse esta medida porque el alcohol tiene efectos nocivos (como lo hemos podido escuchar de algunos comentaristas) bien podría justificar que se prohíban los cigarros, las gaseosas, la comida grasosa, entre otras cosas. Si esa es la fundamentación, es un argumento inaceptable.

Si, por otro lado, el fundamento es la necesidad de reducir la violencia o accidentes derivados del consumo de alcohol, pues lo cierto es que el impacto de la medida será absolutamente intrascendente. Al contrario, lo que la medida genera es el desplazamiento del consumo de alcohol hacia, precisamente, las calles. La medida alienta el acopio de bebidas alcohólicas y su consumo en espacios en los que el control se reduce. Al menos dentro de un establecimiento puede existir un control menos costoso del consumo indiscriminado ya que el espacio de consumo es reducido. En las calles, el monitoreo es mucho más costoso.

Adicionalmente, la medida perjudica negocios legítimamente establecidos en aras de lograr los resultados de imposible verificación que hemos comentado. Finalmente, y no menos importante, el Plan denota cierto desprecio por la libertad individual. Si uno quiere tomar hasta morir, pues debe ser libre de hacerlo. Si se produce un daño, ciertamente deberá adoptarse la medida que corresponda. La propuesta opta por un modelo de intervención ex ante como si la autoridad edil contará con información perfecta sobre las consecuencias del consumo de alcohol en todos los supuestos.

En efecto, cuando el Estado posee menos información sobre la peligrosidad de los actos de los individuos que la información de las propias partes, la intervención legal debe producirse, si acaso, en momentos posteriores. No por el hecho que las armas de fuego sean potencialmente peligrosas, se desaparecen las armas. Siguiendo el esquema de Shavell (Foundations of Economic Analysis of Law, 2004), la intervención puede producirse en tres momentos diferenciados: (i) antes de la conducta; (ii) después de la conducta; y, (iii) después del daño.  Cuando existe menos información y certidumbre sobre los efectos de una conducta, se justifica relegar la intervención a la producción concreta de un daño.

Tomar bebidas alcohólicas no genera daño alguno per se (al menos, no para terceros). Podríamos discutir si se genera un daño para el propio sujeto pero debe resultar claro que la intervención no puede justificarse en el deseo de impedir la proliferación de auto-victímas. En consecuencia, la regla es que en estos casos la intervención debe limitarse a la producción de un daño. El Plan Zanahoria, no obstante, pretende restringir la producción de la conducta.

Las prohibiciones de este tipo posiblemente alienten el consumo de bebidas con efectos fuertes que reduzcan el tiempo de espera para el logro de un resultado determinado. Esto incrementará la violencia y la inseguridad en las calles y, sin duda, producirá un verdadero mercado negro de venta de alcohol fuera de la prohibición. Finalmente, generará un espacio adicional para la corrupción, esto es, para que se pretenda sobornar a los pocos agentes de seguridad o policiales que fiscalicen el cumplimiento del Plan Zanahoria.

En suma, a mi juicio, uno debe ser “bien zanahoria” para creer que este Plan tendrá algún tipo de efecto. Es un Plan que no tendrá los efectos sustanciales que se pretende pero que, sin duda, genera un verdadero costo en términos de libertad individual. Como escribió Mises, “una vez que se admite el principio que el gobierno debe proteger a los individuos de su propia estupidez, no pueden existir objeciones serias contra mayores invasiones”. Particularmente, me parece estúpido que alguien necesite estar cayéndose de ebrio para pasarla bien. Eso no justifica, sin embargo, que apoye un Plan que reconoce la potestad del Estado de tratar a los individuos como incapaces mentales.