Luis Pásara, abogado y doctor en la PUCP, donde fue profesor entre 1967 y 1976. Fundó y dirigió en Lima, durante diez años, el Centro de Estudios de Derecho y Sociedad (CEDYS). Como sociólogo del derecho ha investigado el sistema de justicia a lo largo de más de tres décadas, tanto en el Perú como en Argentina, Costa Rica, Chile, Guatemala y México. Es senior fellow en Due Process of Law Foundation. Reside en España.
JMQ: Respecto a la reciente publicación de su libro “Cipriani como actor político”, me gustaría hablar de este personaje que entre líneas es retratado como un hombre ambicioso, que no solo adquiere protagonismo en el conflicto con la PUCP, en un afán por querer imponer un modelo de universidad afín a sus lineamientos “morales”, sino que además, continuamente interviene en temas de políticas públicas, debates coyunturales construyendo sobre sí una recurrente figuración mediática. ¿Podría decirse que es un ser megalómano?
LP: No lo conozco personalmente y, además, no tengo capacidad para hacer un análisis psicológico. Lo que sí creo es que el Opus Dei genera y atrae este tipo de personalidades, ambiciosas en el sentido político. Y es que el Opus no quiere formar masas sino élites; uno de sus objetivos es preparar gente que tenga influencia social importante, desde la universidad, la política, la economía, el empresariado. De ahí que su personalidad política corresponde muy bien al modelo del Opus. Claro, él le añade a esto un estilo con “carajos” que es personal. Pero su estilo de ambición política viene del Opus y hay que recordar que Cipriani viene de una familia –padre y madre– del Opus.
JMQ: Usted señala que no existen muchas fuentes sobre su vida o trayectoria, ¿a qué se debe esto?
LP: No lo sé. Lo que sabemos y trasciende de él es poco. Se sabe que primero estudió ingeniería, que fue un basketbolista muy importante en la selección nacional, que luego tuvo una vocación sacerdotal tardía y, ya dentro del Opus, todo es oscuridad, de acuerdo al estilo institucional.
No sabemos mucho de él en parte porque no se le ha investigado. El periodismo de investigación no ha tenido curiosidad para escribir una biografía no autorizada de Cipriani que seguramente tendría cosas interesantes. Pero, además, creo que se ha hecho un esfuerzo en no mostrar nada. Hay un libro entero sobre Cipriani, de Federico Prieto Celi, que no menciona casi nada de su vida personal.
JMQ: Regresando al libro en concreto…
LP: Que dicho sea de paso, se está agotando, pese al silencio que los medios mantienen sobre el libro. Creo que la Iglesia -y aquí no hablo sólo del Opus- tiene un mecanismo muy certero cuando se publica algo que no le interesa que sea difundido: es “no hablar”, “silenciar”. Me ocurrió con un libro sobre la Iglesia de izquierda en los años ochenta; por eso no me sorprende que ocurra ese silenciamiento al abordar la Iglesia de derecha.
JMQ: Me interesa el capítulo uno, que muestra la oscura faceta que acompaña al Cardenal: su vinculación con el ex presidente y dictador, Alberto Fujimori, y su postura respecto a temas de Derechos Humanos. ¿Puede desarrollar más a fondo este punto?
LP: Como señalan varias fuentes, él hizo campaña por el FREDEMO y, en consecuencia, perdió. Sin embargo, cuando Fujimori fue elegido, se produjo un acercamiento. No está claro en qué momento. Pero, de hecho, cuando Fujimori visita Ayacucho ya existe una relación establecida. A partir de eso, Cipriani se convierte en un asesor importante de Fujimori. Hay quienes dicen que “nada se movía en Ayacucho, sin que Cipriani lo aprobara”.
Cipriani le fue útil al gobierno de Fujimori en el manejo de la estrategia anti-subversiva en Ayacucho porque es un “animal político”, que seguramente tenía una perspectiva mucho más aguda y enterada que muchos de los dirigentes políticos propiamente dichos. Además, la Iglesia maneja una red social de información y probablemente el obispo Cipriani sabía de Ayacucho lo que otros no sabían. De allí la importancia de su relación con los militares, en el Comando Político Militar de Ayacucho. Es un capítulo clave en la historia de Cipriani sobre el cual no hay mucha información. Se necesita un disidente, un militar retirado, que cuente lo que ocurría allá dentro.
JMQ: Se le atribuye incluso -cada que mencionan este nexo con Fujimori- haber colgado el cartel fuera de la Iglesia sobre su postura en relación a los DDHH. Claro, esto es algo que él ha negado…
Hay muchos testigos que dicen que había un cartel que decía “aquí no se aceptan quejas sobre derechos humanos”. Está publicado el testimonio de un ex sacerdote jesuita al cual el obispo le reprochó haberle llevado al padre de un desaparecido. Algo distinto es esa discusión algo tonta sobre la frase que publicó Caretas. Lo importante es lo que él hizo y dejó de hacer en Ayacucho como cabeza de la Iglesia: es evidente que el tema de los derechos humanos no le importaba, como se puede leer en varios textos suyos. Su versión de los derechos humanos se circunscribe al aborto, pero no defiende el derecho a la vida en términos más amplios. Su preocupación por el aborto es comprensible, pero lo que no es comprensible es que reduzca el derecho a la vida a ese tema, sobre todo en un país donde se mataba gente por millares, sobre lo cual él no dijo ni hizo nada.
JMQ: Cambiando de tema, respecto a la reforma judicial que usted plantea en el libro recientemente publicado, “Una reforma imposible”; hace poco salió una columna de Martín Tanaka, en la cual se entrelucía cierto pesimismo con respecto a esta reforma. ¿Cuáles son los principales obstáculos que impiden que esto se realice?
LP: Yo no diría que tengo pesimismo sobre el asunto; sí cierto escepticismo acerca de que se pueda generar una justicia realmente distinta. Este escepticismo proviene del hecho de que los intentos de reforma empezaron hace 30 años y los resultados son los que todos conocemos: se ha logrado poco y ha sido caro; la cooperación internacional ha sido grande y los presupuestos nacionales para justicia se han incrementado significativamente. Durante décadas el argumento para explicar que tuviéramos malos jueces era que se les pagaba poco; efectivamente, tenían sueldos muy bajos. Ahora, los sueldos no son bajos y seguimos teniendo jueces, en algunos casos, impresentables. Después de haberse gastado mucho dinero, seguimos teniendo los mismos problemas.
JMQ: También de repente el problema está en entender la justicia como meramente una competencia del Poder Judicial cuando ello trasciende del campo jurídico, a la sociedad y a otras entidades…
LP: Esa es una de las complicaciones. El primer ámbito en el cual hay que actuar para pensar la justicia en términos de cambio es el de la formación de abogados. Tanto desde el punto de vista de la cantidad –somos demasiados–, como de la calidad –que es pobrísima–. Y estoy pensando incluso en la Católica. La enseñanza del derecho genera una manera de ver la justicia que mira sólo al derecho, no a la realidad; esto trae consecuencias en los comportamientos profesionales: no solamente en los jueces sino en los abogados litigantes. Cuando uno examina expedientes judiciales comprueba que el papel de los abogados, “la defensa” y “el patrocinio” en muchos casos son nulos; esto es, que si el abogado no interviniera, el resultado sería el mismo.
Ese producto se explica porque, de una parte, tenemos una muy mala formación profesional y, de otra, porque hay un sector de abogados –que es bastante numeroso–, que no cobra caro a fin de tener muchos clientes a los que en realidad no le prestan un servicio efectivo. No estoy hablando de los abogados de Azángaro sino de un sector medio de abogados que engaña a la gente: les hace creer que tienen un abogado y en realidad no lo tienen en términos prácticos. Esto me parece dramático.
El problema de la justicia nace, pues, en las facultades de derecho. Desde ahí el árbol crece torcido.
JMQ: De repente a nivel latinoamericano, ¿qué podría imitarse de otros países que, en nivel de avances en reforma judicial, se contraponen al Perú?
LP: Cuando uno piensa en países donde la justicia va mejor que en otros, se nombra a Uruguay y Costa Rica. Colombia, en las altas cortes, pero la justicia del resto del aparato judicial tampoco funciona del todo bien.
JMQ: ¿Qué los diferencia?
LP: Aquello que nos diferencia de Colombia es la formación, que uno comprueba cuando lee revistas y libros colombianos y los compara con lo que se publica en el Perú. En los otros dos casos aparece un factor diferencial de otro orden. Uruguay y Costa Rica son países en los que no sólo la justicia sino una serie de instituciones funcionan mejor. Entonces, decir que la reforma de la justicia aplicada en Costa Rica explica la justicia que tiene ese país, no es verdad. Esas diferencias de historia, de trayectoria nacional, hacen inútil “importar” un modelo de justicia. Esa importación es uno de los vicios en los que se incurre y el Banco Mundial patrocina como “buenas prácticas”.
Veamos el ejemplo de la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional por el Congreso. Mirando a los resultados de la elección anterior, hay quien piensa que se debe adoptar una fórmula distinta de elección. Pero el problema no reside en esa fórmula sino en que este país elige un Congreso que es un desastre; entonces la fórmula da resultados degradados. Con la Asamblea Nacional de Rectores ha ocurrido lo mismo; tener un poder decisorio en dicho órgano parece, en abstracto, razonable; en los hechos lleva a un tráfico de intercambios de favores y de corrupción. En el país, ¿alguien puede inventar una fórmula que esté libre de contaminarse?
JMQ: Pero si no fuera el Congreso, ¿cree que otro órgano debería elegir? Por ejemplo, ¿el Consejo Nacional de la Magistratura?
LP: Lo estamos viendo en estos días. Según informa la prensa, tres miembros del Consejo están vinculados al caso del Gobierno Regional de Áncash. Puede haber mil fórmulas para elegir jueces y magistrados. El problema de fondo se halla en la degradación que está ocurriendo actualmente en el país. Por eso es que hay cierto entusiasmo ante la elección del nuevo Tribunal Constitucional, no porque sea extremadamente bueno sino porque la mayoría de elegidos son gente aceptable.
JMQ: Quiero comentarle una experiencia que tuvimos hace poco en un Juzgado Constitucional, donde llegamos a evidenciar una realidad espantosa, la carga procesal post huelga era abismal, el Juzgado estaba hacinado de papeles, documentos, files, etc. ¿Qué hacemos para solucionar este problema?
LP: Lo primero es revisar qué asuntos no deben ir a la justicia y preguntarse cuáles son los asuntos que realmente necesitan de la intervención del Estado. Todo lo que no es contencioso no debería ir a la justicia. Otro nivel es el interno: dentro del propio Poder Judicial se debe eliminar pasos y trámites; esto no es cambiar el código sino cambiar la organización. En eso se ha avanzado en algunos países: se ha revisado con especialistas todos los pasos inútiles que hay en los procesos, que no son más que rutinas inconducentes. Finalmente, lo que en realidad importa es la calidad de las sentencias. En eso se puede avanzar mucho.
JMQ: Visto así el panorama, parece que no estamos por buen camino, dado los recursos que tenemos, ¿qué ve viable a corto plazo?
LP: Yo creo que no es un problema de recursos. Tengo un ejemplo ilustrativo, contado por una fuente muy confiable. En la época de Fujimori vino al Perú el ministro alemán de Cooperación y se entrevistó, entre otras autoridades, con el presidente de la Corte Suprema. Le preguntó ¿cómo podía colaborar Alemania con una mejora de la justicia peruana? El presidente pensó un momento y dijo que los vehículos de los jueces de la Corte Suprema eran muy antiguos; el ministro se dio cuenta de que no había nada que hacer en el Poder Judicial peruano.
En muchos países se ha comprobado que tener un mayor presupuesto no produce mejores resultados. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, en la primera década de este siglo se duplicó en términos reales el presupuesto de la función judicial; sin embargo, no aumentó el número de sentencias.
Además de mejores diagnósticos, se necesita mejores actores y contar con vigilancia social sobre el sistema. Por eso, a pesar de que han pasado 30 años de reforma, no tenemos los elementos para realizar la reforma o son muy débiles.
JMQ: Para terminar, como usted me decía, uno de lo grandes problemas se encuentra en la formación de los nuevos agentes del Derecho y eso se relaciona mucho con la enseñanza jurídica. Yo quería saber más sobre el trasfondo, la calidad de la enseñanza que sigue siendo una problemática en el Perú. ¿Qué opina respecto de la calidad de enseñanza hoy en día? ¿Cree que debiera de ser regulada por algún ente regulador? Hoy en día las secuelas, claramente, se deben a la liberalización del mercado en los 90, pero ¿qué hacemos hoy entonces? Se ha planteado la creación de una Superintendencia que vigile o que pueda regular lo que es la calidad. ¿Qué opinión le merece?
LP: Hay países que lo han intentado y han tenido resultados relativamente aceptables. Como usted bien dice, lo que hay que tener en mente es de dónde sale el problema. En el Perú el problema sale de la ley universitaria de Fujimori, que convirtió la universidad en un negocio; un negocio privado y sin ningún control, gracias al fracaso de la Asamblea General de Rectores, que se convirtió en una feria. Los inversionistas criollos que venían de cualquier otro negocio descubrieron en un determinado momento que podían hacer mucho dinero con la enorme expectativa educativa que hay en el país, mucho más dinero que en una fábrica. Entonces, la combinación de estas dos cosas, la colocación expresa del lucro como un objetivo, como en un supermercado, y el funcionamiento degradado de la Asamblea Nacional de Rectores, ha producido lo que tenemos hoy.
JMQ: Sí pero, ¿qué responde a quienes dicen que crear una entidad reguladora como la SUNEU podría vulnerar la autonomía universitaria, la libertad de cátedra…?
LP: Invocar la autonomía universitaria a estas alturas para defender lo indefendible… Siempre he creído en la autonomía universitaria, pero cuando uno ve lo que son algunas universidades, cuando uno ve a ciertos profesores de una facultad de derecho, ve que algunas facultades no tienen bibliotecas y que los alumnos van unas cuantas horas por semana… El domingo descubrí que en el Penal de Castro Castro hay una suerte de filial de la Universidad Alas Peruanas que enseña derecho; los profesores van los sábados. Cuando uno ve todo esto, defender el estado de cosas con el argumento de la autonomía universitaria es absurdo. La autonomía universitaria es importante pero igualmente importante es contar con universidades dignas de tal nombre.
Entonces, hay que encontrar una fórmula que no es fácil para que un mínimo de calidad esté asegurado sin violentar el funcionamiento autónomo de la universidad. La pregunta es: ¿quién puede hacerse cargo de eso? Hace casi treinta años que no vivo en el Perú, pero entiendo que existió un sistema de acreditación que funcionó relativamente bien en medicina. Habría que mirar qué pasó y cómo se logró. Un control puramente estatal es indeseable. Vemos a diario que el Estado mismo debe ser controlado.
JMQ: Lo que se criticaba es que la Superintendencia estaba directamente relacionada o adscrita al Ministerio de Educación. Y, el Ministerio, siendo del Poder Ejecutivo, podría tener cierta injerencia.
Más que injerencia política, es influencia clientelar. Son estas mafias informales y mutantes que asoman donde uno mira contando con información. Aparecen en todas partes. Si se levanta una superintendencia para supervisar las universidades, seguramente las mafias van a entrar allí y serán las que van a nombrar rectores, decanos, profesores y van a manejar el sistema de ingreso. Entonces, es muy complicado imaginar fórmulas para ejercer esa supervisión o esa acreditación, sin que eso se convierta –como tantas cosas en el país– en una arbitrariedad. Un sistema mafioso y extorsivo sería un remedio peor que la enfermedad.
Se tiene que hacer algo en este terreno, pero me siento muy atado de manos para decir qué se podría hacer y cómo se podría hacer. Estoy escandalizado por el asunto del gobierno de Áncash, porque revela que algo profundo se está descomponiendo en el país y no lo queremos ver. Esa descomposición está presente en muchos lugares e instituciones. ¿Dónde están los lugares sanos a los que podemos echar mano?
