1. Comerciantes de Mesa Redonda protestan contra la Ley 31980 por restricciones en sus negocios

Una nueva ola de protestas se ha iniciado en Lima, con comerciantes de Mesa Redonda sumándose a las manifestaciones en contra del Congreso y el Gobierno debido a la Ley 31980. Esta norma, que entrará en vigencia en enero de 2025, establece nuevas regulaciones para el Centro Histórico de Lima, restringiendo los negocios en la zona a sólo cuatro rubros: artesanía, alimentos, librerías y hoteles. Es así que, los comerciantes aseguran que esta medida afectará gravemente sus ingresos y empleos, pues quedarían fuera sectores como juguetes, electrodomésticos y ferretería.

Como consecuencia, el día 16 de octubre, los manifestantes bloquearon el tránsito en la avenida Abancay y portaron pancartas exigiendo la derogación o modificación de la Ley 31980, la cual fue elaborada con el argumento de proteger el patrimonio cultural de Lima. Sin embargo, los comerciantes sostienen que la ley desconoce sus necesidades y amenaza con eliminar miles de empleos en la zona. En concreto, Américo Quispe, presidente del conglomerado de Mesa Redonda, denunció que cerca de 18.000 comerciantes se verían directamente perjudicados por esta regulación.

Por su parte, la entidad Prolima, responsable de la elaboración de la ley, negó que esta promueva un cambio en los giros comerciales aprobados desde 2019 bajo la Ordenanza N.° 2195 y más bien, Juan Pablo Zavala, vocero de Prolima, señaló que la emisión de licencias de funcionamiento para negocios como la venta de ropa, juguetes y electrodomésticos continúa con normalidad, lo cual fue desmentido por los comerciantes, quienes insisten en que la ley generará un impacto negativo en sus actividades.

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, anunció que presentará un proyecto de ley para revisar la situación y corregir posibles errores en la aplicación de la norma. Mientras tanto, los comerciantes de Mesa Redonda advierten que, si no se consigue una solución, seguirán realizando paros y manifestaciones para defender sus fuentes de trabajo, las cuales constituyen el sustento de sus familias. 

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2.  Congreso de la República modifica la Ley 32108 de crimen organizado manteniendo figuras controversiales

El Congreso de la República aprobó varias modificaciones a la controvertida Ley 32108, que regula el crimen organizado, sin tomar en consideración las demandas de distintos sectores sociales que solicitaban su derogación. A pesar de las críticas de expertos y organizaciones civiles, la norma fue modificada en ciertos aspectos, como la definición de «organización criminal» y el establecimiento de penas mínimas para los delitos relacionados. Sin embargo, el Congreso mantuvo puntos clave discutibles, como la obligatoriedad de contar con un abogado de la defensa pública durante los allanamientos.

Uno de los aspectos más relevantes de la modificación es la definición de «organización criminal», que ahora incluye estructuras compuestas por tres o más personas que operan de manera coordinada para cometer delitos sancionados con penas privativas de libertad iguales o mayores a cinco años. A pesar de que algunos legisladores impulsaban cambios más significativos, las enmiendas aprobadas fueron catalogadas por varios como «insuficientes». Además, se reiteró la necesidad de la presencia de un abogado durante los allanamientos, aunque se permita que la diligencia continúe hasta la llegada del defensor privado si el investigado lo solicita.

El debate en el Congreso también incluyó la incorporación de un nuevo delito, denominado «criminalidad sistemática», que contempla la cadena perpetua para quienes, utilizando armas o explosivos, cometan actos de secuestro, sicariato, entre otros, que generan terror en la población. A pesar de las divisiones internas y el rechazo de sectores que pedían la derogación total de la ley, el pleno votó a favor de las modificaciones con una mayoría significativa, asegurando que el marco legal contra el crimen organizado sigue vigente.

En paralelo, diversas asociaciones de transportistas anunciaron un paro nacional para el 23 de octubre, en protesta contra la inseguridad y en demanda de la derogación de la Ley 32108, puesto que los gremios consideran que la norma, lejos de combatir el crimen, les afecta negativamente, al no ofrecerles la protección adecuada frente a las extorsiones y amenazas que enfrentan. En este sentido, dicha movilización busca presionar al Congreso para que revise las medidas adoptadas y atienda las demandas de seguridad ciudadana y justicia para el sector.

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3.  Parlamento de Reino Unido Discute Proyecto de Ley sobre muerte asistida en enfermos terminales

El Parlamento de Inglaterra y Gales ha lanzado formalmente un proyecto de ley para legalizar la muerte asistida en adultos con enfermedades terminales. La iniciativa, liderada por la diputada laborista Kim Leadbeater, se debatirá por primera vez el 29 de noviembre, momento en el que los diputados votarán según su conciencia individual. Este proyecto ha suscitado un intenso debate público, dividiendo opiniones entre quienes defienden el derecho a morir con dignidad y quienes temen que la ley ponga en peligro a personas vulnerables.

El proyecto de ley permitiría a los adultos con enfermedades terminales, mentalmente competentes y con una expectativa de vida de seis meses o menos, optar por una muerte asistida bajo ciertas salvaguardias. Mientras algunos defensores, como la organización «Dignity in Dying», ven la propuesta como un avance necesario, opositores como el Dr. Gordon Macdonald, de «Care Not Killing», advierten que podría enviar un mensaje de desvalorización de la vida de personas vulnerables, incluidas aquellas con discapacidades o bajos ingresos.

Por otro lado, Kim Leadbeater ha subrayado que su propuesta se ha basado en la observación de otras jurisdicciones, como Oregón y ciertos estados de Australia, donde este tipo de leyes ya están en vigor con criterios estrictos y claros. Sin embargo, figuras prominentes, como el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, han expresado su preocupación de que la legalización de la muerte asistida podría llevar a un efecto «pendiente resbaladiza», donde se amplíe su aplicación a personas fuera del criterio inicial.

Si el proyecto de ley avanza en las siguientes fases, se someterá a más debates y votaciones antes de llegar a la Cámara de los Lores. La decisión final no se tomará hasta el próximo año, pero encuestas recientes revelan que más de dos tercios del público británico apoyan la legalización de la muerte asistida, lo que podría influir en el curso de la votación parlamentaria.

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4.  Italia prohíbe el turismo reproductivo mediante gestación subrogada

En Italia, se ha aprobado una ley que sanciona a quienes viajen al extranjero para recurrir a la gestación subrogada, con penas de hasta dos años de cárcel y multas que podrían alcanzar un millón de euros. Esta medida, impulsada por el gobierno de Giorgia Meloni, extiende la prohibición de esta práctica dentro del país y tiene como objetivo frenar el llamado «turismo reproductivo». La legislación ha sido aprobada con 84 votos a favor y 58 en contra en el Senado italiano, pese a las críticas de diversos sectores que consideran que perjudica principalmente a las parejas del mismo sexo.

En este sentido, Meloni, primera ministra de Italia y líder del partido conservador Hermanos de Italia, ha promovido una agenda que defiende los valores tradicionales de la familia, oponiéndose a la gestación subrogada, especialmente para las parejas LGBTQ. Durante su mandato, ha hecho énfasis en que los niños deben ser criados por un hombre y una mujer, y ha expresado su rechazo a la gestación subrogada, considerándola una práctica «inhumana» que cosifica a los niños. La nueva ley es vista por sus críticos como una medida que limita aún más los derechos de las familias LGBTQ, quienes ya enfrentan restricciones para adoptar o acceder a la fertilización in vitro en el país.

Los detractores de la ley señalan que, aunque la mayoría de las parejas que recurren a la gestación subrogada en Italia son heterosexuales, lo hacen de manera discreta. En cambio, las parejas homosexuales, al no poder ocultar el origen de sus hijos al regresar a Italia, se ven directamente afectadas por la nueva legislación. Por tanto, activistas, como Franco Grillini, han calificado la ley como «monstruosa» y denuncian que Italia es el único país con una prohibición tan estricta que criminaliza la búsqueda de gestación subrogada fuera de sus fronteras.

En un contexto de descenso demográfico histórico en Italia, esta nueva ley ha generado protestas y controversias. Los críticos advierten que la medida dificulta la posibilidad de ser padres en un país que necesita incentivar la natalidad, mientras que el gobierno sostiene que protege la dignidad de las mujeres y defiende una visión conservadora de la familia tradicional.

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