Por: Andrés Calderón
Abogado por la PUCP, candidato a Máster in Law (LL.M.) por la Universidad de Yale y profesor de Derecho en la PUCP y UPC
Twitter: @MedioLegal
Republicado con permiso. El link al original se encuentra aquí
¿Ollanta Humala indultará a Fujimori?, ¿su esposa Nadine Heredia postulará a la presidencia en el año 2016?, ¿se mantendrá el Gobierno con la Hoja de Ruta, o volverá al antiguo plan de la Gran Transformación?, ¿el gobierno peruano decidirá finalmente comprar Repsol?
Salvo la última interrogante descartada la semana pasada, dudo mucho que algún peruano pueda dar una respuesta certera a las preguntas planteadas. Ni opositores, ni oficialistas, ni “garantes”, ni “pre-candidatos”, ni los casi 8 millones de personas que votaron por él en segunda vuelta en el 2011, ni los 8.5 millones que no votaron por él. Después de la reciente comodísima entrevista que dio el presidente Humala a Nicolás Lúcar y David Rivera, pensaría que las dudas crecieron aún más. Si se hiciera una encuesta en este momento, el No Sabe / No Opina probablemente sería la respuesta más razonable.
Se trata de un tema de confianza. No sabemos si el presidente Humala cumplirá con su ofrecimiento moderado de segunda vuelta, o convertirá en acción su discurso inicial cercano a la izquierda más radical. El asunto “Repsol” podrá haber quedado en el pasado, pero para muchos ciudadanos quedará en el retrovisor como señal de alerta. Solo nos queda su palabra, la que no genera mucha seguridad.
Imagine cómo se sentiría usted si días antes de su boda, la empresa del catering, los músicos, y hasta el dueño del local de la fiesta, le comunican que no es seguro que vayan a cumplir con sus obligaciones. Imagine que, muy sueltos de huesos, los proveedores de su empresa le dicen un buen día que todavía están evaluando si van a cumplir o no con entregarle los materiales que necesita para trabajar. Más allá de que nadie está completamente inmune a estas ocurrencias, las personas celebramos contratos para reducir estos riesgos, y pactamos penalidades para incentivar a nuestras contrapartes a cumplir con su parte del trato.
Y esto se pone de manifiesto en muchas otras áreas. Si una aerolínea le ofrece un pasaje a S/.500 soles y luego le cobra S/.1,000, puede ser multada por publicidad engañosa. Si un periodista afirma que una persona es un delincuente sin ninguna prueba o con total negligencia, puede ir preso por difamación. Pero parece ser que en política sí hay carta blanca para prometer y no cumplir. No hay ninguna sanción o remedio jurídico para quien falta a su palabra.
Alguien podría decirme que los altos funcionarios sí tienen responsabilidad política, pero los mecanismos constitucionales previstos para ello (por ejemplo, la censura ministerial) están pensados bajo presupuestos distintos al del incumplimiento de promesas electorales, algo a lo que ya estamos acostumbrados. A ello creo que podríamos sumarle que en el Perú prácticamente no existen los “muertos políticos”, o en todo caso, no escasean los zombies.
Entonces, si la ley no obliga a los políticos a mantener sus promesas, y si la responsabilidad política tampoco parece desincentivar el incumplimiento de lo ofrecido, ¿qué remedio nos queda?
Hace 2 años, mi amigo Alfredo Bullard, proponía crear el “Indevopri”(Instituto de Defensa del Votante y del Privado), una plataforma privada que permita registrar las ofertas electorales de los candidatos a un cargo público y monitorear el cumplimiento de dichas promesas. Haciendo evidentes las promesas incumplidas, los ciudadanos podríamos castigar a los políticos con nuestros votos futuros. Luego, en el 2011, después de la primera vuelta electoral, surgieron iniciativas ciudadanas que propugnaban que Ollanta Humala y Keiko Fujimori se comprometieran contractualmente por escrito a una serie de obligaciones como no indultar a sus familiares en cárcel, Antauro Humala y Alberto Fujimori, no expropiar ni estatizar empresas privadas, no cerrar medios de prensa, entre otros.
Creo que estas iniciativas privadas son interesantes y valiosas por el hecho de que devuelven al ciudadano la capacidad de fiscalizar directamente a los políticos y porque, a través de penalidades (económicas o reputacionales), crean incentivos en los candidatos para cumplir sus promesas. También creo que nos acercan al modelo dedemocracia fiduciaria propuesto por Gonzalo Zegarra, una idea de poco valor para muchos políticos peruanos si reparamos en sus acciones.
Hoy en día, existen empresas que se dedican al negocio de estos “contratos de compromiso”. En su libro, Carrots and Sticks, el abogado y economista Ian Ayres, fundador de Stickk.com, una de las principales empresas dedicadas a facilitar estos compromisos, explica cómo estos contratos han ayudado a motivar a que miles de personas cumplan con metas personales que van desde perder peso o dejar de fumar, hasta cumplir con las fechas límites de sus trabajos o llamar semanalmente a su abuela. La idea básica es ésta: “respalda tu promesa con tu dinero”. Así, si alguien pone en juego $100 bajo la promesa de bajar 3 kilogramos de peso, tiene el incentivo de cumplir con el ofrecimiento, pues de lo contrario perdería el dinero. Así, más de $13 millones ya se han puesto en juego a través de estos compromisos.
Siguiendo esta fórmula, uno podría pedirle a un candidato que ponga una cantidad X de su propio patrimonio en Stickk.com u otro intermediario como garantía del cumplimiento de su promesa electoral. Eso los llevaría a valorar más su palabra y ser más cautos al momento de hacer una promesa. Y a los ciudadanos nos daría más confianza y tendríamos menos columnas pidiendo al presidente que haga lo que dijo que iba a hacer.
