Por: Carla Cabanillas Linares
Estudiante de Derecho en la PUCP y miembro del Consejo Editorial de Enfoque Derecho.
A pesar de que con un pequeño ejercicio lógico se puede caer en la cuenta de que la educación es la base para el desarrollo y el catalizador para repotenciar nuestro capital humano, los gobiernos anteriores no se habían esforzado por darle la importancia que a todas luces merece. Ahora, a pocos meses de las elecciones presidenciales, este tema pasa al plano mediático y ha cobrado protagonismo. Sin embargo, esto no es un buen augurio, pues, como todo lo que se politiza (y como la experiencia lo ha demostrado), una vez obtenido el fin deseado – llegar al poder – estos temas vuelven al cajón del olvido o se ignora lo avanzado y con harta actitud egoísta se pretende empezar de cero. ¿Acaso para no reconocer algún logro anterior o volver nimio cualquier avance? Sin embargo, hay que reconocer que ahora – más que en elecciones pasadas – los candidatos muestran un especial interés y reconocen la importancia y necesidad de un Reforma Educativa.
Algunas cifras: El Ministerio de Educación evaluó 129 Institutos superiores pedagógicos públicos y sólo 29 obtuvieron un resultado “óptimo-satisfactorio”, y de 213 institutos privados solo 47 obtuvieron esa calificación[1]. Por otro lado, egresan más profesores de estos institutos de lo que realmente se necesitan (aunque muchos sin las capacidades que se requieren, como por ejemplo que puedan adecuarse al plan de Educación Intercultural Bilingüe, para aquellos que enseñan en zonas rurales).
En los últimos años han sido notables los esfuerzos por revertir esta situación e implementar políticas públicas dirigidas a mejorar el sector educación, como la Ley de Carrera Pública Magisterial, la cuál se encuentra articulada con el Proyecto Nacional de Educación elaborado en el marco de la Ley General de Educación. Este proyecto plantea un trabajo estratégico con seis objetivos principales: oportunidades y resultados educativos equitativos, enseñanza de calidad, maestros bien preparados que ejerzan profesionalmente la docencia, gestión educativa descentralizadora y democrática, educación superior de calidad interconectada al desarrollo y a la competitividad nacional, fortalecimiento del sentido de la ciudadanía y del compromiso social. Objetivos que se lograrán con la participación de la sociedad civil, los medios de comunicación (los cuales deberán desempeñar más y mejor el papel educador que les asigna la Constitución Política) y el sector privado. La Ley general de Educación, asigna responsabilidades a las empresas como parte de la sociedad (artículo 24); este sector se encuentra llamado a promover alianzas estratégicas con instituciones educativas, a participar en el diseño de políticas educativas y a participar en el desarrollo de programadas educativos y culturales. En esa misma Ley, también se llena de contenido la labor de la sociedad civil en relación a la educación.
Sumidos totalmente en una actitud inerte, el proyecto mencionado se dejó por largo tiempo en manos de los diversos gobiernos que pasaron por el poder que hagan toda la labor, sin desempeñar un papel no sólo fiscalizador por parte de la sociedad civil sino también participativo.
Asimismo, las políticas públicas educativas no pueden estar aisladas. Niños mal alimentados, falta de acceso a centros educativos (en especial en zonas rurales), infraestructura en mal estado son situaciones que deben ser tratadas de la mano con políticas de salud y saneamiento. De igual manera, los avances en ese campo deben interconectarse con el desarrollo económico. Las circunstancias son propicias para orientar nuestro capital humano a través de la educación a crecer junto nuestros niveles de ascenso económico.
El camino está trazado, siendo necesario incluir los presupuestos del mencionado proyecto en los planes de gobierno, aterrizándolos en la realidad y propiciando el debate en este tema. Queda aún mucho por hacer; entre las principales barreras se encuentran: el tema burocrático, la falta de capacidad de gestión, la poca desarrollada descentralización y el necesario consenso para ampliar las bases tributarias que permitirán llegar al 6% del PBI que necesita esta Reforma Educativa (según lo planeado por Consejo Nacional de Educación).
En muchas ocasiones he escuchado decir que si una persona no tiene un objetivo, una meta trazada, es como un barco que no tiene un norte y va arrastrado por la corriente; en similar situación nos encontrábamos respecto a la educación. Ya tenemos el norte; pero todo proyecto debe tener un plazo, el nuestro no es corto. Es un trabajo de constante esfuerzo y participación, que no dependerá únicamente de políticas públicas; nosotros, la sociedad civil, tenemos ahora un rol protagónico.
[1] SÁNCHEZ MORENO,Guillermo y otros. Construyendo una política de Formación Magisterial (1997-2006). Lima,MED-GTZ,2006.Pág.31 citado en Proyecto Educativo Nacional al 2021.
