Por Andrea Marcela Paliza Olivares, abogada por la PUCP con Segunda Especialidad en Derechos Fundamentales y Constitucionalismo en América Latina. Comisionada de la Adjuntía para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo.
Hace unos días, salió publicada, en la web de El País[1], una entrevista al nuevo presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, en la que se le consulta sobre su posición respecto a la igualdad de derechos de personas LGTBQI+ y mujeres, en atención a unas publicaciones de carácter misógino y homofóbico que hizo en redes sociales. Él respondió que “el peruano no está preparado como sociedad para cambios culturales tan chocantes”[2]. Esta afirmación, si bien la realiza aludiendo a su lugar de origen, también se extiende a realidades más urbanas.
Un ejemplo claro lo vemos en la discusión sobre la transversalización del enfoque del género. Quienes están a favor reconocen que es una herramienta para lograr la igualdad y quienes están en contra lo ven como una estrategia de ideologización que pervertiría el orden natural de las cosas, por lo que lo llaman ideología de género[3]. Más allá de qué tendencias políticas se encuentren en uno y otro polo, la afirmación del premier tiene como fuente una realidad que no podemos obviar.
Entonces, ¿por qué ha generado tanto cuestionamiento? En primer lugar, desconoce que, en atención a la Convención para erradicar todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), suscrita por nuestro país, el Estado está obligado a cambiar los patrones socioculturales que, en base a prejuicios y practicas consuetudinarias, avalen la inferioridad de la mujer (art. 5, 1979). En tal sentido, la falta de preparación de la ciudadanía no es una excusa para dejar de trabajar en el cierre de brechas.
En segundo lugar, dicha afirmación pone en duda si se continuará con la implementación de las políticas públicas orientadas a reducir la discriminación y la violencia, como son la Política Nacional de Género y la Ley Nº. 30364, respectivamente. Sobre esta última, se ha trabajado para mejorar la atención a las víctimas; sin embargo, se ha dejado de lado la prevención de estos hechos, justamente lo que implica cambiar los patrones culturales.
En tercer lugar, siendo el encargado de la coordinación y monitoreo de las políticas nacionales y de la gestión que realizan los ministerios –entre ellos, el de la Mujer y Poblaciones Vulnerables–, su respuesta dada genera incertidumbre de cómo actuará el Gobierno en esta materia, más aún cuando se han designado funcionarios con antecedentes por violencia familiar. En tal sentido, lo hasta ahora dicho y mostrado parece dar indicios de un retroceso en la lucha contra la violencia y discriminación.
Este panorama adverso, sin embargo, da una oportunidad para analizar y replantear cómo se ha construido el discurso por la igualdad. Así, por ejemplo, se debe reconocer que se ha excluido las voces de las mujeres en sus diversidades y se debe apostar por su inclusión. Esto significa incorporar a las mujeres nativas, campesinas, afroperuanas, con discapacidad, niñas, adolescentes, LGTBQ+, entre otras, en el análisis, construcción y gestión de los programas contra la violencia y la discriminación, especialmente, de aquellos en los que son las principales beneficiarias. Ello implica escuchar sus experiencias y propuestas con respeto y en igualdad de condiciones.
Este trabajo, en vez de retroceder en lo avanzado, debe buscar el reforzamiento de lo ya existente para cerrar las brechas, así como la elaboración de nuevas estrategias que consideren desde su concepción la diversidad de nuestro país. De este modo, ante el discurso de que el enfoque de género o las políticas de igualdad son externas y en ocasiones opuestas a nuestras culturas, especialmente, desde el punto de vista indígena[4], la mejor objeción que se puede dar está ligada a reafirmar que se puede construir una respuesta que armonice la preservación de lo cultural y la eliminación de la discriminación.
Para ello, reiteramos, se debe acudir a las diversidades de mujeres. Son ellas quienes, en base a sus conocimientos y vivencias, pueden dar mejores soluciones a estos problemas abordándolos desde enfoques interseccionales. Esta participación, además, no se debe limitar a cuestiones asociadas al género femenino, sino a la variedad de problemas que afectan a la ciudadanía ya que, como lo ha señalado la Defensoría del Pueblo[5], existe un impacto diferenciado entre hombres y mujeres.
Finalmente, se debe comprender que el problema de las mujeres o de los derechos de las mujeres no es uno más entre los que debe atender el Estado, o una situación que afecta a una población minoritaria o sectaria que se puede dejar de lado. Las mujeres son la mitad de la población y solo podemos avanzar si todos y todas colaboramos. Por tal motivo, seguir trabajando por la igualdad, además de ser una cuestión de derechos humanos y una obligación estatal, es un requisito para el desarrollo. Este no debe enmarcarse únicamente en el crecimiento económico, sino que debe garantizar el bienestar social de toda la ciudadanía y el respeto de su derechos.
REFERENCIAS
[1] Quesada, Juan Diego. “Hay que persuadir a la mayoría de los peruanos para reformar la Constitución”. Consulta 13 de mayo de 2021 https://elpais.com/internacional/2021-08-06/hay-que-persuadir-a-la-mayoria-de-los-peruanos-para-reformar-la-constitucion.html
[2] Idém
[3] Término acuñado desde una retórica conservadora. Ver: https://promsex.org/la-ideologia-de-genero-una-estrategia-retorica-conservadora/
[4] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las mujeres indígenas y sus derechos humanos en las Américas. Consulta 13 de mayo 2021 http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/mujeresindigenas.pdf<
[5] Serie de informes especiales nº016-2020-DP
