Por: Diego Macera
Ex analista de Semana Económica y estudiante en la maestría de Políticas Públicas de la Universidad de Chicago
De un tiempo a esta parte, las argumentaciones a favor y en contra del proceso de revocatoria a Susana Villarán y a su equipo municipal, en muchos casos, parecen confundir dimensiones distintas de la discusión. A continuación se presenta un humilde esfuerzo por colocar los principales argumentos en sus respectivos contextos y esclarecer así de cierto modo el debate a través de las tres preguntas claves.
1. ¿Debió convocarse a una consulta popular para el proceso de revocatoria?
Formalmente, los artículos 2°, 31° y 194° de la Constitución garantizan el derecho a la revocatoria de alcaldes y otras autoridades. A diferencia de la figura de vacancia, no hay causales explícitas para solicitar un proceso de revocatoria. La solicitud, según el artículo 21° de la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, debe ser “fundamentada y no requiere ser probada”. Así, entre los principales motivos de revocatoria de alcaldes en el Perú, según el JNE, se cuenta la “pérdida de confianza del pueblo en el alcalde”, “abuso de poder”, “incumplimiento de promesas”, entre otras causas igual de difíciles de probar en la mayoría de casos.
Guste o no, siempre y cuando se haya cumplido adecuadamente con recolectar el número de firmas necesario, la revocatoria debe sí o sí convocarse por ser un procedimiento democrático contemplado en el marco legal. Algunos argumentan, con cierta razón, que votar por el Sí es validar un procedimiento antidemocrático. Si bien es verdad que –como bien sostiene Augusto Álvarez Rodrich– a largo plazo el abuso de la institución de la revocatoria aplicada a autoridades legítimas puede minar la estabilidad política de distritos y regiones, también es cierto que las reglas del juego son claras. Más bien, lo antidemocrático, hoy por hoy, sería evitar llamar a consulta popular si las firmas han sido correctamente recolectadas, o hacer campaña por No con el argumento que la consulta “no es democrática”.
En todo caso, si se quiere evitar este tipo de situaciones pero mantener la figura de la revocatoria, una buena opción sería acordar un cambio en la ley para que las autoridades municipales necesiten más que una mayoría simple para ser electas. El hecho que Susana Villarán haya obtenido únicamente el 32% de los votos significa que aproximadamente 68% de la población tiene hoy una alcaldesa por la que no votó, lo cual resta de cierto modo legitimidad a la autoridad elegida y abre la puerta para que figuras como la revocatoria aparezcan al poco tiempo de electa.
2. ¿Son transparentes las campañas por el Sí y el No?
A la mayor parte de la población que ha venido siguiendo ambas campañas le queda claro que la rendición de cuentas (financieras) no es cualidad de ninguna. Desde los supuestos donantes que posteriormente niegan abiertamente su contribución en la campaña por el Sí, hasta el hermetismo respecto de la contratación de Luis Favre y su equipo en la campaña por el No, la sensación general es que existen intereses no develados detrás de ambas partes. A mi modesto entender, y sin ánimos de hacer una acusación directa, la falta de trasparencia en el No sería incluso políticamente más grave por saberse que estos tienen acceso a fondos públicos. Aunque el JNE no audita el financiamiento de las campañas por tratarse de un proceso de revocatoria y no de una elección, si se hubiera cometido alguna ilegalidad de cualquier lado, los acusados tendrían que responder lógicamente al Ministerio Público.
Sin embargo, es vital colocar esto en su real dimensión. ¿Qué relación guarda que Marco Tulio Gutierrez genere poca confianza y haya recogido las firmas usando financiamiento desconocido con que algún ciudadano de Surco se sienta decepcionado por la inacción de la municipalidad respecto del tráfico en su distrito u otro ciudadano se sienta estafado por las cifras poco claras de escaleras construidas por la municipalidad? La verdad es que ninguna. El desmerecer la campaña por el Sí con el argumento que su financiamiento es irregular es intentar tapar el sol con un dedo. Los fondos del Sí pueden ser cuestionables, es cierto, pero eso no tiene por qué cambiar la opinión ciudadana sobre la labor que Susana Villarán y su equipo llevan al cabo al frente de Lima, y es de eso de lo que trata la consulta popular. Acusar además a la prensa “manipuladora” y “mafiosa” de engañar a la opinión pública para explicar los sondeos que le dan ventaja parcial al Sí es no sólo atribuirle demasiado poder a determinados medios, sino también subestimar notablemente la capacidad de discernimiento de los ciudadanos de la ciudad de Lima.
3. Dado que el proceso de revocatoria ya fue convocado por el JNE, ¿se debe revocar a Susana Villarán?
Existen excelentes argumentos para defender tanto la eficiencia como la ineficiencia de la actual gestión edil. Por un lado, los detractores usan como argumentos los errores cometidos en la refacción de la playa La Herradura, el rompimiento de parte de la obra Vía Parque Rímac a causa de la crecida del río, la falta de una solución integral para el problema del transporte, el violento proceso de desalojo del mercado La Parada, la creciente inseguridad, entre otros motivos.
Por su parte, Susana Villarán y su equipo tienen ya obras y cifras que mostrar. En los dos años de gestión han conseguido que 208 empresas de transporte se consoliden en 53 consorcios, el traslado del mercado La Parada hacia a Santa Anita, S/.7,000 millones adicionales en inversión privada para la ciudad, la duplicación del número de usuario del Sistema Metropolitano de Transporte, el empadronamiento masivo de taxis, etc. Con la información adecuada, se puede bien defender que la actual administración ha sido más eficiente y eficaz que la de Luis Castañeda Lossio.
Ciertamente, es más razonable que la discusión se centre en estos aspectos de evaluación antes que en la transparencia en el financiamiento (o la falta de ella) de ambos bandos. Sin embargo, la eficiencia o ineficiencia de la gestión no deberían tampoco ser los factores determinantes. Lo razonable es girar la discusión en torno a las consecuencias a mediano y a largo plazo de la revocatoria.
Los costos de mediano plazo no incluyen el costo del proceso de consulta. Éste es real y significativo, pero al formar parte de las reglas de juego y al estar ya convocado el proceso (es decir, no hay marcha atrás), su existencia no debería inclinar la balanza para Sí ni para el No. Los verdaderos costos de mediano plazo pasan principalmente por la paralización de las inversiones que se vienen llevando a cabo y en general de todos procesos en materia seguridad, trasporte, urbanismo, entre otros, que el equipo municipal diseñó para un horizonte de cuatro años y que serán truncados en poco más de dos. Entre estos se cuentan la crucial expansión del Metropolitano y sus líneas alimentadoras, la recuperación de la Costa Verde, la construcción de cuatro nuevos Hospitales de la Solidaridad y el fortalecimiento del programa BarrioMío para la construcción de escaleras y losas, sólo por mencionar algunos pocos ejemplos. Con sus fallas e imperfecciones, la ejecución de la mayor parte de estos programas es innegablemente positiva para la ciudad.
Los costos de largo plazo, más importantes aún, pasan por el impacto de la remoción de la autoridad legítima de la principal ciudad del país en la estabilidad sistema democrático nacional. Sin una causal contundente y explícita, la figura de la revocatoria –constitucional como es– se puede volver un arma demasiado poderosa para ser tolerable en una sociedad con cuadros políticos precarios. Independientemente de si se piensa que hay una campaña mafiosa e intereses ocultos detrás del Sí o el No, o de si se aprueba o desaprueba la actual gestión municipal, parece claro que los costos de mediano y largo plazo son, en realidad, los que deberían determinar el resultado de la consulta.
Lo cierto es que Susana Villarán y su equipo pueden no haber tenido la actuación más destacada al frente de la municipalidad, e incluso haber decepcionado a partidarios iniciales de Fuerza Social con los varios errores y desaciertos cometidos en los últimos dos años. Muchas reformas prometidas, sobre todo en materia de tránsito y seguridad ciudadana, parece tendrán que esperar, con suerte, a la siguiente administración. A la vez, sin embargo, parece injusto atribuirles una gestión especialmente ineficiente o fracasada. Pero aún si se quisiera poner estos calificativos a Susana Villarán y a su equipo, el costo del tiempo de paralización de los proyectos en marcha en una ciudad colapsada de casi 9 millones de habitantes y, sobre todo, el golpe a la estabilidad del sistema democrático, deben ser tomados con mucha mayor seriedad que la que actualmente se le da. Y es aquí, y no en otras cuestiones, donde la discusión debería centrarse.
