Por: Emilia Abusada Raguz
Estudiante de Economía en la Universidad del Pacífico y periodista en PEIC

Se rumorea que todo anda marchando bien para la economía peruana mientras los europeos sienten cada día más los efectos de la crisis internacional. Se suele escuchar que “nada nos frena” –ni siquiera la desintegración de la eurozona– y que nuestro PBI seguirá creciendo más allá del esperado seis por ciento. Sin embargo, las cifras indican que algo sí nos está jalando para abajo y este “algo”, o mejor dicho “alguien”, es nada menos que el gobierno peruano junto a su incapacidad para gastar el presupuesto de la inversión pública.

Este primer semestre del año, el superávit fiscal supera los 17 mil millones. 17 mil millones de nuevos soles que estaban dentro del presupuesto para invertir en salud y educación, y que no se gastaron. No solo no se gastaron, sino que desaceleraron el crecimiento económico del país.

Mientras que todos los ministros de economía del mundo se empeñan en elaborar un plan de contingencia para no contagiarse de la crisis, nuestro procedimiento era bastante simple: ejecutar debidamente el presupuesto del gasto público para mantener la economía activa y no descuidar las inversiones extranjeras. Gracias a la incapacidad de las entidades del gobierno, solo logramos ejecutar el 26% de lo presupuestado. Es evidente que –ya sea por el cambio reciente de alcaldes y presidentes regionales o simplemente por la falta de presencia femenina– nuestro gobierno no sabe gastar.

Si bien la inversión pública constituye un cinco por ciento del PBI, lo cual es relativamente pequeño, ésta suele tener un fuerte impacto sobre el producto debido a su volatilidad ante las políticas gubernamentales. Es por eso que la inversión es nuestro mejor instrumento para responder a problemas económicos como la crisis internacional y para aumentar la productividad del país. Si no queremos verla como un instrumento, por lo menos es importante ser conscientes que esos 17 mil millones que no fueron gastados han podido atender las necesidades de miles de peruanos pobres que gozan de un indignante sistema de salud y de educación.

A pesar de necesitar una completa reingeniería en el sector público, estamos en buen camino comenzando por la reforma del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), la promoción de las Asociaciones Público Privadas (APPs) y por la aprobación de un proyecto de ley para acelerar el gasto público. Éste engloba un gasto de 153.7 millones destinados a la educación, vivienda rural, cultura y comercio exterior. Dentro de las metas más importantes están: culminar las labores de alfabetización, ampliar el programa de becas para estudios técnico productivos, comprar bicicletas rurales y financiar al Instituto Peruano de Deportes para los próximos Juegos Bolivarianos 2013.

Finalmente, ¿a quién debemos atribuirle el prestigioso crecimiento de más de seis por ciento? Comencemos por aplaudir el dinamismo del sector minero –metálico y exportador de gas natural– y a la sólida evolución de la demanda interna. Si el gasto del gobierno hubiese sido más efectivo, podríamos haber llegado a tasas de crecimiento cercanas a los dos dígitos sin recalentar la economía ni presionar los precios internos al alza.

El gasto público no debe ser el factor que frene el crecimiento, sino que vaya al mismo ritmo de la economía. No debe ser esto lo que nos jala para abajo.

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