Por: Agustín Grández Mariño, abogado por la PUCP, profesor de la Facultad de Derecho de la PUCP.
Hace unas semanas, una información llamó mi atención y la de muchos, la historia iba más o menos así: Ecuador, que en este caso sería el villano de la historia, se disponía a realizar un plan macabro para desestabilizar, si es que acaso no desaparecer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este plan, nacido desde el eje chavista o bolivariano del mal (ya no sé cómo se le llama ahora), apuntaba a controlar y desestabilizar a las democracias en toda América Latina, imponiendo su régimen autoritario[1].
¿Suena terrible no? Un plan maléfico por donde se le mire. Sin embargo, hay matices y cuestiones que debemos considerar en esta historia para saber realmente lo que está sucediendo con la CIDH. El objetivo de este artículo es contar la historia de la manera más objetiva posible y de esta manera, conocer realmente la propuesta de fortalecimiento de la CIDH que han presentado varios países de la región, que lejos de fortalecer, podría debilitar y limitar la actuación de uno de los espacios de garantía y defensa de los Derechos Humanos más importantes a nivel regional.
Para contar esta historia, y contarla bien, necesitamos volver al 2013, en específico al 18 de marzo. En esa fecha, se emitió la Resolución 1/2013 de la Organización de Estados Americanos. Esta Resolución determinó una serie de cambios y reformas del reglamento, políticas y prácticas de la CIDH. Dentro de las principales reformas, se desarrolló con mayor extensión y detalle las competencias de la CIDH en la imposición y aplicación de medidas cautelares (una de las facultades más polémicas desde la perspectiva de los estados). Así, también se reformó cuestiones vinculadas al procedimiento de las peticiones y consultas a los estados. Todas estas reformas apuntaban a delimitar mejor los procedimientos actuales y establecer procedimientos muchos más claros.
La Resolución 1/2013, fue producto de 2 años de intensas negociaciones y los resultados de estas fueron sin duda positivos. Positivos, porque se logró alcanzar consensos en temas, como las medidas cautelares, que son de las competencias de la CIDH que menos gustan a los estados miembros. Fue positivo además, porque se logró apaciguar la posición más dura dentro de la OEA, posición que tenía como principal abanderado a Ecuador. Esta posición dura apuntaba a modificaciones en tres aspectos fundamentales: (i) dejar sin efecto las medidas cautelares; (ii) la fuente de financiamiento de la CIDH; (iii) el financiamiento externo de las relatorías especiales.
Estos tres puntos de haber sido aprobados, hubieran supuesto graves problemas para la continuidad de la CIDH, porque si se dejaba sin efecto las medidas cautelares, la CIDH hubiera perdido una de las facultades más importantes que tiene para la defensa y garantía de los Derechos Humanos, al tratarse de una de las pocas competencias que logra ejercer un nivel de coerción en los estados.
Respecto al financiamiento, la propuesta apuntaba a que la CIDH fuera financiada al 100% por los estados parte de la OEA. En la actualidad, de acuerdo a un informe de CEJIL[2], solo el 40% del presupuesto de la CIDH proviene de los estados, el resto es producto de fondos de donaciones y cooperación internacional. Es por eso que pensar en que los estados van a ser los únicos que financien la CIDH es, por el momento, utópico y aprobar la propuesta hubiera supuesto quitarle presupuesto importante a la CIDH, afectando por lo tanto su normal funcionamiento.
Sobre las relatorías especiales, la propuesta buscaba que se dejara de financiar estas a partir de donaciones específicas y que cualquier donación recibida por la CIDH fuera a un fondo común que sería distribuido a todas las relatorías por igual. Esta última propuesta tenía un destinatario concreto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión que recibe el 100% de financiamiento de la cooperación internacional. Quitarle este financiamiento hubiera supuesto el fin de la Relatoría, una de las más activas y de labor más incomodas para los estados de la región, ya que crítica por igual a los estados que limitan este derecho como a la concentración de privados que puede afectar la Libertad de Expresión[3].
Como indicamos, esta propuesta (para bien) no fue recogida por la Resolución de la OEA. Sin embargo a los pocos días la propia OEA sacó una segunda Resolución (AG/RES. 1 XLIV-E13) que lejos de cerrar el debate sobre la reforma de la CIDH, abrió la posibilidad que los estados parte continuarán haciendo propuestas para la reforma.
Es en este contexto que desde el 2013, un grupo de países se reúnen en lo que se conoce como la Conferencia de Estados Parte del Pacto de San José (también conocida como Convención Americana sobre Derechos Humanos). Esta Conferencia ya ha sido realizada en cuatro oportunidades, la última de estas se realizó en Haití el 27 de mayo último. Este espacio ha generado que países que estuvieron en desacuerdo con la reforma de la CIDH vuelvan a presentar sus sugerencias para el “fortalecimiento” de la CIDH. A los ya conocidos planteamientos, se le ha sumado uno más, el cambio de la sede de la CIDH de Washington a algún país que sí haya ratificado el Pacto de San José.
A raíz de las decisiones de esta Conferencia, el Presidente de Ecuador, ha lanzado nuevamente la propuesta de reformar la CIDH y buscó poner el tema en agenda en la 44ta Asamblea General de la OEA que se desarrolló en Paraguay entre el 3 y 5 de junio. Tema que si bien se planteó no llegó a ningún acuerdo concreto.
Para los fines de nuestro relato, hay algunas cuestiones que podemos ir concluyendo. La primera es que no se trata de una propuesta nueva, sino más bien una propuesta reciclada que viene siendo discutida desde el 2011. Asimismo, no se trata de una iniciativa puramente ecuatoriana sino que se trata de una iniciativa que proviene de varios países de la región, ya que su origen es la Conferencia donde participan todos los estados parte del Pacto de San José.
Hay elementos de la propuesta de estos países que podrían ser materia de revisión o análisis, el tema de la sede es interesante plantearlo, pero desde un punto de vista objetivo, analizando los pros y contras del cambio de sede. Sin embargo, los otros puntos de la propuesta sí son problemáticos, reducir el financiamiento de la CIDH sería en los hechos limitar su ejercicio y la actuación en defensa de los Derechos Humanos. Asimismo, no se conseguirá fortalecer las otras relatorías quitándole el financiamiento a la Relatoría para la Libertad de expresión, por el contrario, se pondrá en riesgo los logros alcanzados por esta y se pondrá en riesgo un derecho fundamental para las democracias como lo es la Libertad de Expresión
Finalmente, lo más importante es conocer que es lo que se discute en torno a las funciones y competencias de la CIDH; más allá de identificar un solo responsable de propuestas que podrían debilitar a este organismo, lo que se debe tener claro es porque no pueden hacerse estos cambios y modificaciones. Un conocimiento real y mesurado de la situación permitirá que se le exija al Estado peruano una posición clara al respecto,a lejos de apasionamientos o historias de miedo que se quieran construir.
[1] EL COMERCIO. Editorial: Cadena de Trincheras. Publicado el 04 de junio de 2014
[2] CEJIL. Informe CEJIL: Situación financiera del SIDH. Publicado el 14 de marzo de 2013
[3] RAMIREZ, Lilia. Horas definitivas para la CIDH y para la Relatoría de Libertad de Expresión. Justicia Viva, 21 de marzo de 2013
