En un comunicado conjunto, los gobiernos latinoamericanos encabezados por Andrés Manuel López Obrador (México), Gustavo Petro (Colombia), Alberto Fernández (Argentina) y Luis Arce (Bolivia), manifestaron su preocupación en relación a los sucesos que provocaron la remoción y detención de Pedro Castillo, sin referirse a su intento de disolver el Congreso.
De ese modo, argumentaron que Castillo había sido víctima de un hostigamiento antidemocrático, el cual se encuentra contemplado en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como de un tratamiento judicial que vulnera el artículo 25 de la misma convención. Por ese motivo, los cuatro países instaron a los actores competentes a “priorizar la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas”, y así “de abstenerse a revertir la voluntad popular”. Finalmente, solicitaron que se respeten los derechos del ex mandatario y que se garantice su protección judicial.
Posteriormente, el Ministerio de Relaciones Exteriores se pronunció el lunes por la noche al respecto del comunicado conjunto, puesto que los países firmantes seguían considerando presidente a Pedro Castillo. De ese modo, la cancillería puntualizó que las decisiones tomadas por el expresidente Pedro Castillo eran contrarias al orden constitucional, por lo que eso generó que el Congreso declare su vacancia en el marco de la Constitución Política. Asimismo, recordaron que Castillo Terrones también trató de intervenir el Poder Judicial, el Ministerio Pública, la Junta Nacional de Justicia y demás medidas que constituyen un golpe de Estado. Como último punto, recalcaron que al día siguiente del intento de golpe de Estado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció la importancia de “la actuación inmediata de las instituciones del Perú en defensa de la democracia para evitar la concreción del quiebre institucional”.
Pese a ello, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, reiteró su apoyo a Pedro Castillo, al recalcar que supuestamente el presidente elegido popularmente se estaba apresado, sin juez y sin defensa. En esa misma línea, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó también que Castillo seguía siendo presidente, ya que había sido electo por la vía democrática.
Por otro lado, y también a raíz del comunicado, Pedro Castillo, quien sigue detenido en la sede la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional (DIROES) por el presunto delito de rebelión y conspiración por el fallido autogolpe, publicó una carta en sus redes sociales, en la cual sostuvo que es víctima de humillación, persecución política política. Por su parte, también agradeció el apoyo a los cuatro presidentes latinoamericanos, puesto que lo habían respaldado y habían desconocido la designación de Dina Boluarte como presidenta constitucional.
La directora de la División de las Américas de la Organización Human Rights Watch, Juanita Goebertus, lamentó la respuesta de los gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia y México a la crisis política de Perú, al victimizar la situación de Pedro Castillo. Por ello, a través de sus redes sociales señaló que América Latina debe apoyar defendiendo el estado de derecho. Finalmente, volvió a destacar que el ex mandatario había intentado disolver el Congreso en medio de una investigación por corrupción; hecho que en ningún momento fue mencionado en el comunicado conjunto.
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