Por Diego Ocampo, bachiller de la Facultad de Derecho de la PUCP y ex miembro del Consejo Editorial de Enfoque Derecho. Comisionado para Asuntos Indígenas en la Oficina de Ucayali de la Defensoría del Pueblo.
“Lo que me hicieron los militares fue algo imposible. Fue como si me hubieran sacado los órganos y me hubieran vuelto a coser sin dejarme nada adentro. Como si yo fuera un perro abierto por unos estudiantes de veterinaria.”
Melva brindó este testimonio durante una ronda de preguntas ante un panel sobre la violencia sexual y el conflicto armado en la Pontificia Universidad Católica del Perú el año 2010. El auditorio enmudeció hasta que una de las panelistas se acercó a Melva y la abrazó. Acto seguido, el panel trató de honrar su declaración, remarcando que lo que hicieron los militares estaba mal, tratando de morigerar las palabras duras que señalaron sobre la impunidad permanente de la violencia de género. Para mí, este episodio fue un ejercicio didáctico de cómo trabajar con víctimas de violencia sexual y constatar que las cosas que decía el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional (CVR) no eran invenciones, sino la historia de personas concretas. Frente a este dolor, el Derecho tiene el rol de reconstruir la identidad trastocada a consecuencia de las violaciones de los derechos humanos de una persona, de generar la transición del episodio traumático y, finalmente, desmantelar los arreglos sociales que generaron dichas vulneraciones.
Volví a cruzarme con Melva en el Tribunal de Conciencia por la Justicia para las mujeres víctimas de esterilización forzada y de violencia sexual durante el conflicto armado peruano el 8 de noviembre de 2013[1]. Melva se encontraba en el auditorio y se reconocía en el sufrimiento de otras mujeres que como ella fueron violadas durante operaciones militares. Me sorprendió que ella me dijera que no entendía como, lo que para ella era imposible, efectivamente había sucedido: el Ministerio de Salud invadió los cuerpos de miles de mujeres, les sacó los órganos reproductivos y las volvió a coser como si fueran mascotas en diversas ferias de promoción de la salud.
A partir de ese día, he sido testigo de cómo Melva se ha olvidado de su dolor y cómo ha asumido el dolor de las mujeres víctimas de las esterilizaciones forzadas. La he visto vistiéndose de rojo y participando de las diferentes protestas. Y he presenciado que junto a Melva, las mujeres víctimas de la AQV lamentan cada retroceso de la justicia como un coro griego, pero no pierden la esperanza. Escribo esto ante las frustraciones frente al archivamiento de la Fiscalía de los cargos contra Alberto Fujimori, tres ministros de Salud y otros funcionarios públicos, porque detrás de esto hay una serie de asuntos jurídicos que debemos discutir:
- Como señalan Gabriella Citroni[2] y Jocelyn E. Getgen[3], el Informe Final de la CVR expresó un silencio frente a la violencia de las víctimas de esterilizaciones forzadas. Los argumentos del silencio no han sido precisos, pero entre ellos se puede señalar la falta de presupuesto y los alegados límites, tanto materiales como temporales del encargo de las investigaciones. La falta de un pronunciamiento estatal ha colocado en las víctimas de esterilización forzada la obligación de probar los patrones de violencia estatal y que existieron intenciones diabólicas detrás del Plan de Planificación Familiar. Lo que es lamentable es que producto de la miopía de la CVR, se ha establecido una jerarquía arbitraria de las violaciones a los derechos de las mujeres, señalando que las otras violaciones de sus derechos son más importantes. En esto, es vital que el Derecho quiebre la impunidad permanente y la división arbitraria entre hechos ocurridos en el régimen de Alberto Fujimori Fujimori de los hechos reconocidos por la CVR.
- El Derecho (entendido como los pronunciamientos estatales, los juicios penales o las investigaciones penales) tiene un rol importante para los movimientos sociales relacionados. El Derecho permite que víctimas como Melva mantengan su calidad de víctimas o transiten de esta identidad hacia otras: se transformen en defensores de derechos humanos, en agentes de la construcción de la paz o en sanadoras mentales. Es así como el Derecho se introduce en la identidad de las víctimas y la refunda. El Derecho, asimismo, captura la historia de la lucha del movimiento feminista y dibuja las frustraciones de la sociedad civil frente al Derecho. Con cada pronunciamiento, los fiscales y los jueces ratifican que fue comprensible y legal el despojo de los cuerpos femeninos en las ferias de la AQV. Esta visión del Derecho duele tanto como la violencia misma, debido a que vuelve a penetrarse en los cuerpos esterilizados y puede ser igualmente nociva.
- Debemos repensar la estrategia para acercarnos al AQV. El castigo de los perpetradores es una estrategia legítima de las víctimas y de la sociedad civil que acompaña estas causas. Pero nuestros esfuerzos no deben concentrarse solo a esta medida, sino debemos enfatizar otras medidas complementarias que evitan que los cuerpos sean penetrados por la impunidad. Debemos visibilizar las narrativas de Melva y otras mujeres que superan los límites del Derecho de los Tribunales y que, ante el fracaso permanente de estos, incluso mantienen las esperanzas. Hemos descuidado que los planes de reparaciones colectivas e individuales incorporen a las víctimas de la AQV, también hemos descuidado empoderarlas en el diseño y la implementación de estas y otras políticas públicas. Por ello, es esencial rehabilitar física y psicológicamente a las personas con discapacidad física y mental que han sufrido las esterilizaciones forzadas. En ese sentido, la actual reforma del sector de salud es una oportunidad para erradicar los estereotipos que se mantienen sobre los derechos reproductivos. En una conferencia el año pasado, Ariel Frisancho relató que recientemente en un hospital público, fuera del marco del conflicto armado y de las políticas del pasado, una mujer embarazada fue inspeccionada por ocho estudiantes para examinar la dilatación de su vagina y los que fallaron el examen volvieron a inspeccionarla[4]. Este hecho revela que la AQV no surgió solo porque Fujimori elaborara un plan de control de natalidad, sino que existía y permanece una base institucional que entiende que ciertos cuerpos son penetrables y susceptibles del expolio. Y el Derecho tiene la obligación de erradicar estos estereotipos más allá de las condenas penales y los archivamientos fiscales.
[1] Un extracto de las audiencias se encuentra en el siguiente enlace de la ONG Demus: <http://www.ustream.tv/recorded/40586946>
[2] Cf. Citroni, Gabriela. Esterilizaciones forzadas en el Perú: la lucha por la justicia y contra el silencio. En: < http://1996pnsrpf2000.wordpress.com/investigacion/derechos-humanos>
[3] Cf. Getgen, Jocelyn. Verdades no contadas: La exclusión de las esterilizaciones forzadas del informe final de la Comisión de la Verdad peruana. En: <http://www.genocidioayacucho.com/admin/files/articulos/745_digitalizacion.pdf>
[4] Cf. Faulkner, Jeanne. Kuala Lumpur. Day three of the Women Deliver Conference. En: <http://www.everymothercounts.org/blog/201306/kuala-lumpur-day-three-women-deliver-conference>
