Enfoque Derecho entrevista al Dr. Michael McCullough, director para América Latina y el Caribe de la Iniciativa para el Estado de Derecho del Colegio de Abogados de los Estados Unidos (ABA ROLI por sus siglas en inglés), especialista en temas de Derecho Penal.
ED: ¿Cómo nace la iniciativa ABA ROLI y cómo es que llega ésta al Perú?
MM: ABA ROLI inició en los noventa bajo el nombre de Central and Eastern European Law Initiative. Fue la respuesta del American Bar Association (ABA) ante los acontecimientos en la Unión Soviética, ya que este había tomado la decisión de apoyar la democratización de esos países. Por ello, se formó una iniciativa para rendir asistencia técnica legal en su etapa de transición y empezó como una respuesta ad-hoc. Casi no existían iniciativas parecidas en aquel tiempo así que fue una respuesta un poco improvisada, pero que fue evolucionando, refinando y replicando en otras regiones. Entonces, lo que empezó de manera informal ya en el 2007 fue consolidado bajo la organización paraguas que ahora se conoce como American Bar Association Rule of Law Initiative – ABA ROLI.
Con actividades por todo el mundo, ya trabajamos en los 5 continentes. En el marco legal, estamos presentes en cincuenta países, ejecutamos aproximadamente cincuenta millones de dólares anualmente de subvenciones que recibimos de nuestros donantes y en los 23 años que llevamos en este tema, hemos trabajado hasta la fecha en casi 100 países.
ED: Usted lleva más de 5 años trabajando en la iniciativa ABA ROLI y ha podido visitar diversos países en América Latina, ¿cuáles han sido los principales retos con los que se llegó a topar para implementar la iniciativa ABA ROLI en estos?
MM: Mi experiencia se limita principalmente a América Latina y el Caribe, donde los retos principales incluyen resistencia humana e institucional al cambio. Lo que nosotros hacemos es presentar ideas, trabajar a la mano con contrapartes, expertos del país anfitrión, pero lo que aportamos en el proceso es el cambio y a veces la gente no responde de manera favorable ante ello. El cambio representa lo desconocido y las personas, a veces con razón, le temen. Entonces nosotros en nuestros programas tenemos que convencerlos que lo que hay detrás de esta puerta cerrada es favorable, esa es la parte más difícil.
Aparte, ello no solo se aplica a personas, sino a instituciones que tienen sus propias personalidades particulares también y tenemos que convencer a una institución o hasta todo un sector de justicia de las bondades de ciertas acciones, de que cambien sus prácticas para mejorar el sistema para todos.
ED: ABA ROLI, a través de su Programa de Apoyo a la Justicia Penal en el Perú tiene como principal objetivo apoyar la implementación de la reforma penal en el Perú, ¿de qué manera se hace esto?
MM: Ya llevamos más de dos años en este tema. Nosotros estamos haciendo aquí lo que hacemos en otros países, que es rendir asistencia técnica legal, en este caso con el financiamiento del Departamento de Estado de Estados Unidos. Rendimos asistencia técnica en varios campos; uno de los principales es la capacitación a operadores de justicia. Trabajamos con fiscales, jueces, policías, defensores, profesores y estudiantes de Derecho para capacitarles en el sistema acusatorio para que entiendan cómo desenvolverse mejor. Les enseñamos técnicas de juicio oral y de investigación; por ejemplo, hacemos un taller de aproximadamente cinco días en el cual los formamos en estas áreas.
También hacemos capacitaciones un poco más avanzadas sobre temas más especializados relacionados al sistema acusatorio. Asimismo, estamos apoyando a través de actividades promocionales, realizadas a través de spots radiales, programas radiales de entrevistas, y pronto programas televisivos, para explicar como funciona el nuevo sistema procesal penal, cuáles son sus características y cuáles son sus bondades. Además, estamos apoyando al Poder Judicial con visitas guiadas a las instalaciones judiciales para que la gente pueda observar directamente el nuevo sistema en acción. Estos son algunos ejemplos.
ED: En el tiempo que se ha venido desarrollando este programa, ¿qué resultados se han logrado en los distintos países?
MM: Nuestras actividades en otros países han sido parecidas a las que estamos llevando a cabo en el Perú actualmente. Hemos tenido el honor de acompañar procesos de implementación del sistema acusatorio, de una manera u otra, en México, Haití, Panamá, Guatemala, Ecuador y desde luego, aquí.
Para dar algunos ejemplos de nuestro éxito, hemos capacitado a miles de operadores de justicia en las técnicas de juicio oral y de investigación que ya mencioné, así como la aplicación de dichas técnicas en delitos trasnacionales como trata de personas, tráfico de drogas, lavado de activos, etc. También hemos elaborado materiales manuales para policías como referencia de bolsillo, para guiar sus actuaciones en la escena del crimen. A su vez, hemos apoyado el fortalecimiento de instituciones a través de la reingeniería de procesos como en el Ministerio Público o los colegios de abogados en México frente al sistema acusatorio; en México también hemos trabajado con Universidades, escuelas de derecho, apoyando la mejora de la malla curricular en temas relacionados con el Sistema Acusatorio, ello para que puedan asumir más liderazgo para la cultura jurídica de ese país en este nuevo contexto.
ED: Sobre la reforma procesal penal, ¿cuáles cree que son los principales problemas para la implementación de un nuevo sistema procesal?
MM: Aparte de la resistencia humana e institucional, los retos principales para ese tema en particular incluyen un cambio de fondo en la concepción del proceso penal que requiere de cierto «cambio de chip». Incluso los que tienen voluntad y apertura para hacer cambios tienen que asumir un nuevo punto de vista que no han contemplado antes; es decir, tendrán nuevos retos.
Otro es la falta de recursos. El sistema acusatorio implica un importante desembolso de dinero y de recursos no financieros, como contratar nuevo personal, la construcción de salas de audiencia, el diseño de nuevos procesos y mucha capacitación. En total son costos que, de una forma u otra, son bastante significativos que no pueden asumir siempre las instituciones del sector de justicia. Por ello, es bueno que en un país que está contemplando este proceso lo haga de manera paulatina como se está haciendo en el Perú actualmente.
ED: Uno de los grandes problemas en el ámbito judicial en el Perú es la corrupción. En su experiencia, ¿cómo la reforma del sistema procesal buscar enfrentar este gran problema no solo del Perú sino también de otros países latinoamericanos?
MM: Se dice comúnmente que una de las características principales que distingue al sistema acusatorio es precisamente eso, la apertura o la publicidad. Lo que antes, bajo el sistema inquisitivo o mixto-inquisitivo, se decidía detrás de puertas cerradas con un juez trabajando solo con su expediente, ahora se va a decidir por el mismo juez, pero luego de una audiencia pública y en una situación en la cual el juez tiene que justificar su decisión. Además, este nivel de transparencia y publicidad también reduce la posible corrupción de fiscales, defensores y policías.
Para dar un ejemplo concreto, si antes un policía podía elaborar un informe sabiendo que nunca tendría que explicarse durante el interrogatorio o contrainterrogatorio de la otra parte, ahora ese policía sabe que su informe no será el «fin del cuento». Este informe puede ser apenas el primer paso que lo llevará a testificar a una audiencia pública y explicarse bajo la lupa de evaluación, que genera otro concepto y mentalidad en la cual el operador de justicia sabe que tiene que hacer las cosas más transparentes para no ser cuestionado como antes.
ED: ¿Qué rol cumple la legitimidad del sistema o de las instituciones para que la administración de justicia pueda desarrollarse adecuadamente y sea eficiente?
MM: La legitimidad del sistema es muy importante para que la sociedad pueda tener confianza en el mismo. Si la gente empieza a ver un cambio significativo en las prácticas de los operadores, va a empezar a prestar su apoyo políticamente al proceso de reforma. Sin embargo, y con razón, no se convence solo con campañas, sino con resultados. Quieren ver que el sistema realmente sirve para algo y que los policías estén trabajando bien al igual que los jueces, fiscales y defensores. Entonces, es bueno que las personas sepan que hay un cambio: qué es el sistema acusatorio y cuáles sus bondades. Sin embargo, si no ven resultados reflejados en una mayor justicia y mayor transparencia, el cambio de por sí no sirve para nada.
ED: ¿Cuáles son los principales retos a los que se debe hacer frente cuando se plantea una reforma procesal penal?
MM: Bueno, además de la resistencia humana e institucional y la falta de recursos que puede haber, uno de los principales retos parte de lo que acabo de decir. Es bueno que las personas conozcan los beneficios del sistema, pero el problema es que a veces la gente tiene expectativas demasiado elevadas. Se genera mucha emoción, mucho interés y entusiasmo por este, pero tan es así que se piensa que de un día al otro el sistema va a cambiarlo todo, que no habrá corrupción ni delincuencia y que todo será perfecto. Lamentablemente, el sistema acusatorio, al igual que otros, tiene sus defectos. Así, la cuestión es que la sociedad no tenga expectativas irrealistas, es importante que la gente sepa qué es lo puede hacer un sistema y qué es lo que no puede hacer. Esos son los retos principales que puede enfrentar una reforma.
ED: A partir de ello, ¿cómo considera que se está llevando a cabo el proceso de implementación del nuevo Código Procesal Penal en el Perú?
MM: Lamentablemente, no estoy tan cerca de los temas, pero desde mi punto de vista desde Washington y según lo que me han informado mis colegas que trabajan aquí, parece que la reforma va bien. Según entiendo no existe ninguna contrarreforma significativa, lo que indica que la gente está dispuesta a monitorear la implementación y hacer cambios pero sin hacer cambios tan radicales. Yo he quedado impresionado por el nivel de conocimiento que he observado de algunos de los operadores acá. Según entiendo, también estamos viendo la creación de un cuerpo pequeño de instructores especialistas en estos temas y ese equipo está saliendo a hacer capacitaciones y tomar las riendas en estos temas. Estos procesos son largos, se tardan años, realmente, décadas. Nosotros en Estados Unidos llevamos un par de siglos con nuestro sistema acusatorio y cada día lo estamos refinando, entonces, que Perú haya avanzado tanto en unos ocho años es realmente impresionante, hay mucho más trabajo por hacer; sobretodo la implementación en Lima va a representar un reto significativo, porque una cosa es enfrentar un reto en una región despoblada y otra cosa es hacerlo en la capital con tantos habitantes, tantos delitos y tanto monitoreo de los mismos. Hasta ahora me siento optimista, pero con precaución.
ED: Como sabemos una de las características del nuevo modelo procesal es que se trata de un sistema acusatorio a diferencia de los modelos anteriores que se trataban de un sistema inquisitivo. ¿Podría explicarnos las características de este modelo y que beneficios trae consigo?
MM: El sistema acusatorio tiene como beneficios; por ejemplo, que, a diferencia del sistema inquisitivo, no se apuesta todo, o casi todo, sobre un solo operador. El sistema inquisitivo se distingue principalmente por entregarle al juez tantas funciones como la supervisión de la fase de la investigación, la acusación y hasta la persecución y la adjudicación de un caso, claro que intervienen el fiscal y el defensor en cierta medida limitada pero, principalmente, el que maneja y el que manda en el sistema inquisitivo es el juez. En cambio, en el sistema acusatorio en vez de tener a un solo operador con tanta responsabilidad, vamos a separar las funciones. Entonces, si lo que nos interesa es que se haga la justicia, para ello contaremos con un juez imparcial que no tiene responsabilidad de hacerlo todo, que no tiene que ser un súper funcionario sino que, simplemente, permitimos que el juez actúe de manera imparcial escuchando las pruebas de que el juez observe el choque de ideas entre una fiscalía, para acusar, y una defensa, para defender. Entonces, lo que hace el sistema acusatorio es rayar la cancha entre el juez, el fiscal y el defensor y dejar que cada quien haga lo suyo, agregando algunas protecciones adicionales para evitar que se condenen personas inocentes, creando protecciones para evitar resultados muy indeseables y trágicos y dejar que en conjunto este proceso sirva para crear un resultado más justo.
ED: Sabemos que para su implementación se necesita un trabajo conjunto no solo del Poder Judicial, sino incluso de la misma sociedad. ¿Cuáles son los roles que debe cumplir la sociedad en la implementación de este nuevo modelo? Y como estudiantes de Derecho, ¿cuál debe ser nuestro rol? Asimismo, ¿cuál debe ser el rol de las facultades de Derecho en este proceso de reforma?
MM: Al fin y al cabo para que un sistema se arraigue bien es importante que la sociedad esté de acuerdo con la reforma, lo ideal es que la sociedad vaya siguiendo el proceso muy de cerca y que se vayan abriendo espacios de discusión para las reformas indicadas, pero lo más importante será que las instituciones del sector de justicia participen en el proceso porque son las instituciones que más van a trabajar dentro de la reforma y más conocimiento van a tener sobre la misma reforma. Obviamente, las instituciones tienen cada una su propia misión, y por lo tanto, metas propias para representar sus intereses en la reforma y trabajar de manera conjunta para seguir refinando y mejorando el Código Procesal Penal. En cambio, las facultades de Derecho lo que pueden hacer es ofrecer, obviamente, su expertise sobre el tema y más aún, promover conocimiento entre sus estudiantes. Los estudiantes de Derecho tienen ciertas ventajas en estos procesos de implementación, tienen mentalidades más abiertas, no llegan con ideas preconcebidas en cuanto a que es lo que deberían estar haciendo y las personas jóvenes tienden a tener esa apertura psicológica que tal vez no existe en operadores con más experiencia en el sistema anterior, no se sienten amenazados por este cambio. Lo que pueden hacer los estudiantes de Derecho es ser como son: llegar con esa mentalidad abierta, dedicarse a estudiar el tema y pedirles a sus facultades de Derecho que los apoyen en su deseo de saber más, bien sea a través de ofrecer materias sobre el nuevo Código Procesal Penal o cosas un poco más allá como cursos de Juicios Simulados, cualquier cosa que a los estudiantes les interese. Para entender mejor la reforma hay que pedirla.
ED: Finalmente, uno de los aspectos más importantes en el ejercicio del Derecho es el aspecto ético tanto de los abogados como de los jueces y fiscales. ¿Cuáles son los aportes o cómo se vincula la ética con este nuevo sistema?
MM: Bueno, la ética en cualquier país y en cualquier cultura jurídica es un tema obviamente de, por y para la gente de ese país, en este caso de los peruanos. Así que, los líderes del sector de justicia del Perú son los que tendrán que ver cómo se adapta el tema de la ética frente a estos cambios. Lo que sí sé es que tendrá que haber una revisión de la ética peruana jurídica frente al nuevo sistema acusatorio porque, objetivamente, es un nuevo sistema que tiene nuevos roles para los operadores, ya que el nuevo sistema acusatorio exige la mejor actuación de todos los operadores: jueces, fiscales, defensores y policías; evidenciando por la publicidad y transparencia, su conducta en el ejercicio de sus funciones. Por ejemplo, lo que es ético para el abogado defensor bajo el nuevo sistema, tal vez no lo fuera para el sistema anterior y viceversa. Entonces, durante la implementación de este nuevo sistema los jueces, abogados y policías a través de un diálogo permanente van a empezar tomar decisiones sobre cómo quieren actuar bajo este nuevo sistema, qué es lo correcto y qué es lo no correcto para que cada quien pueda cumplir con sus funciones, pero sin romper las reglas de juego.
