Por Enfoque Derecho
1. Introducción
Desde Enfoque Derecho podemos afirmar con total certeza que el día dura 24 horas (a menos que surja un descubrimiento científico que cambie radicalmente el paradigma en que vivimos). De la misma forma, nos sentimos en capacidad de afirmar que, de esas 24 horas que dura el día, gran parte de la población limeña ocupa al menos 3 horas en los corredores complementarios. Las filas interminables y desorganizadas, las actitudes y aptitudes cuestionables de los conductores, el tráfico infernal y la aglomeración de personas son el pan de cada día de los usuarios del transporte público.
Sin embargo, parece que la situación descrita está a punto de terminar. ¿Mejorará el servicio de transporte público? ¿Habrá nuevas flotas de corredores? ¿Se solucionará el tráfico? ¿Llegarán las tan esperadas líneas 2 y 3 del Metro de Lima?
La respuesta a todas las preguntas es un rotundo y estruendoso no. El transporte público, en especial el servicio del corredor, no mejorará, sino que desaparecerá… o al menos eso pareciera. Para esclarecer esta confusa situación, comenzaremos desmenuzando los hechos; luego, se analizará brevemente cada petición y la actuación de cada actor de este problema.
2. Ruta aparente
El 04 de mayo de este año, Maria Jara, presidenta de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) en ese entonces, se pronunció y sostuvo que no resultaba suficiente el financiamiento que recibía la ATU del cobro de la tarifa de los pasajes y, por tanto, debía aumentarse el subsidio estatal. Esta sería una responsabilidad del Estado, ya que se deben buscar técnicas para fortalecer el servicio.
Asimismo, en su momento aseguró que se estaban solucionando los problemas en los distintos contratos de concesión de transporte público de los corredores complementarios en contribución con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). De ese modo, señaló que estos problemas vienen siendo abordados profesionalmente para identificar la causa de fondo y examinar las condiciones en las que operan actualmente los corredores. Tras ello, en una entrevista mencionó que se “están tomando decisiones como la suspensión temporal del corredor amarillo para renegociar esta adenda y que vuelva nuevamente a operar”.
Seguidamente, el 15 de mayo, el representante de consorcios de los corredores complementarios, Gerardo Hermoza, advirtió que en caso no se cumplieran los requerimientos sobre las adendas de concesión del servicio, dejarían de funcionar a partir del mes de julio de este año. Asimismo, Hermoza confirmó que si las coordinaciones tuvieran éxito, se estaría renovando la totalidad de las 500 unidades en menos de dos años. De la misma forma, señaló que había una propuesta para que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones pueda capacitar a los choferes de los vehículos informales y con ello, migrarlos al brevete A3.
Al día siguiente, Ángel Mendoza, gerente general de la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano (ACTU), informó de las exigencias que establecieron al nuevo presidente de la ATU, José Aguilar Reátegui, con el fin de buscar una solución a la crisis que estaban atravesando los corredores complementarios por la informalidad a través de taxis colectivos.
De esa manera, en una entrevista con el Canal N, se mencionó que dentro de siete días, la ATU debía tener un pronunciamiento oficial respondiendo los temas concernientes al pago del restablecimiento del equilibrio económico, la fiscalización para el respeto de los carriles segregados de los paraderos oficiales, recorte de rutas convencionales que afectan directamente a los corredores complementarios, revisión del reajuste de tarifas y la adenda estructural con el Ministerio de Economía y Finanzas.
Una semana después, el 23 de mayo, Gerardo Hermoza declaró que los corredores azules, morados y rojos dejarían de brindar servicio en Lima debido a que la ATU y el MTC no habían llegado a un acuerdo con los consorcios. A raíz de ello, se generó un peor panorama para el transporte público, pues hacía notar que, a pesar de las reuniones entre el nuevo presidente y los representantes, no se avecinaba ningún acuerdo con respecto al pago de la adenda para saldar las deudas (que ascendería a 370 millones de soles), el incremento de los precios por pasajes y demás cuestiones previamente mencionadas.
El 02 de junio, Hermoza advirtió que los corredores complementarios mantendrían su medida de dejar de operar a partir de julio del 2023, en caso de no cumplirse con requerimientos de las adendas de concesión del servicio. Este, aparentemente, se trataría de un plazo fijo brindado justamente para subsanar todos los problemas pendientes y que los concesionarios puedan comprar buses sin necesidad de verse perjudicados económicamente.
El 13 de junio, José Aguilar informó que estaban preparando una contrapropuesta al grupo de concesionarios para llegar a un acuerdo respecto a sus peticiones, especialmente sobre la adenda de mayor valor económico. El presidente de la ATU se mostraba muy confiado, al punto de afirmar su seguridad de que no ocurriría la paralización anunciada. Además, mencionó que ya existía el visto bueno para dos pequeñas adendas.
El 14 de junio, Gerardo Hermoza informó que el 16 de junio se reunirían todos los representantes de los concesionarios de los corredores complementarios para decidir si paralizan sus operaciones por falta de presupuesto y por ende, solicitarían al Estado que se quede a cargo del transporte público. De acuerdo a Hermoza, les preocupaba la actuación del Ministerio de Economía y Finanzas y la ATU, pues el valor de sus peticiones era exactamente el que correspondía por lo que habían firmado.
El último capítulo de este conflicto ocurrió la semana pasada, el 17 de junio. Ese día, se hizo público que la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y del Callao (ATU) y las empresas concesionarias de los corredores complementarios rojos, azules y morados firmaron dos adendas a los contratos de concesión. Además, se anunció que se habría iniciado con la racionalización de rutas para eliminar las rutas que se superponen a los corredores complementarios e intervenciones contra los transportes informales. Tras ello, los concesionarios de los corredores complementarios no han reiterado su amenaza de retirarse, aunque se sabe que siguen evaluando su decisión.
3. Sin rumbo
Como se ha podido apreciar en los hechos, nos encontramos ante lo que parece ser un juego de papa caliente entre los representantes de los corredores complementarios y las autoridades competentes, especialmente la ATU. Durante semanas, los representantes de los corredores complementarios, aparentemente encabezados por Gerardo Hermoza, han hecho público su deseo de suspender el servicio de transporte público si no se atiende una serie de reclamos, pero, ¿son correctos estos reclamos?
En primer lugar, tenemos la aprobación de la adenda para saldar el pago de la deuda y el incremento de la tarifa de pasajes. En ese sentido, incluso desde antes de la pandemia, el Estado ha venido incumpliendo sus obligaciones contractuales con los concesionarios. Ante ello, es tan crítica la situación que se reclama una adenda de aproximadamente 370 millones de soles. Evidentemente, ante una deuda de semejante magnitud, es legítimo el interés de la parte afectada de resolver el contrato cuanto antes y salir de la situación.
Los concesionarios han cumplido sus obligaciones contractuales brindando el servicio correspondiente, frente a un Estado que ha sido incapaz de cumplir con las suyas y ha mostrado nulo interés en resolver la situación hasta que comenzó la presión pública. Es claro que no es deseable ni sostenible para ninguna entidad continuar con un contrato que constantemente genera pérdidas millonarias por causas completamente imputables a su contraparte.
Ahora bien, más allá de este reclamo absolutamente legítimo, encontramos que el resto de demandas de los concesionarios son contradictorias con la realidad o perjudiciales para la población. Se pide el aumento de la tarifa de pasajes para poder contrarrestar la pérdida de público ante los taxis colectivos y el aumento de recursos como la gasolina. Por un lado, si bien puede ser cierta la reducción del público ante la aparición de los taxis colectivos, esta reducción no es lo suficientemente considerable como para exigir un nuevo aumento de la tarifa. Las filas para subir a un corredor siguen siendo tan largas como hace un año o como antes de la pandemia. Los buses siguen viajando tan llenos como hace un año o antes de la pandemia, con gente amontonada en los pasillos.
Por otro lado, es cierto lo señalado con respecto al aumento de recursos, tal y como la gasolina, pero la inflación no se refleja únicamente en el precio de la gasolina y, definitivamente, no se generan perjuicios sólo en el sector de transporte. El aumento de precios es un fenómeno que vive toda la población, especialmente aquel sector que viaja habitualmente en los corredores complementarios. Resultaría incluso contraproducente que se produzca este aumento, pues una de las razones del boom de los taxis colectivos es el aumento de precios en el transporte público (que nunca se reflejó en un aumento de la calidad del servicio).
Por último, los concesionarios también han exigido que se retiren los colectivos y las rutas de transporte que se superponen a los corredores complementarios. Sobre el retiro de los colectivos, es cierto que se exija su retiro en tanto no son competidores legítimos. La aparición de los colectivos, aunque es una respuesta a la baja calidad de los corredores complementarios y el tráfico, son una demostración más de la cultura de informalidad e irrespeto a las normas formales que existe en el país.
En el caso de las rutas de transporte que se superponen, se trata de una petición completamente irrazonable. Aunque puede llegar a existir cruces en ciertos tramos, estos están justificados en las necesidades de la población limeña. Lima es una ciudad con un crecimiento históricamente desordenado y desprovisto de planificación. En este contexto, las rutas responden a la necesidad de gran parte de la población de recorrer largas y desordenadas distancias para llegar a su destino. Recortar las rutas existentes por superposiciones parciales, implicaría irremediablemente una alteración en las rutas y un aumento del gasto diario. ¿Qué hará la población si aumentan sus gastos de transporte? Como ya se dijo al hablar sobre el aumento de tarifas, lo lógico es que las personas decidan tomar taxis colectivos.
Además de este efecto, no se puede evitar mencionar que recortar las rutas de transporte provistas por otras empresas podría significar un caso de abuso de posición de dominio. Los concesionarios de corredores complementarios, a pesar de proveer un servicio público, son actores con mayor presencia en el mercado de transporte. Recortar las demás rutas, conllevaría la variación de la actividad económica fundamental de las empresas de transporte, lo que potencialmente representa un obstáculo para su libre actuación en el mercado.
Al inicio de este acápite se dijo que nos encontramos ante un juego de papa caliente, por lo que ahora debemos hablar de la actuación de la contraparte. ¿Qué hace el Estado, especialmente la ATU, ante los reclamos de los concesionarios? Si quisiéramos terminar el presente Editorial, podríamos ceñirnos a no pronunciarnos y nos despediríamos hasta la siguiente ocasión, pero lo cierto es que la actuación de la ATU es tan negligente que nada sería un halago.
De acuerdo al Decreto Legislativo 1362, que regula la promoción de la inversión privada mediante asociaciones público privada, y su reglamento, corresponde a las entidades públicas concedentes de proyectos de asociación público-privada, la conducción de los procesos de modificación contractual, lo que comprende la elaboración de la propuesta de adenda, negociación de cláusulas con los inversionistas privados y la realización de reuniones de evaluación conjunta.
Siendo que la ATU es la concedente de los contratos de concesión de los corredores complementarios, desde un inicio era la encargada de negociar con los concesionarios sobre los incumplimientos ocurridos y llegar a una solución. Sin embargo, no fue hasta que los concesionarios amenazaron, que comenzaron a reunirse para evaluar la situación. Por si esto no fuera grave, es necesario recordar también que las dos primeras adendas fueron firmadas recién el 17 de junio, es decir, más de un mes después de que la propia autoridad (en ese entonces, presidida por María Jara) reconociera públicamente que existían riesgos en el servicio.
En este marco, luego de un mes de inacción, la ATU aceptó dos de las peticiones de los concesionarios: el retiro de los colectivos y las rutas de transporte que se superponen a los corredores complementarios. Aunque ambas peticiones ya fueron discutidas previamente, vale hacer breves menciones a esta decisión de la ATU y si cumplirá o no.
En el caso de las rutas de transporte, es evidente que la ATU ha aceptado la exigencia de los concesionarios sin tener en cuenta el impacto que esta tendría en la población, que debería ser el principal objeto de defensa por parte de la autoridad. Sobre el retiro de colectivos, a pesar de que es una medida correcta, no pareciera que la ATU tiene un plan para lograr la desaparición de este transporte en la vía pública. Según José Aguilar, la autoridad ha realizado 2300 intervenciones y cerca de 300 vehículos fueron enviados a los depósitos. Si bien esta cifra podría ser positiva, lo cierto es que es insuficiente porque la presencia de los taxis colectivos sigue teniendo el mismo volumen. Durante la fila para subir al corredor, es más fácil ver a un taxi colectivo en el carril preferencial que ver a un funcionario de la ATU controlar la situación. Entonces, haciendo una revisión de lo mencionado, no suena posible que el esfuerzo de la autoridad sea suficiente en el tiempo.
4. El final del camino
A manera de conclusión, podemos afirmar que los concesionarios tienen razón parcialmente en sus reclamos, pues el perjuicio económico sufrido por la inoperancia del Estado es innegable. Sin perjuicio de esto, también es cierto que la situación es aprovechada por los representantes de los concesionarios para intentar conseguir otras exigencias que los beneficien económicamente en detrimento de otros actores en el negocio del transporte. Por su parte, desde el inicio, la ATU se mostró indolente para solucionar los problemas con los concesionarios. Estos tuvieron que recurrir a una pseudo amenaza pública para que la autoridad de transporte tome una real conciencia de la situación y se enfoque en proponer soluciones.
A 8 días de que concluya el plazo anunciado por el representante de los concesionarios, desde Enfoque Derecho, no podemos afirmar con seguridad que los corredores complementarios continuarán funcionando, pero tampoco que se suspenderán indefinidamente. Si existe algo claro en toda esta controversia, es que ambas partes han preferido emitir declaraciones para ejercer presión mutuamente, en lugar de buscar soluciones lo suficientemente satisfactorias y que no perjudiquen aún más a los usuarios del transporte público.
Editorial escrito por Luis Angel Rivera y Dyanella Salas
Bibliografía
