Por Enfoque Derecho

La víctima, quien adoptó el nombre de Camila para poder ser identificada, vive un momento tormentoso tras todo el daño físico y psicológico que ha recibido a causa de lo ocurrido. Camila nació en Huanipaca, departamento de Apurímac, y quedó embarazada desde el 2017. Un familiar la llevó al hospital tras los diferentes dolores que presentaba, y fue en ese momento donde rompió en llanto por el terrible momento en el que se encontraba, anunciando que no quería tener un hijo de su padre, que no se sentía lista para ser madre o estar embarazada. Pese a ello, el centro de salud nunca le brindó la información sobre su derecho a solicitar el aborto terapéutico.

Es importante resaltar que el aborto está penalizado en el Perú, salvo en dos casos: prevenir el un riesgo para la vida o un riesgo grave y permanente para la salud de la propia madre. En ese sentido, dado que no recibió la información necesaria, Camila conjuntamente con una ONG, solicitó al hospital de Abancay al acceso del aborto terapeútico y presentó una solicitud de interrupción voluntaria de su embarazo a la fiscal correspondiente. Sin embargo, tras el arduo trabajo, no se obtuvo ninguna respuesta.

Al contrario, el centro de salud insistió en planificar controles prenatales con un regularidad dejando de lado la opinión de Camila; inclusive, según el reporte de el portal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se reportaron varias “asistencias del personal médico con agentes de policía para presionarla a continuar con el embarazo”, lo cual conlleva a determinarlo como acoso en los distintos ámbitos de su vida personal y familiar.

Posterior a ello, Camila sufrió un aborto espontáneo pero fue acusada y condenada por autoaborto sin ser sustentando con las pruebas necesarias para determinar esta medida. La fiscal dispuso una orden de la escena del crimen y desvió la investigación de la violación, dejando de lado el gran impacto  que tuvo este delito en la vida de Camila, para centrarse en el supuesto delito de  “autoaborto”.

Tras todo lo ocurrido, el Comité de la ONU emitió una respuesta frente a ello, estableciendo que la falta de información, el no acceso efectivo expuso de forma negativa a Camila en los diferentes ámbitos de su vida. Su solicitud fue ignorada, y fue procesada por autoaborto lo que conllevó que sea objeto de discriminación de distintas formas en diferentes escenarios. Por todo ello, el Comité solicitó  a Perú que despenalizara el aborto en todos los casos de embarazo infantil y que se garantice un verdadero acceso a un servicio de salud de calidad, en casos de riesgo la vida y salud de la madre, violación e incesto.

Asimismo, respaldaron a Camila por todo el valor que tuvo para defender sus derechos y llegar a presentar su caso pese a todos los obstáculos que se presentaron durante todo el camino. Este caso queda como un precedente para niñas y adolescentes que han pasado por una situación similar no solo de Perú sino de Latinoamérica.

Fuentes:

 

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