Por Nicole Isabel Vera Trujillo, estudiante en la Facultad de Derecho de la PUCP e integrante de la comisión de Desarrollo Social de Themis, Khuska.
“Nos queremos vivas, libres y sin miedo”
En los últimos días hemos sido espectadores del caso Gabriela Sevilla y la gran conmoción que causó su desaparición. Según testimonios, Gabriela Sevilla, se encontraba en labor de parto el último 19 de octubre, y desapareció en Surco tras haber tomado un taxi para dirigirse a una clínica. Gabriela apareció en horas de la madrugada el 21 de octubre con lesiones y en estado de shock; días después, el informe de un médico legista afirma que Gabriela no presenta signos de gestación ni de parto reciente. Si bien ello aún sigue en investigación, es importante no perder de vista que el caso de Gabriela Sevilla trae a colación un tema de suma relevancia como las desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes que se dan día a día en nuestro país, y de las cuales, lamentablemente no se habla.
Al igual que el caso de Gabriela, existen múltiples casos de mujeres desaparecidas tras haber tomado un taxi, salir a comprar, ir a una reunión, etc. Este caso, dejando de lado las controversias que trae consigo, nos muestra una mirada clara de lo que significa ser mujer en nuestro país, y es vivir en una constante situación de vulnerabilidad, peligro y miedo de un día salir y no regresar a nuestros hogares. Es importante dejar de ver las desapariciones de mujeres como casos aislados, porque la realidad es que estos casos son una forma de violencia de género y que están relacionadas a la impunidad latente que se vive en nuestro país, y las innumerables barreras en el acceso a la justicia que tenemos que atravesar las mujeres.
Situación actual sobre desaparición de mujeres, niñas y adolescentes
La violencia de género, en sus diferentes manifestaciones, es una problemática del día a día en nuestro país, que va en aumento. Una de dichas manifestaciones es la desaparición de mujeres y menores; en abril de este año, a través del Decreto Supremo 005 – 2002 – MIMP, el Gobierno incluyó la desaparición de mujeres, niñas y niños y adolescentes por particulares a la lista de modalidades de violencia de género. [1] La desaparición de mujeres, niñas y adolescentes constituye una forma de violencia y de vulneración a diferentes derechos como la vida, integridad, libertad, entre otros. Pese a ello, y a ser una problemática latente en nuestro país, vemos como las cifras siguen en aumento y como no se emplean las medidas adecuadas para revertir dicha situación
De acuerdo al Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Comité Mesecvi) se entiende esta problemática como “la privación de libertad de una mujer o niña, o un grupo de mujeres y/o niñas, cometida por uno o varios particulares en razón de su género y cuya finalidad puede conllevar actos de violencia sexual, trata de personas o feminicidio y tortura”. [2] En tal sentido, podemos notar que la desaparición de mujeres no es un hecho aislado, sino que viene conexa a otras formas de violencia como las mencionadas por el Comité. Sobre ello, en julio de este año se registró la ocurrencia de cinco feminicidios, en dos de los cuales las víctimas habían sido reportadas previamente como desaparecidas; asimismo, se produjo una muerte violenta y tres tentativas de feminicidio advertidas por las oficinas defensoriales a escala nacional. [3]
En el Perú, cada día, desaparecen 36 mujeres. Según informes de la Defensoría del Pueblo, durante el año pasado, 2021, el Perú reportó más de 5.900 mujeres desaparecidas, 146 femicidios consumados y 123 tentativas. [4] Asimismo, sobre el presente año, la misma entidad registró que, en los últimos meses, ha habido un aumento en el número de notas de alerta por desaparición de mujeres en todo su ciclo de vida, este aumento se ha dado en los meses de julio a agosto con un incremento del 22%. [5]
Por otro lado, dentro del reporte “¿Que pasó con ellas” de la Defensoría del pueblo se tiene que en el mes de agosto, 492 notas de alertas por desaparición fueron registradas por la Policía Nacional del Perú (PNP): 314 niñas y adolescentes mujeres y 178 adultas. Y, en lo que va del año, hasta el mes de agosto, tenemos una suma de 3528 registros de notas de alerta por estos casos, siendo las niñas y adolescentes mujeres las más afectadas (2383, un 68 %).[5] Dentro del mismo informe también podemos ver como esta situación también se manifiesta en el número de denuncias registradas por la PNP, ya que, en agosto, se advirtieron 974 denuncias por desaparición de mujeres en todo su ciclo de vida, de las cuales un 655 corresponden a niñas y adolescentes mujeres (un 67 %). En suma, durante el 2022, se han ingresado 7762 denuncias de este tipo, de las cuales solo se registran 3687 (48 %) casos en que fueron ubicadas. [5]
Como podemos observar en las cifras anteriormente citadas, la desaparición de mujeres, niñas y adolescente muestra una tendencia preocupante, y es el incremento progresivo de casos y denuncias, y su clara conexión con otras manifestaciones de violencia de género como los feminicidios; asimismo, hemos podido ver como pese a dicho incremento, el número de mujeres halladas no ha aumentado; lo cual deja en evidencia la falta de protocolos y mecanismos eficientes que permitan encontrar a estas mujeres.
Lamentablemente, ser mujer en un país como el nuestro significa vivir con un miedo incorporado de ser una más en esas cifras. Ser mujer en nuestro país significa no poder salir a las calles sin estar todo el tiempo alerta ante cualquier posible amenaza, es tener que mandar tu ubicación a amigos o familia cada vez que se toma un taxi. El miedo a no volver a casa es una sensación constante que vivimos las mujeres; “avisame cuando llegues”, “que te acompañe alguien hasta tu casa”, “tomale foto a la plaza del taxi”, “mandame tu ubicación” son algunas de las frases más recurrentes que usamos las mujeres ya sea con nuestras amigas/os o familiares cada vez que salimos.
Dicho miedo a una posible agresión y el sentimiento de inseguridad constante restringen la forma en la que las mujeres nos desenvolvemos dentro del espacio público y social, y restringe nuestra libertad de múltiples formas; ya que, a su vez, “las desapariciones de mujeres y niñas obedece a las dinámicas enraizadas en las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, que son causa y consecuencia de la violencia de género contra las mismas.” [6]
Sobre estos casos de desaparición de mujeres, niñas y adolescente “el Estado tiene la obligación de actuar de manera inmediata y diligente atendiendo a los riesgos asociados a la desaparición de mujeres en razón de su sexo o género, como lo es la trata de personas con fines de explotación sexual o laboral, el feminicidio, la violencia sexual, entre otros delitos de género.“ [6] Pese a ello, vemos como dicha obligación no es cumplidad de forma efectiva y por el contrario, el resultado es que cada vez tenemos un mayor número de mujeres desaparecidas, y pese a las innumerables denuncias, el número de mujeres halladas es escaso. Asimismo, es fundamental enfatizar en el derecho al acceso a la justicia que deben tener las mujeres y sus familiares; pese a ello, es una de las principales falencias que encontramos ante estos casos.
Falta de acceso a la justicia de las mujeres e impunidad en los casos de desaparición
Como pudimos adelantar en el apartado anterior, el derecho al acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia de género, en este caso, de desaparición, es un elemento clave en la lucha contra este tipo de problemáticas. Sin embargo, en la realidad, muchas mujeres no ejercen un efectivo acceso a la justicia, lo cual agrava aún más la situación nacional sobre estos casos. Como señalan Cappelletti y Garth el acceso efectivo a la justicia se puede considerar como el requisito más básico, el derecho humano más fundamental, en un sistema legal igualitario moderno, que pretenda garantizar y no solo proclamar el derecho de todos”.[7] Pese a ello, el sistema de justicia es utilizado de manera poco frecuente por las mujeres debido a las falencias que encontramos dentro de esta, lo cual causa una constante desconfianza.
Estas dificultades y barreras en el acceso a la justicia “son aquellas circunstancias que imposibilitan el acceso a las instancias judiciales o de protección a los ciudadanos, a fin de salvaguardar sus derechos o resolver sus conflictos. En materia de violencia contra la mujer, origina que las mujeres víctimas, no denuncian o no recurren a entidades encargadas de proteger sus derechos, limitando su acceso a la justicia. “[8]
Es importante que al momento de referirse al acceso a la justicia, se tenga una mirada interseccional del mismo. Es importante ver el problema del acceso a la justicia y a la impunidad bajo todas sus aristas, teniendo en cuenta la realidad social y económica de las mujeres víctimas de desaparición y sus familias.
En el caso de la realidad económica, hay muchas familias y víctimas de violencia que no cuentan con los recursos económicos para poder realizar las diligencias necesarias, lo cual también puede incluir gastos de transporte, alimentación, permisos de trabajo, etc que necesitan de un sustento económico; sin embargo, dentro de nuestros sistema de justicia las facilidades para estos casos son nulas, por lo que si no se tiene la capacidad económica para seguir todo el proceso, es casi imposible que se pueda acceder a una verdadera justicia. Asimismo, sobre la realidad social, es importante tomar en cuenta la territorialidad, ya que en muchas zonas de nuestro país, la administración de la justicia está ausente, especialmente en zonas rurales.
Asimismo, es necesario referirse a la falta de prevención y sanción que existen en estos casos. Tal como menciona Villarán:
“Existen aún serias dificultades en la prevención, investigación, sanción y reparación de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres. El acceso a la justicia no se reduce a la respuesta judicial efectiva frente a las violaciones de los derechos económicos, sociales, culturales, la discriminación y la violencia. El acceso efectivo requiere también del reconocimiento de la equivalencia de la mujer en la esfera social, económica, política y cultural, de su efectiva ciudadanía, así como de políticas públicas que prevengan de manera integral las violaciones, y promuevan la equidad para la plena inclusión y participación de la mujer en todos los ámbitos.”[9]
En efecto, ante los casos de desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes es importante que se realizan las diligencias respectivas de forma inmediata; sin embargo, pese a que en el 2020 el Gobierno puso en funcionamiento el Sistema de Búsqueda de Personas Desaparecidas, éste es poco eficiente al no encontrarse bajo un marco de enfoque de género; asimismo, los procesos de investigación se dan de forma inadecuada, lo cual evita que las víctimas y sus familias puedan obtener justicia y una reparación. En definitiva, “la falta de registros oficiales desagregados y completos que den cuenta de las características de estas desapariciones en el país, así como la ausencia de investigaciones claras, con perspectiva de género e interseccionalidad, impiden implementar una política para la búsqueda de mujeres desaparecidas y para la prevención de este problema.[10]
Mariana Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú recoge diferentes testimonio de familiares que “ enfrentan la indolencia de un sistema indiferente a que sus hijas, hermanas, madres, un día salgan de casa y no se sepa más de ellas, y que les niega, incluso, el derecho a interponer una denuncia de manera inmediata.”[10] Algunos de dichos testimonios son los siguientes:
- “Mi mamá primero fue a la policía a poner la denuncia, pero no la aceptaron porque le dijeron que mi hermana se había ido con otra persona, y cómo podía sentar una denuncia al instante, si ella era mayor de edad. Le dijeron que seguramente se había ido con un amante”, recordó Alicia Cerna, hermana de Nelly Cerna, joven y madre desaparecida en 2017, en La Libertad.
- Ana Márquez, quien busca a su hermana María Isabel Márquez desde 2018, manifiesta que desde que llegaron a la comisaría, en Chala, Arequipa, a interponer la denuncia, han debido sortear más obstáculos que apoyo. “Pedimos a las autoridades que investiguen a los principales sospechosos y que reabran el caso de mi hermana. Que se sepa la verdad. Hay un niño de 11 años esperando por su mamá. No vamos a dejar de buscarla, pero para nosotros es muy difícil asumir los costos de este proceso y los desplazamientos entre Arequipa y Caravelí, que es donde nos han dicho que debemos solicitar que se reabra el caso”, explicó Ana Márquez.
- Gastón Alvarado, hermano de Karin Alvarado, desaparecida en Lima, en 2019, ha tenido que enfrentar la falta de empatía de los operadores de justicia en la incansable búsqueda de su hermana. “El trato de las autoridades con mi familia ha sido inhumano. Lo que más me duele es la indiferencia con la que nos han tratado cuando lo que pedimos es que busquen a mi hermana. Al fiscal lo designaron en enero de 2020, en una fiscalía aquí en San Juan de Lurigancho. Le brindamos toda la información hasta que nos dijo que no era su competencia. Fue humillante por su frialdad”, contó.
- “Fuimos a la comisaría y esperamos dos días, pues no te recibían antes porque decían que, cómo era una persona mayor, se había ido por su propia voluntad. Al tercer día que fuimos, el policía de la DIRINCRI nos dijo que dada la experiencia que él tenía, había que darle chance a que regrese, pues como era joven, debía de estar con sus amigos. Mi esposo y yo le dijimos que nuestra hija podía estar en peligro o que tal vez le había pasado algo malo, pero nos dijo que esperemos. Fue el 26 de agosto. El 1 de septiembre recién nos aceptó emitir la alerta”. Rosario Aybar, mamá de Solsiret Rodriguez.[10]
Estos duros testimonios nos muestran la preocupante realidad de un sistema de justicia que obstaculiza el proceso de denuncia y futura búsqueda de las mujeres desaparecidas. De todas las denuncias emitidas por los familiares, muy pocas pasan a una investigación policial, e incluso cuando estas se dan, las barreras y dilataciones impiden que se pueda seguir una investigación eficaz. E incluso, nos encontramos ante panoramas donde quienes, se supone, deberían velar y tener como prioridad encontrar a estas mujeres desaparecidas, actúan con nula humanidad y empatía, y emiten cuestionamientos y adjudican la responsabilidad a la víctima.
Una de las mayores dificultades que enfrentan las familias en el proceso de búsqueda es la no recepción de la denuncia ya que como se mencionó anteriormente, es muy recurrente, que oficiales policiales adjudiquen la responsabilidad a la víctima y emitan comentarios basados en estereotipos de género; asimismo que se da el caso que cuando se quiere emitir una denuncia por desaparición se da mayor prioridad a aquellas situaciones con antecedentes. “La preferencia que se da a la existencia de una denuncia previa o algún acto similar por violencia familiar, para que los casos de mujeres desaparecidas sean considerados de vulnerabilidad, restringe el derecho de todas las mujeres a ser buscadas con la diligencia necesaria y que se presuman como posibles víctimas de feminicidio, trata y violencia sexual.”[10]
En definitiva, ante estos casos, es muy común ver como las víctimas son descalificadas y no existe la diligencia suficnete ante el proceso de denuncia y busqueda; ello a su vez, es consecuencia de que la nula existencia de una “política integral institucionalizada para prevenir, sancionar, investigar y reparar actos de violencia contra las mujeres. No es prioritario en el poder ejecutivo, tampoco en el sistema de justicia ya que es considerado un asunto privado y de baja prioridad.”[9] Por tanto, en materia de acceso a la justicia es importante contar con un sistema de búsqueda especializado para mujeres desaparecidas; así como brindar capacitaciones en materia de género a los administradores de justicia con el fin de que puedan actuar bajo protocolos más eficientes y especialmente que durante estos procesos, se elimine cualquier tipo de estereotipo de género que obstaculice la investigación
Conclusión
En suma, la desaparición de mujeres, niñas y adolescentes en el Perú es uno de los tipos de violencia de género que va en aumento; sin embargo, vemos poca acción por parte del Estado para poder contrarrestar esta situación.
Es momento de vivir libres de violencia, libres de miedo. La realidad de nuestro país es realmente preocupante e indignante; día a día vemos testimonios desgarradores de madres, padres, amigos/as que buscan a sus hijas con la esperanza de encontrarlas vivas. Como hemos visto, la desaparición de mujeres se encuentra relacionada con otros tipos de violencia de genero como la violencia sexual o los feminicidios.
Sumado a ello, la lentitud procesal y las falencias en cuanto a las investigaciones y procesos de búsqueda son las principales causas por las que las mujeres víctimas de este tipo de violencia y sus familias no pueden acceder a justicia y tener una reparación. En tal sentido, es importante que temas como estos se pongan de forma inmediata en la agenda del Estado; en tal sentido, lo que corresponde es realizar las acciones y medidas necesarias en materia de prevención, investigación y sanción en el caso de mujeres desaparecidas y, en general, en materia de violencia de género.
Bibliografía
[2]https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/06/Informe-desaparecidas.pdf