Publicado originalmente en el diario El Comercio. Todos los derechos del texto reservados. Republicado con permiso del autor.
Lucho tiene 12 años y vive en el distrito de Coyllurqui, en Apurímac. En su familia, los ingresos mensuales bordean los S/.90. Su casa tiene solo un pequeño ambiente, es de adobe y tiene suelo de tierra y techo de paja. Luncho nunca ha ido a la escuela. Su hermano murió de meningitis porque nunca lo vacunaron. Como casi el 90% de las familias en su distrito, la suya se encuentra en condición de pobreza extrema.
Jaime tiene la misma edad que Lucho. Vive en una pequeña casa alquilada de dos pisos en Villa María del Triunfo, en Lima. Su padre es profesor en el mismo colegio nacional donde él estudia y su madre atiende en la caja de un restaurante. Entre ambos ganan S/.2.500 mensuales. Afortunadamente, eso les alcanza para costear el tratamiento de la hermana menor de Jaime, quien sufre de asma severa.
Si tuviera que elegir ayudar a una de las dos familias, la elección me sería muy fácil: a la de Lucho. No solo porque claramente se encuentra en una posición más desventajosa, sino porque, si bien la de Jaime no goza de lujos, aparentemente tiene medios para salir adelante por sí sola.
Esta lógica, lamentablemente, no es la que impera en el Estado. Y es que una gran parte de los recursos que este utiliza para subsidiar a los ciudadanos terminan en familias que se parecen más a la de Jaime (o que incluso tienen mejores condiciones de vida) en vez de destinarse a ayudar a familias como las de Lucho.
Quizás uno de los casos más claros sea el del Sistema Nacional de Pensiones (SNP). De 1974 al 2003 el Estado desembolsó $36.949 millones para subsidiarlo. Y para fines del 2010, el subsidio de ese año ascendió a S/. 7.120 millones, once veces el presupuesto del programa Juntos. Es decir, se convirtió al SNP, probablemente, en el principal programa social del país. Pero, en vez de enfocar sus recursos en los más pobres, se concentraron en personas que han tenido por décadas un trabajo formal y que, por ello, tuvieron medios para ahorrar para su vejez.
Otro ejemplo es Mivivienda, que –como precisó esta semana Luis Flipe Zegarra, de Centrum- es un programa de subsidio a la clase media. El Nuevo Crédito Mivivienda usa sus recursos para apoyar a personas que son sujetos de créditos para adquirir una viviendo cuyo valor oscile entre S/.51,800 y S/.259.000. Difícilmente el caso de los padres de Lucho.
Un caso más es el de Sedapal. En los últimos años el Gobierno ha subsidiado a esta empresa pública con miles de millones de soles. Su red, sin embargo, no cubre las zonas más pobres de la ciudad, que se ven forzadas a pagar más de diez veces lo que se paga por agua en San Isidro porque tienen que comprarla de camiones-cisternas privados.
La lista es enorme. Y la explicación es que los políticos no ganan votos concentrando la ayuda en quien más la necesita, sino repartiéndole algo a todo el mundo. Parafraseando a Tocqueville, sobornando a la clase media con su propio dinero.
