Por Enfoque Derecho
La historia de la condena a Vladimir Cerrón inicia en el año 2011, cuando este asume el Gobierno Regional de Junín y realiza la obra “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de la Oroya”. Sobre esta, según la Fiscalía, Vladimir Cerrón habría incurrido en cometer un delito por “haberse interesado indebidamente de manera directa en el trámite y aprobación de la ampliación del plazo N° 03 solicitada por el Consorcio Altiplano” y “por haber requerido a la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y Cultura hacer efectivo los pagos solicitados con cargo a los saldos de las transferencias financieras a través de la Carta N° 117-2011-GRJ/PR del 15 de diciembre de 2011, en la que además se comprometía a tramitar ante el Ministerio de Economía y Finanzas la asignación presupuestal adicional, asignación que finalmente no fue tramitada”, resume un informe de IDEH PUCP[1].
En el año 2019, precisamente en agosto, el Quinto Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín condenó a Vladimir Cerrón, Henry López Cantorin, Carlos Mayta Valdez y Juan Sulca Yauyo por el delito de corrupción en la modalidad de negociación incompatible. Así, Cerrón fue condenado a cuatro años de prisión suspendida, inhabilitación por un año y una reparación civil de S/. 850 000 soles. Dicha sentencia de primera instancia fue confirmada el 18 de octubre de 2019 por la Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada de Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Junín. Más adelante, Vladimir Cerrón presentó un hábeas corpus contra los magistrado del Quinto Juzgado Penal Unipersonal de Huancayo y la Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada de Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Junín, el cual fue declarado fundado el 9 de junio de 2021, por el Juzgado de Investigación Preparatoria, anulando, de esta manera, la sentencia N° 041-2019-5JUP/CSJJU del 5 de agosto del 2019 y la sentencia de vista N° 091-2019-SPAT del 18 de octubre del 2019, que había confirmado la condena del 041-2019 que halló responsabilidad penal en Vladimir Cerrón.
Ahora bien, es recién este año que la Oficina de Control de la Magistratura abrió un procedimiento administrativo sancionador contra el juez titular del Juzgado de Investigación Preparatoria con Sede en Acobamba de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica por la decisión del 9 de junio de 2021, la cual declaraba fundado el pedido de hábeas corpus de Cerrón. Desde ese entonces, la defensa de Cerrón se ha centrado en solicitar que se declare ejecutada la pena de inhabilitación y, según el juez del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria contra la Corrupción de, la defensa ha sustentado su pedido con argumentos similares a los ya solicitados anteriormente y que no responden a lo resuelto por el juez. Es por esto que, el magistrado, Walter Camarena, ha calificado como improcedente el pedido, aseverando que carece de objeto pronunciarse.
Este pedido, con fecha de declaración el día 27 de octubre del 2022, no sería el primer pedido por parte de Cerrón y su defensa para insertarlo nuevamente en espacios de participación política. De hecho es la cuarta vez que el secretario general del partido Perú Libre es rechazado por el Poder Judicial al intentar buscar ejercer un cargo público y vincularse con el Estado peruano.
BIBLIOGRÁFICAS
[1] https://idehpucp.pucp.edu.pe/notas-informativas/informe-cerron-asi-avanza-el-caso-de-corrupcion-del-exgobernador-regional-de-junin/
