En el 2006, Alan García planteó un objetivo gubernamental: reducir la pobreza relativa, la cual bordeaba el 44.5% (el 2005 cerramos con 48.7%), al 30%. No fuimos pocos quienes calificamos de exageradas las expectativas presidenciales; empero, y a la luz de los resultados (31% al 2010), sólo queda -en este plano- aplaudir. Los resultados no son, por cierto, atribuibles a la expectativa presidencial; finalmente, ello se debe a centenares de personas y proyectos que escapan a los deseos de una persona. Lo plausible es, en todo caso, el establecimiento de un objetivo cuantificable sobre un problema clave: la mejora de la calidad de vida de aquellos más necesitados.
Las razones del logro, valdría la pena recordarlo, son visibles: mantenimiento de los generadores agregados de crecimiento -estabilidad macroeconómica (fiscal y monetaria), apertura comercial, reformas a nivel microeconómico, et. al.- junto a mejoras en infraestructura -carreteras, electrificación, agua y desagüe, entre otros-. Todo ello permitió el crecimiento sostenido del ingreso promedio (48.9% promedio) y el aumento sustancial del gasto social (de S/.25 mil millones a S/.41 mil millones) entre el 2005 y el 2010.
A diferencia de anteriores gobiernos, que por cierto sentaron las bases de dicho éxito, la clave a resaltar es el uso de un indicador como parámetro de análisis. Por ello, parece obligatorio exigirle a Ollanta Humala un objetivo de reducción de pobreza, más aún cuando su plataforma política se constituyó -finalmente- en una manifestación de crecimiento con mayor inclusión social -terminologías que suenan muy bien, pero que no permiten un seguimiento preciso-.
Las claves que agracian la reducción sistemática de la pobreza son, hoy, ampliamente conocidas: mejoras en capital humano, entrelazadas con políticas multisectoriales (estabilidad macroeconómica, mejoras en infraestructura, calidad institucional, reducción del peso regulatorio, entre muchas otras). Las reformas dirigidas a reducir la corrupción, hacia un Estado más eficiente y políticamente más estable, son, por supuesto, la cereza sobre el helado.
Teniendo presente que el FMI calcula un PIB per cápita para el 2016 de $13,183 (PPP) y que la elasticidad de la reducción de pobreza per cápita de PIB para los últimos 5 años ha sido de -0.85, el gobierno de Ollanta Humala podría plantearnos reducir la pobreza al 23% como objetivo central de su mandato.
El nacionalismo ofreció, durante la segunda vuelta, un gobierno promotor de las inversiones, alejado de la corrupción y comprometido con los más necesitados. Y si bien suena prometedor, son las cifras aquellas que nos permiten comparar los compromisos y los resultados obtenidos. Esperamos, por ello, un objetivo de pobreza medible al final de su mandato en el 2016.
