«Fortalecer la gestión estatal de los contratos de inversión, mejorar los mecanismos de prevención de controversias y profesionalizar la defensa del Estado en arbitrajes internacionales no es solo una necesidad jurídica, sino una condición indispensable para que el crecimiento económico no se vea erosionado por pasivos contingentes de alto impacto fiscal»
Escrito por Fiorella Camizán Torres, investigadora del Observatorio Inmobiliario y Mercantil – OIM. Introducción El arbitraje internacional irremediablemente necesita la asistencia de las cortes nacionales para reconocer y ejecutar laudos extranjeros, siendo que sin ella, no se podría ejecutar el laudo contra los activos de la parte vencida en la arbitraje[2]. No obstante, existe incertidumbre respecto a si se puede ejecutar o no un laudo que ha sido anulado por las cortes judiciales del lugar de su sede. Ante ello, se tienen 3 posturas principales: a) la teoría del territorialismo, según la cual, si un laudo ha sido anulado por la autoridad competente del país donde se emitió, este cesa sus efectos y no puede ser ejecutado, b) la teoría
Por EnfoqueDerecho.com En esta tercera entrega de la Semana Temática de Arbitraje, Javier Fernandez-Samaniego, socio director de Samaniego Law y conciliador designado por el Reino de España en la Lista de Árbitros y Conciliadores de CIADI – Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial, nos comenta brevemente sobre el protocolo de ciberseguridad en el arbitraje internacional, tema que desarrollan en la revista número 77 de Themis. ED: ¿Qué es el protocolo de ciberseguridad en arbitraje internacional? ¿Cómo lo aborda en su artículo? El Protocolo, elaborado por ICCA, NYC Bar y CPR, es una norma soft-law cuyo fin es informar a los usuarios sobre la importancia de la ciberseguridad y proporcionarles unas guías que puedan seguir
