#Infografía ? ¿Sabías que el derecho a la integridad no solo cubre el aspecto físico de la persona? En la siguiente #infografía, Enfoque Derecho te presenta los principales aspectos protegidos por el #derecho a la #integridad. ¿Qué otro derecho te gustaría conocer? ➡️ ¡Déjanos tus comentarios!
Por Álvaro Peña, estudiante de Derecho de la PUCP y asociado ordinario de THEMIS. Las (mal llamadas) “terapias de conversión” o, como el proyecto de ley corrige, “esfuerzos de cambio de la orientación sexual, identidad de género o expresión de género” (ECOSIEG), son, siguiendo la definición propuesta por el mismo, “formas, métodos o prácticas que buscan cambiar la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de una persona”[1]. Al respecto, el consenso científico y jurídico de las últimas décadas ha visto dos grandes hitos: 1998. La American Psychological Association, APA, emite un pronunciamiento oponiéndose tajantemente a la aplicación de las “terapias reparativas”, señalando que estos procedimientos implican severos riesgos para quien los atraviesa[2]. 2013. La Organización
Por Enfoque Derecho El gobierno de Alberto Fujimori es uno de los más recordados en nuestro país. El denominado autogolpe de 1992 y la promulgación de la nueva Constitución en 1993 son dos hitos claves de nuestra historia contemporánea. Sin embargo, uno de los actos más crueles, pero menos conocido de su gobierno fueron las esterilizaciones forzadas. Entre los años 1996 y 2000 el gobierno de Alberto Fujimori implementó en el Perú la campaña de control demográfico con el fin de reducir los niveles de pobreza en el país. Según cifras oficiales de los informes defensoriales, se realizó un total de 272,028 (doscientos setenta y dos mil veintiocho) ligaduras de trompas realizadas entre los años 1996 y 2001 inclusive (Burneo:
Por Enfoque Derecho “Si no nos mata el Coronavirus, nos va a matar el hambre”, vocifera una comerciante informal luego de que los fiscalizadores municipales la despojaron de su mercadería. A tempranas horas del 28 de mayo del presente año, después de más de 70 días de aislamiento social obligatorio, los fiscalizadores de La Victoria incautaron toda la mercadería que los comerciantes ambulatorios de la zona estaban vendiendo en la vía pública[1]. De lo anteriormente narrado, lo que más llama la atención es la manera abrupta y violenta con la que los mencionados fiscalizadores realizan su labor. En ese sentido, dado el contexto de necesidad de evitar la propagación de la pandemia, pero también de reanudar las actividades económicas, es
