«En el 2025, el Tribunal Constitucional ha seguido la tendencia del año anterior con sentencias de alto impacto en el ámbito penal. Parece ser un signo de los tiempos, pero han sido los casos vinculados directa o indirectamente a presuntas organizaciones criminales los que han tenido los reflectores y, de forma preocupante, son estos también casos muy vinculados a la política nacional».
La Ley N° 32069 elimina el Registro Nacional de Árbitros con la finalidad declarada de flexibilizar la designación de árbitros y ampliar el universo de profesionales disponibles. Sin embargo, en los hechos, el sistema reemplaza un filtro estatal por filtros institucionales que reproducen los mismos riesgos que se buscaban superar. La concentración de designaciones, la recurrencia en los mismos profesionales y la intervención unilateral de la Entidad en la determinación de instituciones arbitrales permanecen prácticamente intactas.
Por Karen Giuliana Loarte Florez, abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría en Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Con especialización en Arbitraje en Contrataciones con el Estado por el CARC PUCP y en Arbitraje Internacional e Inversiones por la Universidad del Pacífico. Asimismo, cuenta con una especialización en proceso civil, arbitraje y mediación por la Universidad de Salamanca y en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. Ex becaria de la Fundación Carolina. Actualmente, forma parte del Equipo de Arbitraje de la Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. I. Introducción: Desde la emisión de la recordada sentencia recaída en el expediente N° 06167-2005-PHC/TC-Lima (caso
Por Enfoque Derecho La Embajada de México brinda asilo político a ex primera dama Lilia Paredes, quien arribó a dicho país en compañía de sus hijos. El pasado 21 de diciembre, la esposa del ex mandatario, Pedro Castillo, y sus hijos abordaron un vuelo de madrugada rumbo a la Ciudad de México D.F. Luego de que les fuera concedido el asilo por parte de dicho país y de que haya procedido un salvoconducto por parte de la normativa nacional. Cabe destacar que hasta ese momento, luego de que su esposo Pedro Castillo fue detenido por su fallido intento de realizar un golpe de Estado, el paradero de la ex primera dama era desconocido para el público. Anteriormente, el canciller de
Por Alejandro Silva Cárdenas, bachiller en derecho por la PUCP y miembro de Perspectiva Constitucional El pasado 4 de abril, el Gobierno de Pedro Castillo publicó un Decreto Supremo que prorrogaba el Estado de Emergencia Nacional e imponía, entre otras cosas, un toque de queda desde las 2:00 a las 23:59 del día siguiente. Varias instituciones de la sociedad civil rechazaron la medida por considerar que atentaba contra los estándares constitucionales en materia de estados de excepción. Si bien la inconstitucionalidad era manifiesta, diferentes voces empezaron a proclamar la “desobediencia civil”. En el presente artículo se pretende indagar si la inconstitucionalidad de una norma es un argumento suficiente para sostener que la misma no debe ser obedecida. Estado de Emergencia:
1. TC declara inconstitucional ley que elimina el régimen CAS. El Pleno del Tribunal Constitucional declaró, por mayoría, inconstitucional la Ley N° 31131 – Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales; específicamente, en sus artículos 1,2,3 y 5, y sus Disposiciones Complementarias Finales. Esta norma disponía la incorporación de los trabajadores con Contrato Administrativo de Servicios (CAS) a los regímenes laborales 276 y 728. De acuerdo al TC, la Ley 31131 es inconstitucional en tanto, además de contribuir al tratamiento desarticulado y sin la debida planificación que todavía subsiste en la gestión de recursos humanos en el Estado, no ha tenido el respaldo del Poder Ejecutivo, que es el competente para diseñar y dirigir la
Entrevista a Renata Bregaglio, magíster en Derechos Humanos por la Pontificia Universidad Católica del Perú y docente de Derecho en la misma casa de estudios. ED: ¿Cuál es la importancia de esta decisión de la Suprema Corte desde una perspectiva nacional como internacional? RB: La Corte Suprema de Justicia de la Nación de México, en su decisión de inconstitucionalidad 148/2017, analizó el artículo 195 del Código Penal de Coahuila. En dicha sentencia, sin entrar al debate acerca de cuándo inicia la vida, la Corte determinó que, aun cuando el embrión o feto puede merecer algún tipo de protección en relación con la vida, esta no puede ser equiparada a la protección de una persona nacida al punto de restringir la
– Laboral – ¿Qué plantea la Ley N° 31131? ¿Contraviene el artículo 79 de la Constitución que establece que el Congreso no tiene iniciativa que pueda generar gasto público? Enfoque Derecho conversó con Alan Martínez, abogado en MJ Abogados y Consultores ERIL, sobre la ley que plantea la eliminación del régimen CAS, a propósito de la admisión a trámite de la demanda de inconstitucionalidad contra la mencionada ley. ¿Consideras que esta ley es inconstitucional? #cas #congreso #ley #poderejecutivo #inconstitucional #tc #constitución
Por Vicente Brayan Villalobos Villalobos, bachiller de la facultad de derecho de la Universidad de San Martín de Porres (USMP). Miembro del Centro de Estudios de Derecho Civil (CEDC) y asistente de cátedra de los cursos de «Contratos Parte General» y «Contratos Especiales» de la misma institución universitaria. Practicante profesional del Instituto de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). Para descubrir las mejores reglas sociales que convienen a las naciones, sería preciso una inteligencia superior capaz de penetrar las pasiones humanas sin experimentar ninguna; que conociese a fondo nuestra naturaleza sin tener relación alguna con ella; cuya felicidad fuese independiente de nosotros y que por tanto desease ocuparse de la nuestra. (…) Sería menester de
