Necesidad

La desobediencia de normas inconstitucionales

Por Alejandro Silva Cárdenas, bachiller en derecho por la PUCP y miembro de Perspectiva Constitucional El pasado 4 de abril, el Gobierno de Pedro Castillo publicó un Decreto Supremo que prorrogaba el Estado de Emergencia Nacional e imponía, entre otras cosas, un toque de queda desde las 2:00 a las 23:59 del día siguiente. Varias instituciones de la sociedad civil rechazaron la medida por considerar que atentaba contra los estándares constitucionales en materia de estados de excepción. Si bien la inconstitucionalidad era manifiesta, diferentes voces empezaron a proclamar la “desobediencia civil”. En el presente artículo se pretende indagar si la inconstitucionalidad de una norma es un argumento suficiente para sostener que la misma no debe ser obedecida. Estado de Emergencia:

La urgencia de revisar la prisión preventiva por la pandemia del COVID-19

Por André Carrasco, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con Maestría en Derecho Constitucional por la Universidad San Martín de Porres. Introducción Dada la agresividad y propagación de la pandemia de COVID-19, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha exhortado a los Estados a adoptar medidas urgentes para garantizar la salud e integridad de las personas privadas de libertad; así como asegurar las condiciones dignas y adecuadas de detención. Una de las recomendaciones es reducir la sobrepoblación de los centros penitenciarios. El gobierno peruano inició la batalla contra la pandemia el 15 de marzo del 2020, decretando medidas oportunas como el Estado de Emergencia Nacional[1], al amparo del artículo 137°, inciso 1 de la Constitución Política

Editorial | La caída de Castañeda: ¿necesidad o presión?

Por: Enfoque Derecho El pasado 14 de febrero, la magistrada María Álvarez Camacho dictó 24 meses de prisión preventiva contra Luis Castañeda y comparecencia restringida más el pago de una caución contra el ex congresista José Luna Gálvez y la ex funcionaria municipal Giselle Zegarra, en el marco de las investigaciones que se les sigue por presuntos aportes irregulares a la campaña del ex alcalde de Lima en el 2014 por parte de las constructoras OAS y Odebrecht. Con tal resolución, Castañeda Lossio se ha convertido en el segundo ex alcalde de Lima con prisión preventiva y, hasta ahora, el último de una serie de ex funcionarios investigados por el caso Lava Jato que cumple esta medida de coerción personal,