reeducación

Por Miguel Aspauza García, abogado asociado de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, y máster en Criminología y Ejecución Penal por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona Durante las últimas semanas se ha venido discutiendo la iniciativa legislativa que busca impedir que los sentenciados por delitos dolosos en primera instancia puedan postular para ejercer cargos de elección popular o ser designados en cargos de confianza. En tales circunstancias, el 5 de julio del año en curso el Pleno del Congreso aprobó la modificación de dos artículos de la Constitución Política de 1993 para incluir esta prohibición. Como el título ya lo anticipa, este pequeño comentario tiene por finalidad exponer lo erróneo que es prohibir o impedir la postulación para ejercer cargos