«La imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad emerge como un pilar inamovible del orden público internacional que los jueces nacionales no pueden soslayar. En el marco de un Estado que se reconoce como Convencional de Derecho, el principio de imprescriptibilidad posee una relevancia bidimensional».
“Las múltiples decisiones judiciales que se aproximan deben ver en el control difuso una herramienta que no solo es útil tanto para proteger la primacía constitucional a través de su accionar como jueces, sino que también muestra la urgencia de contar con una regulación clara que impida el uso arbitrario de amnistías e indultos que no sean otra cosa que la firme expresión de la impunidad, como ha ocurrido ya en la historia del Perú”.
Existe una disonancia entre el marco constitucional y convencional asumido por el Perú para con los derechos de las personas trans y la permanente omisión del Congreso de concretizar dicho reconocimiento mediante legislación específica, manteniendo una deuda constitucional e interamericana con un colectivo históricamente vulnerable
Editorial escrito por Enfoque Derecho 1. Introducción: En mayo de 2017, un incendio ocurrido en la Galería Nicolini, ubicada en el emporio comercial Las Malvinas, provocó la muerte de dos jóvenes trabajadores, quienes quedaron atrapados dentro de un contenedor metálico donde desempeñaban labores de almacenamiento y embalaje. La tragedia se produjo debido a que la puerta del contenedor se encontraba cerrada desde el exterior, lo que les impidió evacuar el lugar y escapar del fuego. Este lamentable evento reveló una problemática estructural que se ha mantenido en el tiempo: la explotación laboral. La misma que suele manifestarse con mayor intensidad en contextos de economía informal, donde la ausencia de supervisión estatal efectiva, la falta de contratos formales y la debilidad
«En el 2025, el Tribunal Constitucional ha seguido la tendencia del año anterior con sentencias de alto impacto en el ámbito penal. Parece ser un signo de los tiempos, pero han sido los casos vinculados directa o indirectamente a presuntas organizaciones criminales los que han tenido los reflectores y, de forma preocupante, son estos también casos muy vinculados a la política nacional».
«Es claro que es necesario, en aras de la seguridad jurídica, que exista una compatibilización de criterios respecto a la constitucionalidad o no de una norma, en especial si se toma en cuenta que esta no es una tarea sencilla, pues implica el análisis del bloque de constitucionalidad y la interpretación de las disposiciones normativas pertinentes»
Por Gerardo Eto Bardarles, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Magíster en Derecho Procesal en la misma casa de estudios. Cuenta con especializaciones en Arbitraje, Contrataciones con el Estado y Derecho Administrativo para Árbitros. Actualmente forma parte del equipo de arbitraje de la Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Introducción El arbitraje se presenta como un mecanismo alternativo de solución de controversias que destaca, entre otras ventajas, por la celeridad en comparación con los procesos judiciales. No obstante, el interés de las partes en un arbitraje es obtener luego de las actuaciones correspondientes, un laudo que pueda ejecutarse y de esta forma se materialice el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. En ese sentido, el presente
#TribunalConstitucional ⚖️ ¿Qué implicancias tiene el reciente fallo del Tribunal Constitucional que suspende las investigaciones contra la presidenta #DinaBoluarte y podría blindar a futuros #Presidentes? En la siguiente entrevista, #EnfoqueDerecho presenta a #ErnestoDeLaJara, profesor de la #PUCP, fundador y exdirector del #InstitutoDeDefensaLegal, especialista en temas del #SistemaDeJusticia, quien analiza los argumentos del #TC, los riesgos de perder evidencia y cómo esto afecta al equilibrio de poderes y la confianza en nuestras #Instituciones. ¿Qué opinas al respecto? ¡Déjanos tus comentarios! ⬇
Por Enfoque Derecho “El acceso efectivo a la justicia puede, por tanto, considerarse como el más básico requisito –el ‘derecho humano’ más básico– de un sistema legal moderno e igualitario que pretenda garantizar, y no simplemente proclamar, los derechos legales de todos” – Mauro Cappelletti y Bryant G. Garth INTRODUCCIÓN El 13 de agosto del 2025, el Poder Ejecutivo promulgó la iniciativa presentada por la Comisión de Constitución del Congreso de la República del Perú, la cual concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y funcionarios del Estado, que se encuentran sin sentencia firme por los casos vinculados a la lucha contra el terrorismo durante el periodo 1980-2000. La presente ley fue impulsada por Jorge
Escrito por Enfoque Derecho 1. INTRODUCCIÓN El pasado 13 de agosto, la presidenta Dina Boluarte promulgó la Ley N° 32419, que concede amnistía a las fuerzas del orden investigadas por hechos delictivos ocurridos entre 1980 y 2000[1]. La nueva disposición fue objeto de críticas desde diferentes instancias, siendo la principal la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, CIDH). En un comunicado de prensa, la Comisión rechazó categóricamente el actuar político del Congreso y el Ejecutivo, pues argumentan que promueve la impunidad y obstruye la búsqueda de la verdad de las víctimas y sus familiares, aún más considerando que numerosas denuncias son por crímenes de violencia sistemática. Además, la Comisión afirmó que las sentencias de los casos Barrios Altos y
