No juegues con el diablo

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Por Roberto Pérez-Prieto

El 31 de enero de 2013, el Jurado Electoral Especial de Lima Norte emitió una resolución particular que declaró inadmisible el recurso de apelación planteado por la hasta hoy alcaldesa Susana Villarán, representada por su abogado Ronald Gamarra.

Sin embargo, hay un punto alarmante que resulta bastante interesante y que inclusive parece haber llegado al nivel de generar una multa a la señora Villarán y al señor Gamarra: ¿Cuál es ese punto? La controversia sobre la utilización de la frase prueba diabólica”.

En la mencionada resolución el JEE exhorta al abogado de la alcaldesa a retirar las frases ofensivas, refiriéndose claramente a la utilización de la palabra “diabólica”.

Es inaceptable que el reconocido abogado de una autoridad utilice semejante herejía para defender su postura, eso excede los límites de la decencia de la que tanto se jacta Susana Villarán (espero entiendan el sarcasmo y la gracia que me causó el imaginar que los del Jurado Electoral hayan pensado algo semejante).

En realidad, lo verdaderamente inaceptable es que una autoridad electoral, no conozca un concepto básico del derecho probatorio al que circunstancialmente se le llamó “prueba diabólica”, para hacer referencia al sin sentido en que se cae al momento en que a una parte le imponen ese tipo de prueba.

Me explico, en materia probatoria existe una institución llamada la carga de la prueba, que tiene como función principal asignarle a cada parte aquello que debe probar para que su posición sea atendida.

Esta institución para realizar dicha asignación debe tener en cuenta quien está en mejores condiciones de probar un hecho, porque aquel que esté en mejores condiciones de probarlo entonces será el merecedor de la carga de dicha prueba.

Estas reglas muchas veces ya están plasmadas en un cuerpo legal y no es necesario ponerse en todos los supuestos para ver quien tiene mejores condiciones para probar un hecho, sino que la ley a través de reglas generales y específicas ya asignó la carga de la prueba para casi todos los supuestos. Sin embargo, existen ocasiones en que esas reglas pueden generar que alguien que no está en la mejor posición para probar un hecho sea el obligado a hacerlo, o inclusive alguien que no tiene ninguna posibilidad de probar dicho hecho sea el obligado a probarlo, generando en esta parte un claro supuesto de indefensión, pudiendo desencadenar esta situación en un despropósito jurídico, violando derechos fundamentales como el de defensa y el de la tutela jurisdiccional efectiva. A este supuesto es al que la doctrina llama “prueba diabólica”.

Si bien no conozco los pormenores de este caso, lo utilizaré como ejemplo para dejar claro el concepto. Durante la campaña de revocatoria contra Susana Villarán, se realizaron unas pintas que decían en clara alusión a la defensa del “NO”: “No a la corrupción, no a la mafia”, razón por la cual, el Jurado Electoral Especial tomó cartas en el asunto (se infiere que a raíz de una denuncia). El Jurado, le solicitó a la defensa de la Señora Villarán que demuestre que ni ellos ni gente allegada a su posición habían realizado dichas pintas, cosa que a juzgar de la defensa de la alcaldesa era una carga imposible de cumplir: prueba diabólica, ya que, ellos no tenían forma de probar que ellos no habían realizado esas pintas, generándoles indefensión. Por el contrario quienes estaban en condiciones de probar, eran los denunciantes, quienes habían alegado de manera categórica que fue la gente de la Señora Villarán quien había realizado la propaganda.

En conclusión, el Jurado Electoral Especial, no solo yerra al no conocer el término prueba diabólica, cosa que podría quedar en una anécdota irrisoria, sino que lo lamentable y preocupante es que no conoce el concepto que está detrás de esta palabra, concepto que como hemos indicado está estrechamente relacionado con Derechos Fundamentales como la Defensa y la Tutela Jurisdiccional Efectiva, reconocidos en nuestra Constitución y desarrollados hasta la saciedad por la doctrina mundial.

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Los tres autores de este blog somos egresados de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Roberto Perez-Prieto y Nicolás de la Flor, son adjuntos de docencia en algunos cursos de Derecho Procesal y Martín Sotero es profesor de la PUCP. Actualmente, Roberto es profesor de Teoría de la Prueba en la PUCP. Los tres tenemos personalidades y perspectivas distintas. Sin embargo, el Derecho Procesal y la enseñanza legal se han convertido en el común denominador a partir del cual venimos aprendiendo a dialogar, intercambiar opiniones, considerar las críticas y reformular ideas o puntos de vista. Hoy nos hemos animado a abrir esta columna para compartir con más personas nuestros puntos de vista sobre temas de Derecho Procesal relacionados con la coyuntura en nuestro país, pero además para difundir nuestra idea de que las diferencias no tienen por qué polarizar sino que, por el contrario, son el pretexto perfecto para dialogar productivamente.

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