12 de enero de 2014

En el ámbito jurídico y político es de conocimiento común que el Estado posee el monopolio de la fuerza mediante órganos especializados como la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Esto, con el propósito de contrarrestar comportamientos socialmente reprochables y así asegurar dos bienes jurídicos de especial importancia: el orden y la seguridad pública. A diferencia de otros bienes jurídicos que el derecho protege, éstos solo pueden ser garantizados a través de la constante intervención y vigilancia del Estado.