2014

Como ya hemos señalado en otras oportunidades, mientras continuamos viviendo la fiebre del Mundial, varios hechos a nivel nacional e internacional han pasado desapercibidos. Ese es el caso de lo ocurrido en Venezuela hace unas semanas, donde en virtud de una denuncia del oficialismo sobre un supuesto plan de golpe de Estado y magnicidio contra Nicolás Maduro, un tribunal local venezolano emitió órdenes de captura y prohibió la salida del país a varios disidentes como parte de su investigación. Entre los afectados se encuentra María Corina Machado, ex diputada opositora, quien denunció al gobierno de usar los tribunales para “perseguir y callar todas las voces disidentes” y Robert Alonso, férreo opositor al gobierno de Maduro y hermano de la actriz María Conchita Alonso. ¿Cuál fue el motivo de tales órdenes? La posibilidad de que ninguno comparezca en calidad de testigos, aun cuando las pruebas para sustentar tal investigación se basan en supuestos correos electrónicos entre algunos opositores y los afectados (correos cuya validez aun no ha podido probarse). A propósito de ello, -un caso más que se suma a las miles de víctimas de persecución política-, el presente editorial busca analizar la gravedad detrás de ello y el peligro que implica el que termine naturalizándose en el país llanero.